Para pocas personas resulta una sorpresa que la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático —conocida como COP 26— haya resultado una decepción. Incluso dentro del moderado alcance del Acuerdo de París, que es el primer acuerdo multilateral de escala global que busca mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de los 2°C, por encima de los niveles preindustriales, y a pesar de que la comunidad científica coincide en que se requiere que esta meta sea en realidad de un aumento no mayor a los 1.5ºC, para evitar la catástrofe climática, la reciente cumbre en Glasgow se mantuvo dentro de los límites de la mediocridad.
Me permito usar este término pues los alcances de los acuerdos de la COP 26 implican que el aumento promedio de la temperatura global para el año 2100 sería de 2.6ºC si se sigue con el escenario actual —muy por encima de los 1.5ºC que demanda la comunidad científica— de acuerdo con la Asociación Internacional de Energía. Incluso si los países cumplieran con sus metas actuales establecidas en los Compromisos Nacionalmente Determinados (NDC, por sus siglas en inglés) este número sería de 2.1ºC. Para que alcancemos la meta de 1.5ºC se requiere, lo antes posible, de la total descarbonización de nuestras economías.
Esto suena más sencillo de lo que parece, especialmente para las grandes economías, que históricamente han sido responsables de la enorme mayoría de las emisiones. De acuerdo con una estimación de Jason Hickel publicada en la prestigiosa revista científica The Lancet, las economías del Grupo de los Ocho (G8) eran conjuntamente responsables por 85 % de las emisiones históricas hasta el 2015, mientras que el sur global es responsable por 8 % del total a pesar de concentrar a tres cuartas partes de la población mundial.
Pero en medio de las discusiones sobre la responsabilidad climática y las respectivas reparaciones, así como del papel de las grandes empresas petroleras —responsables de 35 % de las emisiones globales totales de combustibles fósiles desde 1965 hasta la fecha—, hay varios temas que han quedado fuera de las discusiones, como el papel de las fuerzas armadas o de la industria de la aviación, que están fuera del alcance del Acuerdo de París, pero ninguno ha brillado menos por su ausencia como el financiamiento climático.
El acuerdo de la cumbre en 2009 sigue sin cumplirse y el escenario no es el mejor
En 2009, en la cumbre realizada en Copenhague, los países más ricos se comprometieron a movilizar 100,000 millones de dólares anuales para 2020; que servirían para que los países en desarrollo y menos desarrollados pudieran financiar sus transiciones energéticas y la eventual descarbonización de sus economías. En 2015 en París, esta exigencia se extendió hasta 2025, con la promesa de que, antes de esta fecha, se acordaría una nueva meta de financiamiento climático. Sin embargo, de acuerdo con la ONU, esto no ha ocurrido e, incluso, 80% de los recursos movilizados han sido en la forma de préstamos y no de subvenciones —según estimaciones de Oxfam—, un reflejo de que los países más ricos han sido incapaces de cumplir con sus obligaciones dada su responsabilidad climática.
En el sector privado el escenario no es mejor: a pesar de que la exigencia ciudadana para financiar la lucha contra la crisis climática es cada vez mayor, esto no se refleja en las acciones de las empresas, especialmente de las grandes empresas de combustibles fósiles. Un rayo de esperanza son los recientes logros de activistas en fondos de inversión como Engine No. 1, que ganaron la batalla para colocar a tres personas en el consejo de administración de Exxon a fin de influir directamente en las políticas de la empresa para reducir drásticamente sus emisiones; noticia que recibió poca cobertura en medios en español pero que podría volverse un punto de no retorno para el futuro de las empresas de combustibles fósiles a escala global.
Por último, en el caso mexicano los mensajes son ambiguos. Mientras por un lado se anuncia que Nacional Financiera emitió esta semana el primer bono sustentable a través de dos certificados bursátiles (CEBURES) por un total de 7,800 millones de pesos, los recursos públicos federales tienen un destino distinto. De acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, el gobierno de López Obrador destinará 66,542 millones de pesos para la adaptación y mitigación de los efectos de la crisis climática. Este monto representaría apenas 1.2 % del gasto programable, y 71 de cada 100 pesos de estos fondos se destinará al servicio de transporte de gas natural —un combustible fósil— por parte de CFE; que junto a Pemex, es un gran responsable de las emisiones nacionales.
La acción global contra la crisis climática se refleja en los recursos que destinamos a ella. Cualquier exigencia a los gobiernos y las empresas debe materializarse en una movilización masiva de recursos a la altura de la emergencia climática que enfrentemos. Todo lo demás es greenwashing para limpiar reputaciones y conciencias.
Las opiniones publicadas en esta columna son responsabilidad del autor y no representan ninguna posición por parte de Business Insider México.
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