Conocida simplemente como COP, la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el evento internacional más importante en lo que se refiere a atender el riesgo del calentamiento global y sus consecuencias. Al acrónimo lo acompaña un número, en este caso el 26, porque es la vigésimo sexta edición, y se lleva a cabo en Glasgow, Escocia.
Es un evento bastante esperado por ambientalistas, científicos, expertos, activistas y políticos interesados en el cambio climático y, este año en particular, le rodeaba cierto grado de anticipación por su cancelación en 2020. Si a eso le sumamos que la COP 25 de 2019 tuvo una organización bastante caótica —cambió de sede dos veces de Brasil a Chile y de Chile a España—, se entiende que los ojos del mundo estuvieran puestos en Glasgow.
El mundo llega a la COP 26 con muchos frentes abiertos. Por un lado, la creciente relevancia que el cambio climático representa en la agenda pública global y el reconocimiento de que existe prisa para atender la crisis. Por el otro lado, se desarrolla lo que podría denominarse la antesala de una crisis energética que amenaza con aumentar los precios de los combustibles a nivel internacional.
Frente a este escenario, y como parte de nuestro característico surrealismo conocido a nivel internacional, México se presenta reconociendo la importancia del evento; firma algunos compromisos voluntarios y destaca la necesidad de seguir avanzando de forma global para detener la crisis climática.
Sin embargo, de regreso a nuestro país, nos movemos en sentido opuesto al mundo a lo que se pregona en la COP 26. En México, las dos grandes industrias que ocasionan la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero son el sector transporte y el sector eléctrico.
Respecto al sector transporte, nos mantenemos bajo la dependencia de la ruta. El país no tiene una estrategia real respecto para una transición energética que atienda el reto de la movilidad y que traiga a la discusión temas fundamentales como la electromovilidad, la movilidad inteligente o la movilidad masiva sustentable.
No solo eso, los planes del gobierno están anclados a mantener esta tendencia en los próximos años, mientras se mantienen los estímulos a los combustibles fósiles, se invierte en la compra y construcción de refinerías, sin una proyección verdadera a largo plazo para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.
En cuanto al sector eléctrico, la situación es más preocupante. En 2020, México realizó cambios a sus objetivos nacionales presentados en el marco de la COP para eliminar el compromiso de que para 2024 al menos 35% de la energía que se produce en el país provendría de energías limpias. Incluso, recientemente, la Corte declaró que estos objetivos son claramente regresivos.
Adicionalmente, en este mismo sentido, el gobierno federal promueve una iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad para establecer como prioridad el uso de las centrales térmicas de CFE que utilizan gas natural, combustóleo, diésel y carbón antes que las centrales solares y eólicas, lo que podría tener un efecto negativo no solo en materia de precios sino también de incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Pareciera, pues, que, a la mitad del camino, el cambio climático es un tema no prioritario para esta administración al cual se le ha puesto pausa dejando la responsabilidad a las siguientes. No obstante de las declaraciones de México en el exterior, la realidad es que en la práctica vamos en sentido opuesto al mundo.
Las opiniones publicadas en esta columna son responsabilidad del autor y no representan ninguna posición por parte de Business Insider México.