Tras una tercera filtración de miles de documentos de empresas offshore constituidas en paraísos fiscales, conocida como los Papeles de Pandora o Pandora Papers, hoy contamos con más y mejor información sobre la forma en que las élites globales ocultan su riqueza y reducen su pago de impuestos, al trasladar sus beneficios a jurisdicciones donde pagan —si es que pagan siquiera— tasas casi cero de impuestos. Tras esto, varias personas cercanas me han preguntado lo mismo: “¿Y luego? ¿Qué sigue tras los Pandora Papers?” Por más filtraciones que haya, parece que no mucho se mueve en cuanto a las reglas de este injusto juego.
Estas preguntas provienen del desasosiego por la aparente falta de acciones que ayuden a corregir el estatus quo donde parece que existen dos sistemas fiscales: el de las élites y el del resto de las personas. Pareciera que vamos en la misma carretera, pero en dos carriles muy distintos: mientras las élites avanzan por un camino pavimentado a alta velocidad, el resto vamos en un camino que parece diseñado para ir más lento. Es difícil avanzar hacia la justicia fiscal en nuestras sociedades mientras existan estas diferencias y sean percibidas de tal modo.
Por ello, el acuerdo fiscal global que se anunció en fechas recientes representa una luz entre tanta oscuridad. Tras años de discusiones, en el marco de la OCDE y el G20, más de 140 países y jurisdicciones llegaron al acuerdo fiscal multilateral más ambicioso del último siglo. En palabras llanas, este acuerdo se basa en dos pilares: primero, que las corporaciones transnacionales paguen impuestos donde obtienen sus beneficios y no donde registran sus operaciones; lo que sería un golpe de muerte para los paraísos fiscales. Y segundo, que exista una tasa de impuesto corporativo mínima entre todos los países, lo que evitaría la competencia que se ha vuelto una carrera hacia el fondo entre países para atraer capitales.
Sin embargo, la aparente ambición de este acuerdo disfraza las agendas faltantes en el mismo. La tasa mínima de impuesto corporativo de 15% resulta muy baja según las estimaciones. De acuerdo con el Observatorio Europeo de Impuestos, con esta tasa global mínima, México apenas recaudaría 12,000 millones de pesos adicionales cada año. Aunque esta cifra suena como un monto considerable, en realidad representa el presupuesto anual del Programa de Mejoramiento Urbano de SEDATU hasta 2020; o la mitad del monto de los créditos fiscales pendientes de pago que conocemos hasta el momento de la empresa Elektra, propiedad de Salinas Pliego. Además, este acuerdo excluye la adecuada tributación de empresas extractivas y de servicios financieros, lo que representa un enorme fallo en su alcance.
¿Qué puede hacer México al respecto?
A pesar de estos faltantes, México tiene una oportunidad histórica para empujar, desde la diplomacia, una versión más ambiciosa de este acuerdo fiscal global junto a Argentina durante los próximos años; dado que, además de las afinidades ideológicas de los proyectos que hoy gobiernan, ambas naciones son los únicos miembros latinoamericanos del G20. Sin embargo, a diferencia del gobierno argentino y como ya he planteado en otros espacios, nuestro país se enfrenta a una nueva paradoja fiscal. Mientras el mundo desarrollado y en desarrollo consigue este acuerdo histórico para reformar el sistema fiscal global hacia una visión más progresiva, dentro de nuestro país se ha arraigado una posición mucho más conservadora respecto al sistema fiscal; en parte por la política fiscal implementada durante el gobierno de López Obrador, a pesar de la baja contribución de los grandes contribuyentes a la recaudación total.
Separar el poder político del económico requiere mucho más que buenas intenciones, discursos grandilocuentes y decretos presidenciales. Hoy más que nunca en la historia reciente del país es necesario empujar por una política fiscal —tanto a nivel federal como subnacional— que no solo recaude más y mejor, sino que también redistribuya estos beneficios entre la población mexicana bajo un principio de progresividad; es decir, que pague más quien más tiene, que reciba más quien menos tiene. Este es un principio característico de las sociedades más prósperas del mundo, como Suecia o Alemania.
Aunque este acuerdo fiscal global no conducirá a la desaparición de los paraísos fiscales en el corto plazo, al menos logrará reducir los incentivos para que las élites oculten su dinero en estas jurisdicciones. Además, la coordinación de las tasas mínimas de impuesto corporativo a las grandes empresas transnacionales pone fin al argumento de que, si se establecen políticas fiscales más ambiciosas, los capitales se irán a buscar otros territorios donde tengan una regulación más laxa.
Pero no basta con los alcances de este acuerdo. Los países deben avanzar para corregir los huecos en su legislación tributaria que benefician especialmente a las grandes fortunas y empresas, una característica central del sistema tributario mexicano. Hoy en nuestro país tenemos una verdadera oportunidad de caminar hacia un sistema fiscal más justo, ojalá no la desaprovechemos.
Las opiniones publicadas en esta columna son responsabilidad del autor y no representan ninguna posición por parte de Business Insider México.
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