Que la crisis climática es el mayor desafío que enfrenta la humanidad ya no es noticia. La comunidad científica nos ha advertido una y otra vez sobre los riesgos inminentes de que los gobiernos no impongan medidas más radicales para hacer frente a esta crisis. El negacionismo sobre la existencia de esta crisis climática y su origen antropogénico —donde las élites y grandes empresas llevan la mayor parte de la responsabilidad histórica— ha mutado hacia una agenda patriótica que echa la culpa de las emisiones a las personas inmigrantes y a la responsabilidad individual, en vez de a los grandes contaminantes como Pemex.
Pero la crisis no se detiene y los gobiernos dependen, en buena medida, de su capacidad para identificar, regular y controlar las fuentes de las emisiones. Esta capacidad, a su vez, requiere de la capacidad para realizar la investigación que respalda estas decisiones técnicas y del nivel de independencia y autonomía que permite tomar decisiones basadas en evidencia y no solamente en ideología.
De ahí la importancia de las instituciones gubernamentales que conducen las políticas climáticas en todo el mundo. Estas instituciones importan porque generan evidencia y moldean las políticas climáticas en distintas formas que suelen ser relevantes para conducir nuestras economías hacia la descarbonización. Sin embargo, remediar los problemas dentro de estas instituciones no es tan sencillo. Mejorar las instituciones requiere de un intenso proceso político atado al estatus quo, pero su fortalecimiento no debería estar a discusión si se pretende avanzar de manera coordinada hacia la reducción de las emisiones globales.
En este contexto se deben leer tanto la renuncia de la titular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) como la propuesta de iniciativa que ha circulado para desaparecer tanto a este instituto como al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), bajo el pretexto de la consolidación de funciones a partir del principio de la austeridad republicana –que, no por agregar ese adjetivo, deja de ser austeridad.
Tras saber esto, ¿cuánto dinero asignaría usted a proteger el medio ambiente y combatir la crisis climática? Imagine que el presupuesto total del gobierno mexicano, una vez que se quitan obligaciones como el pago de la deuda pública y las participaciones a los gobiernos estatales y municipales, fuera un billete de 100 pesos. ¿Cuánto de este monto destinaría usted a la protección ambiental y la lucha contra la crisis climática, tras saber que es el mayor desafío de este siglo?
En 2022, el gobierno federal mexicano planea destinar apenas 68 centavos ($0.68) de esos 100 pesos a la protección ambiental. De hecho, la historia reciente del sector ambiental en México está marcada por los recortes presupuestarios que han limitado su capacidad. La Gráfica 1 muestra la evolución del presupuesto público federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desde el 2008 hasta el 2022. Como puede observarse, la caída en el presupuesto ejercido por esta institución viene desde el año 2014, cuando comenzó la implementación de las medidas de ajuste en el gasto durante el gobierno de Peña Nieto, pero se consolidó durante la administración de López Obrador.
A lo anterior se suma, además, la enorme opacidad en el manejo de cajas negras como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que han sido señaladas por la Auditoría Superior de la Federación en sus informes de auditoría. Únicamente en las revisiones de las cuentas públicas entre 2015 y 2020 a Conagua se han encontrado montos por recuperar por 3,708 millones de pesos. Hoy, el presupuesto de este organismo representa 77 de cada 100 pesos que se gasta en protección ambiental en México, como se observa en la Gráfica 2. El resto de los recursos se reparte en otros organismos desconcentrados de Semarnat, como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) o el mismo INECC.
De hecho, el presupuesto del INECC representa apenas 43 centavos ($0.43) de cada 100 pesos que se gastan en protección ambiental, mientras que el IMTA se lleva 55 centavos. Así, estas dos instituciones representan poco menos de 1 de cada 100 pesos que se invierten en protección ambiental en uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. A esto se suma la estrepitosa caída de presupuesto que ha tenido el INECC en una década: de los 453 millones de pesos (constantes de 2022) que ejerció en 2012, apenas llegó a 167 millones en 2020. Esto quiere decir que, aún cuando la crisis climática ha mostrado una creciente relevancia en estos años, el INECC cuenta con 38 de cada 100 pesos con los que contaba hace diez años.
Pero, aunque 167 millones de pesos suenan a una cantidad inimaginable para una persona promedio en nuestro país, ¿cuánto es en realidad? ¿Es mucho o es poco? Aquí algunas comparaciones. El presupuesto aprobado para 2022 para el INECC representa:
- 629 veces el presupuesto anual para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena);
- 379 veces el presupuesto anual para la Guardia Nacional;
- 228 veces el presupuesto anual para la Secretaría de Marina (Semar);
- 149 veces el presupuesto anual del Instituto Nacional Electoral (INE);
- 2 veces el presupuesto anual del CIDE.
Si la lógica detrás de desaparecer estas instituciones es que su creación obedeció a la lógica neoliberal de sus antecesores, el presidente López Obrador debería reformar su funcionamiento para cambiar el rumbo, no solamente desaparecerlas. Es la misma lógica de la que adolece la reforma energética en curso: si las empresas transnacionales impulsaron las energías limpias a costa de la imposición de contratos que perjudicaban a las comunidades, no solamente se debería acabar con los contratos, sino que los recursos públicos deberían reorientarse para reemplazar las acciones que realizaban los privados e invertir en energías limpias desde las empresas productivas del estado. Pero no, la apuesta del estado mexicano en pleno 2021 sigue siendo casi exclusivamente por los hidrocarburos.
Así, nos quedamos como el perro de las dos tortas: sin instituciones que funcionen –aunque sea a medias, por estar desarmadas tras años de recortes– y sin un reemplazo para éstas que permitan contar con una respuesta coordinada a los impactos sociales de los crecientes fenómenos climatológicos. Mientras tanto, la crisis climática nos recuerda a diario que ya está aquí: alterando las costas tabasqueñas por el impacto de la erosión, provocando sequías en el norte del país, llenando de sargazo las costas del Caribe mexicano, calentando cada vez más la alguna vez templada Ciudad de México. Pretender lo contrario es negar la realidad.
Las opiniones publicadas en esta columna son responsabilidad del autor y no representan ninguna posición por parte de Business Insider México.
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