En este mes de abril en que tenemos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en mente, para bien y para mal, por la presentación de la declaración anual para personas físicas, vale la pena recordar por qué pagamos impuestos. Los impuestos son el precio de vivir (bien) en sociedad. Si una sociedad no tiene recursos públicos suficientes, es difícil financiar los bienes y servicios públicos necesarios para una buena vida en común, pero también es un impedimento para ejercer de manera efectiva las libertades y derechos mínimos que establece la Constitución y las distintas leyes en México.
Nuestro país, por desgracia, dista mucho de contar con recursos públicos suficientes y es, de hecho, una anomalía fiscal: somos una gran economía, de desarrollo medio, que recauda impuestos como si fuese un país pobre. México no es un país pobre, sino un país de muchas personas en situación de pobreza. En la sociedad mexicana se recaudan impuestos por un monto equivalente a apenas 14 de cada 100 pesos que produce la economía nacional en un año, lo que nos ubica a niveles de Mali, Gambia o El Salvador. A pesar de los recientes esfuerzos de mejorar la recaudación de impuestos en México, el incremento apenas ha cubierto la caída de los ingresos petroleros en los últimos años, como muestra la Figura 1.
En el contexto de la recuperación post Covid-19, una recaudación fuerte y sostenible se vuelve prioritaria para los países en todo el mundo. Estados Unidos, Argentina y Bolivia, entre otros países, han propuesto o establecido impuestos a las grandes fortunas para pagar los costos de las crisis derivadas por la pandemia. En México, el gobierno federal impulsó uno de los paquetes fiscales de recuperación más insuficientes entre las economías en desarrollo, pero la respuesta en los próximos años seguirá siendo insuficiente si no se cuenta con los recursos para impulsar políticas para el siglo XXI como el Sistema Nacional de Cuidados.
Todo lo anterior implica que el SAT cuente con las capacidades y herramientas innovadoras que le permitan mejorar la recaudación de impuestos a nivel federal en México –donde 93 de cada 100 de impuestos se recaudan a nivel federal en el país, con los 7 pesos restantes recaudados por los gobiernos estatales y municipales–, además de cobrarlo de quienes más deberían aportar: los grandes contribuyentes, tanto físicos como morales.
Sin embargo, irónicamente, esto también cuesta dinero. Aunque se reduzca la corrupción en las instituciones gubernamentales, como dicta la política de austeridad republicana de la actual administración federal, la contratación de personal, la compra de equipos y software; el desarrollo de investigación, la auditoría a contribuyentes y otras actividades tienen un costo.
El gobierno de Biden en Estados Unidos entendió la importancia de fortalecer al IRS –el SAT estadounidense– para mejorar la recaudación de impuestos. Su plan de recuperación post pandemia incluye una asignación de 85,000 millones de dólares para esta institución a fin de fortalecer sus capacidades, ya que 15% de los impuestos potenciales se quedan sin recaudar y una cuarta parte de estos impuestos sin cobrar los debe el 1% de mayores ingresos del país. Además, se espera contratar a 87,000 nuevos agentes para fortalecer al personal de la agencia, a fin de poner al día sus asuntos y mejorar así la eficiencia en la recaudación.
Mientras tanto, en México el SAT enfrenta una situación muy distinta en México, como ilustra la Figura 2. Desde el año 2015, esta institución del gobierno ha visto la progresiva reducción en términos reales del presupuesto que le aprueba la Cámara de Diputados. En 2022, el poder legislativo le aprobó la mitad del presupuesto que le aprobaron en 2015. Además, sucesivamente el poder ejecutivo ha realizado reasignaciones presupuestarias para mejorar la capacidad institucional del SAT, pues cada año esta agencia del gobierno mexicano gasta más de lo que el legislativo le aprobó; pero incluso el gasto ejercido efectivamente se ha reducido en 35% entre 2015 y 2021.
Pero, ¿para qué se gasta el presupuesto del SAT en un año? Como ilustra la Figura 3, 64 de cada 100 pesos ejercidos por el SAT en 2021 se destinaron a la recaudación de las contribuciones federales, proporción que se ha mantenido constante desde 2015 pero que en el monto total ha caído. Mientras, 25 de cada 100 pesos se utilizaron en el control de la operación aduanera, pues aunque la Secretaría de Marina tomó control de las aduanas en México –un rasgo más del avance de la militarización de la vida pública en el país– su manejo aún depende de los recursos asignados al SAT.
Cuando nos preguntamos en qué se gasta su presupuesto el SAT, se encuentra que 80 de cada 100 pesos los destina al pago de servicios personales, es decir, en los sueldos y salarios de las personas servidoras públicas que trabajan para esta agencia y que están contratadas de manera permanente o temporal con un contrato laboral. El monto destinado para tales fines ha caído en un 26 por ciento desde el año 2015, lo que da cuenta del debilitamiento de las capacidades de esta institución. Si bien gastar más no significa que se gaste mejor, una institución con personal suficiente, profesional y bien pagado es condición necesaria –aunque no suficiente– para mejorar su capacidad para realizar sus funciones.
Cualquier esfuerzo por mejorar la recaudación federal en México pasa por fortalecer la capacidad institucional del SAT. Ante la negativa de realizar una reforma fiscal profunda en México que mejore la recaudación de impuestos y que haga pagar aún más a los grandes contribuyentes, las mejoras en eficiencia recaudatoria requieren a un SAT más fuerte en el futuro inmediato. El futuro de la vida pública del país cada vez depende más de ello.
Si deseas replicar el análisis sobre el Servicio de Administración Tributaria, puedes descargar la base de datos utilizada en este vínculo. Los datos se extrajeron de las bases de datos abiertos de las Cuentas Públicas 2008-2020, del cuarto informe trimestral de 2021 y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.
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