Una de las nuevas obligaciones para las empresas que ofertan el servicio de outsourcing en México es darse de alta en el padrón para subcontratistas; además de actualizar sus obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Infonavit. La nueva fecha para estar en orden con estos aspectos es el 1 de septiembre.
Calificar como positiva esta ampliación es un asunto más de formalismo y de salir bien en los post en redes sociales. El problema de fondo es lo inflexible que resulta para muchas empresas cumplir con los tiempos con los recursos con que cuentan.
Por suerte, en esta ocasión las cámaras empresariales se mostraron ligeramente más ‘agresivas’ con su postura. El domingo pasado, Coparmex señaló mediante un comunicado que la decisión de ampliar la prórroga es positiva, pero insuficiente.
Resalto la frase ‘ligeramente agresiva’, porque venimos de una Reforma que se dio entre tanta unanimidad que un esbozo de desacuerdo luce extraño.
Un mes de ampliación en la Reforma, ¿es suficiente?
El presidente López se ha mostrado jubiloso con sus declaraciones sobre ‘combatir las malas prácticas del outsourcing’. Lo secunda la poca expresividad de la mayoría de las Cámaras en el país. Así que una de las preguntas por explorar es: ¿Cómo esta ampliación ayudará a los millones de empleados que siguen sin tener clara su situación laboral tras la reforma al outsourcing?
La Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, pone en este escenario a 2 millones 400 mil empleados.
Por su parte, la firma de capital humano, ManpowerGroup, realizó un análisis de cuántas personas podrán incorporarse a la nómina de las empresas; esto considerando los 4 millones 600 mil empleos subcontratados que existen en el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y las intenciones de contratación de las empresas. La empresa encontró que solo 30% de los trabajadores subcontratados pasaría a ser empleados de base; mientras, 60% pasaría a esquemas sin seguridad social y 10% se irían a a esquemas de evasión o informales.
El propio Gobierno tiene en el esquema de subcontratados alrededor de 500,000 personas, estima el presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal, Armando Leñero. Sería interesante escuchar de voz de las autoridades cómo poner en orden a sus propios trabajadores subcontratados, con un periodo de transición irrisorio,
Entonces, un poco de fricción en subcontratación es urgente
En materia de outsourcing y en muchos otros temas de política laboral.
No es la primera, ni la segunda y, seguramente, no será la tercera vez, que el Gobierno festeje un cambio sobre una iniciativa, sin ni siquiera tener claridad sobre la situación en que se encuentran las empresas y el desempleo.
Para que esta ampliación genere cierto beneficio, mucho va a depender de la participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y para dar agilidad a las autorizaciones pendientes de los servicios especializados, cuyo proceso ha sido muy lento, ejemplifica Leñero Llaca, también director general de Retribuye, firma especializada en administración de capital humano.
De acuerdo con el director, el periodo para realizar los trámites requeridos —tanto notariales, como las altas ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y los permisos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)— “continúa siendo irracionalmente limitado”.
Según cifras difundidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 70,000 empresas comenzaron su alta en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (REPSE); de éstas, 25, 500 concluyeron el trámite.
El efecto de la regulación de la subcontratación
La regulación del outsourcing y el ‘efecto positivo’ para erradicar prácticas dañinas, debiera verse reflejada en el incremento del número de trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Eso no ha pasado, ni se tiene una proyección clara de en qué tiempo y cómo se obtendrá.
Tampoco se ve reflejado esta iniciativa en un mayor sueldo promedio de salario diario registrado. Y aún falta alrededor de 95% de los empleadores —en su mayoría de micro, pequeñas y medianas empresas— por registrarse en el REPSE.
En el fondo, mi planteamiento es: ¿Por qué, si estamos viendo un escenario tan desafiante, nos resulta difícil cuestionar y expresar, la mayoría de veces de manera tibia, nuestro descontento? ¿Es cultural? ¿Creemos que resulta complicado lograr contrapeso sobre las medidas dictaminadas por las autoridades? ¿Nos resulta indiferente?
La fricción, que este Gobierno detesta, es fundamental; al hacerla, se cuestiona, se indaga. Hay un proceso de disertación que nos permite llegar a decisiones con mayor análisis. México vive un momento de profundo desafío —y nadie escapa de esto, ni ‘fifís’, ni la ‘clase mediera aspiracionista’–, donde, el hecho de no decidir y dejar que otros decidan nos puede impactar más de lo imaginado.
La invitación es a cuestionar y generar puntos de fricción. Esto puede ser el inicio de un juicio amplio sobre los retos que implica dar paso a nuevas prácticas, obligaciones, mediciones; así como lo demandan las muchas reformas que están teniendo lugar en el país.
Las opiniones publicadas en esta columna son responsabilidad del autor y no representan ninguna posición por parte de Business Insider México.