Hay medidas gubernamentales condenadas a pasar al olvido, pero que son coyunturales en la relación binacional entre México y Estados Unidos.
La instalación de boyas en el bajo Río Bravo es un recurso ridículo que le costará miles de dólares a los contribuyentes del estado de Texas y no tendrá éxito alguno en reducir el flujo migratorio o en aumentar la “seguridad” de nadie. Es un caro gasto de campaña política cortesía de los texanos.
Sin embargo, hay que notar cómo esta obra sí rompe un tratado que data de 1944 e invade la jurisdicción de un organismo binacional dependiente de los gobiernos federales de ambos lados de la frontera, que ha funcionado sin interrupción desde hace casi 80 años. Igualmente, como siempre, esta acción unilateral, deja cualquier consideración medioambiental y de derechos humanos en el último lugar.
El Tratado y la Comisión
Su nombre completo es Tratado entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América de la distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo, desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo de México. Fue firmado en 1944, y ratificado por los Congresos de ambos países.
Es un modelo a seguir para otros tratados de aguas limítrofes en el mundo, y ha cumplido su propósito de mediar entre cualquier diferencia respecto de los ríos fronterizos. El Tratado y su efectivo cumplimiento se basa en la formación y operación de un organismo clave: la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).
La CILA tiene el carácter de un organismo binacional
Y está compuesta por una sección mexicana y una estadounidense. Dependen directamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, respectivamente.
Pues resulta que la única entidad que tiene jurisdicción sobre el Río Bravo y sus riberas es la CILA, y en el lado especifico de los Estados Unidos, también el US Army Corps of Engineers (institución encargada del desarrollo de infraestructura hidráulica en los ríos del país). No se puede hacer una sola obra en el río Bravo, de ningún carácter, sin la aprobación expresa de la CILA, ambos lados por supuesto. Esto se ha respetado por ya casi 80 años, y esto es lo que el gobierno de Texas pretende ahora dar por muerto con la excusa de la seguridad estatal. No hubo notificación alguna, ni consentimiento, ni reciprocidad, como si el tratado no existiera. O peor aún, como si la ley federal de Estados Unidos no operara en territorio estatal.
El medioambiente, al último
Si las redes de boyas en el Río Bravo pasan por alto un tratado binacional, pues que podemos decir de las posibles afectaciones ambientales. No existe, por supuesto, ningún estudio ni mucho menos consideración a los efectos que esta instalación tendrá en el cauce del río donde se anclan a bloques de concreto conectados por debajo del agua por redes que impiden cruzar por debajo del agua.
A lo largo de la cuenca del Bravo, de acuerdo con Semarnat, se pueden (o podían) encontrar especies como la musaraña, el venado bura, castor, pecarí de collar, tortuga jicotea, golondrina risquera y lagartija de las peñas, entre otras. No está de más decir que estas especies están en riesgo, o francamente, en peligro de extinción como sucede con un pececillo local llamado carpa chamizal.
Los cambios en el cauce pueden provocar cambios río abajo, pueden alterar aún más el equilibrio de los humedales que rodean la desembocadura del río en el Golfo de México y que son tan importantes para la fijación de carbono. Nada de esto importa porque bajo el argumento de la seguridad todo lo demás parece quedar relegado al último lugar.
Igual que hace medio siglo
En muchos aspectos estamos igual que hace 50 años en cuanto a la comunicación, el respeto, las prioridades, el interés por la sequía compartida y hasta en los derechos humanos.
Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron su rechazo al gobierno de Texas por su actuar y la administración del presidente Biden ya hizo su parte. México realmente se ha mantenido a la expectativa al igual que la CILA.
Mientras este caso dure, la instalación de las enormes bolas naranja se mantiene, porque finalmente lo que menos le importa a todas las partes es el río, y a los migrantes que pudieran ser objeto de violaciones a los derechos humanos, no se puede decir que hayan merecido una atención mayor para ninguno de los dos países.
Una pequeña victoria en la Corte
Finalmente, el gobierno federal de Estados Unidos demandó al Estado de Texas y consiguió una victoria temporal. Un juez federal ordenó su retiro con fecha límite al 15 de septiembre y prohibió la construcción de nuevas boyas o la ubicación de otras en el río, aunque era de esperarse que el Gobernador Abbott apelara la decisión y con ello ganó tiempo para mantener su barrera antiinmigrantes, al menos hasta que se realice una nueva revisión, o hasta lograr un fallo favorable de la Suprema Corte.
Ahora bien, el caso nunca abordó la violación del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos, sino la violación de la ley federal de Estados Unidos donde solamente los US Army Corps of Engineers tienen jurisdicción en la construcción de obras en los ríos federales. En otras palabras, la ley nacional de Estados Unidos pesa más que la ley internacional, incluido el propio tratado. Algo para digerir en el futuro próximo.
De vuelta al inicio
Ahora nos encontramos exactamente donde estábamos hace unos meses: en una controversia y queja legal que poco, o nada, hacen por el cuidado de la vida humana y el ecosistema de la región.
Y mientras tanta actividad legal ocurre en ese lado de la frontera, que por lo menos procura salvaguardar la ley de su país, y no necesariamente la internacional, hay que dedicar unas líneas al mutismo y la negligencia de los estados fronterizos del lado mexicano. Qué manera de quedarse callados ante un acto deliberado que les afecta directamente: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, ninguno ha dicho ni pío y esperan muy respetuosos que el gobierno federal se acuerde del Tratado de 1944. Hay momentos en que, de verdad, calladitos no se ven más bonitos.
* Rosario Sánchez es científica e investigadora senior en el Instituto de Recursos Hídricos de Texas en la Universidad Texas A&M, con especialidad en aguas transfronterizas entre México y Estados Unidos. Es doctora en Gestión de Agua y Ciencias Hidrológicas por la Universidad de A&M.
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