A pesar de estar inmersos en una pandemia global que ha alterado profundamente nuestras relaciones sociales, económicas y políticas, en México la discusión pública ha puesto excesiva atención a las declaraciones de algunos gobernadores y senadores que han decidido desafiar su relación con el gobierno federal, mediada por medio del dinero público que reciben, amenazando incluso con romper con el pacto fiscal. Por desgracia, buena parte de los medios de comunicación –con honrosas excepciones– han decidido alimentar la discusión con información inexacta sobre el federalismo fiscal en nuestro país.
Más allá de explicaciones con pan de muerto y del ruido que provocan las declaraciones y amenazas de los gobernadores, esta es una discusión fundamental porque la capacidad de respuesta del estado mexicano –tanto a nivel federal como estatal y municipal– a las crisis que atravesamos dependen fuertemente de los recursos públicos disponibles, los cuales son particularmente bajos respecto a otras economías en el mundo.
Sin embargo, la realidad que muestran los datos disponibles dista mucho de dar la razón a quienes acusan al gobierno federal de “quitarles recursos”. Por ello, propongo utilizar este espacio para orientar la discusión con argumentos basados en evidencia, y no en regionalismos pasionales, que tanto daño han hecho en otras regiones del mundo –como el Brexit nos recuerda desde hace cuatro años. Para ello, propongo responder cuatro preguntas a través de la información fiscal disponible, que para fines de transparencia he colocado en este documento en línea.
¿Cuánto aporta cada estado a la bolsa federal?
Los gobernadores, respaldados por distintos medios de comunicación y analistas, han utilizado el falso argumento que contrasta lo que aportan las economías estatales al producto interno bruto nacional frente a lo que la federación les regresa. Sin embargo, este argumento no es válido, pues lo que aportan al producto interno bruto no equivale a lo que aportan a la bolsa federal de recursos públicos.
La Gráfica 1 ilustra lo anterior, al comparar lo que aporta cada estado a la bolsa federal como proporción de su aportación al PIB nacional. Esta gráfica muestra cómo Colima, al tener una economía dependiente de sus puertos –que, a su vez, aportan en una medida importante a las finanzas federales– es quien destina más de su producción estatal a la recaudación neta federal –es decir, a la bolsa común de los recursos públicos federales.
Cabe aclarar que, como indican muchos defensores de la posición de la alianza federalista, en la Ciudad de México se encuentran registradas muchas empresas con operaciones en otras entidades del país. Sin embargo, cuando se exploran los datos disponibles por fuente de ingreso, encontramos que en muchos sectores conviene el registro de las operaciones en ciertas entidades debido a los privilegios fiscales de los que gozan dichos sectores; como es el caso de la minería y las maquiladoras en los estados fronterizos en el norte del país. Además, un argumento similar se requeriría para el caso de Campeche, que ha aportado una gran proporción de los recursos públicos federales por la extracción de petróleo y gas en sus costas.
¿Cómo se decide la forma en que se reparte el dinero federal?
La decisión para repartir el dinero de la bolsa común de recursos públicos federales no depende de las voluntades políticas, sino que está determinada por una serie de fórmulas establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal, cuya última versión está disponible en este vínculo.
Estas fórmulas para repartir una parte importante de los fondos esconden, detrás de un complicado lenguaje matemático, un arreglo político propuesto originalmente por los gobiernos del PRI y el PAN para oponerse a la reforma fiscal de Fox. Recomiendo mucho este hilo de Twitter del politólogo Raúl Zepeda Gil para entender mejor el contexto de lo anterior.
¿ A qué deberíamos aspirar?
La pregunta fundamental es cómo debería verse nuestro pacto fiscal. Más allá de las reglas para definir un arreglo fiscal más justo y solidario, es fundamental poner en el centro de la discusión la necesidad de aumentar la recaudación local sin debilitar la recaudación federal. Así, y sólo así, los gobiernos subnacionales –es decir, estatales y municipales– contarán con la autonomía fiscal que les permitirá un mayor margen de autonomía política.
Para muestra, la Gráfica 2 presenta cómo se recaudan los impuestos en distintas economías alrededor del mundo con niveles de desarrollo similares al mexicano (la base de datos que pongo a su disposición muestra a todas las economías de la OCDE para mejor referencia). Puede observarse que México es el que mantiene una peor relación entre la recaudación federal y la subnacional: por cada peso que recaudan los gobiernos subnacionales, el gobierno federal recauda 14. Un federalismo solidario con mayor autonomía fiscal se logra, en parte, al equilibrar esta relación, como ocurre en Canadá, donde por cada dólar que recauda el gobierno nacional, los gobiernos subnacionales recaudan también un dólar aproximadamente.
Entonces, ¿qué se debería hacer?
En el fondo, la discusión pública alrededor de nuestro federalismo fiscal debería buscar que éste sea más justo y transparente para las entidades que más aportan, pero que amplíe su principio de solidaridad para cerrar las brechas entre unos estados y otros. La revisión y potencial reforma de la Ley de Coordinación Fiscal debe buscar que se incorporen criterios de desigualdad y marginación en mayor medida, además de hacer más flexibles las fórmulas para responder a las crisis como las que enfrentamos en estos momentos.
Sin embargo, en el centro de esta discusión se encuentra un tema que los gobernadores se niegan a reconocer, el elefante blanco de la habitación: nuestros gobiernos estatales y municipales son, en general, pésimos recaudadores de ingresos propios. Es decir, dependen fuertemente de las acciones recaudatorias del gobierno federal. Algunos argumentan que esto se debe a que tienen pocos instrumentos para poder recaudar, pero la historia reciente nos muestra que esto no es necesariamente cierto.
El impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, conocido coloquialmente como la tenencia vehicular, es una tragedia que sirve como ejemplo de lo que pasa cuando los nuevos impuestos propios no vienen acompañados por mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación pública. En 2011, la potestad de su cobro pasó a los gobiernos estatales. Desde entonces, y como muestra la Gráfica 3, la mayoría de los gobiernos estatales en el país ha renunciado a su cobro, en parte como herramienta electoral.
¿Por dónde empezar a hacer algo desde nuestras trincheras? Por sumarse a esfuerzos como el de un frente de personas, movimientos y organizaciones de sociedad civil en todo el país para comenzar a vigilar la negociación presupuestaria para 2021 en los estados. Puedes encontrar más información aquí.
La discusión sobre nuestro federalismo fiscal no puede dejar fuera la responsabilidad que tienen los gobiernos estatales y municipales de cobrar impuestos propios, especialmente a grandes contribuyentes. A lo anterior se debe sumar una agenda para hacer más transparentes, participativas y con rendición de cuentas a las finanzas públicas locales. La propuesta no puede ni debe ser un federalismo que se aleje de la solidaridad, que se mire solo al ombligo y que crea que esta discusión puede reducirse a un pan de muerto.
Las opiniones publicadas en esta columna son responsabilidad del autor y no representan ninguna posición por parte de Business Insider México.
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