En otras ocasiones hemos platicado en este espacio lo que representa el outsourcing, como esquema de contratación, para el país, por ello no entraré en el debate de lo bueno y malo, que se resume en aquellas que han actuado de manera ilegal evadiendo o simulando, o bien, las generadoras de más de 4 millones de empleos en la formalidad.
Ahora me parece importante enfocarnos en el tipo de impacto para la industria y para quienes se desempeñan en forma legal en ella, si la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pasa tal cual.
Esto significaría eliminar o reformar la subcontratación de personas.
La paradoja de prohibir el outsourcing
Es interesante como un Gobierno que repite la frase ‘prohibido prohibir’, casi anule o de plano ni consulte a trabajadores, y a jugadores de la industria que operan de manera legal, cuál sería el impacto real de una decisión tajante.
Tal pareciera que estuviera ‘prohibido’ preguntar, debatir, escuchar otras opiniones. Todo lo que suena diferente está anulado.
En este caso, López Obrador habla de ‘prohibir’ una figura que se usa en todo el mundo y la cual, dicho sea de paso, es un esquema aceptado por las autoridades que han firmado un acuerdo comercial, como el TMEC, que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (imagínese el papel de explicar a quienes invierten que mejor se esperen a después para hacer negocios y buscar nuevas figuras).
El divorcio entre el outsourcing y la recaudación tributaria
Pensar que con esta medida se acabará la evasión francamente me parece de ‘primer año de primaria’.
Esto lo digo con base en las diferentes opiniones en la industria y considerando el momento político que vivimos. Es más fácil proponer medidas ‘electoreras’ como “derrotaremos a los malos”, que realmente analizar.
Así que no nos compremos este boleto tan rápido, sin antes observar de manera escrupulosa cómo está la generación de empleos formales en este país y su desarrollo económico.
Estamos en un escenario donde, de acuerdo con datos del Inegi y de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras:
- Se tiene un crecimiento anual de 1.75% en la generación de empleo formal, cifra insuficiente para combatir la pobreza laboral.
- Hay una disminución de 2.5% del ingreso laboral entre el cuarto trimestre de 2019 y mismo periodo en 2020.
- Aumento de la población con ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria de 37.3% a 40.7% en este periodo.
- Desplome de 8.5% en el Producto Interno Bruto (PIB) durante 2020.
- Entre 2019 y 2020 perdida de -0.7% en Inversión Extranjera Directa (IED).
¿Qué viene para el outsourcing bajo este escenario?
Prohibir el outsourcing o subcontratación en México conduciría, de entrada, a que las empresas imposibilitadas para realizar esta transición recurrirán a la simulación para seguir operando sin tener que abrir nuevas razones sociales, comenta Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal.
México ocupa el cuarto sitio en contratación por subcontratación, con 4.7 millones de trabajadores bajo este modelo, de acuerdo con datos de la Confederación Mundial de Empleadores.
De nuevo ¿a cuántas pequeñas y medianas empresas (pymes) conoce que puedan moverse o prepararse en modelos de contratación especializados, o bien que tengan el músculo para gestionar por sí solas la relación con sus trabajadores?
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las empresas medianas, pequeñas y micro tienen una participación en la subcontratación del 53.2%; medianas, (31.2%); pequeñas (17.6%) y microempresas (4.4%).
Una gran mayoría no puede darse ese lujo y aquí el riesgo es que al no cumplir con el esquema como lo requiere el Gobierno es que sean acusadas por evasión.
Otras consecuencias de prohibir el outsourcing
Sin duda ayuda que se quieran mejorar las condiciones de los trabajadores, incluso, llevar un registro de las empresas que ofrecen servicios de subcontratación.
Sin embargo, ¿no sería interesante que en lugar de centrarse en prohibir, solo por descartar una opinión contrataría, el Gobierno empezará por regular esquemas más opacos, como las cooperativas, los sindicatos, los pagos por asimilados?
De no eliminarse la corrupción dentro de las instituciones que han permitido está práctica evasiva, los fraudes no se detendrán, por el contrario, este acuerdo es un tipo de incentivo para ir la informalidad e, incluso, puede darse un incremento en las empresas que buscarán ampararse de forma constitucional, produciendo un incremento en los litigios en este tema.
No me hago demasiadas ilusiones en que pueda darse un cambio a lo propuesto y seguro varias firmas de outsourcing tampoco. El análisis sobre las propuestas del Ejecutivo lejos de ser exhaustivo por parte de quienes sesionan, parece darse sobre las rodillas. Tampoco suele haber lugar al contrapeso de opiniones.
Pero no por ello vamos a dejar de señalar lo que viene para un mercado mexicano que no termina de recuperarse de la pérdida de empleos.
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