Con el avance de la vacunación contra el Covid-19 entre las personas adultas mayores y otros sectores de la población, uno de los temas más recurrentes de nuestra discusión pública es el añorado regreso a la “normalidad”; volver a donde estábamos hace apenas 15 meses y alejarnos de esta aparente realidad alterna que ha sido la vida en pandemia con las medidas de distanciamiento social. Pero, tras el único episodio que ha representado un salto para atrás en el avance del desarrollo a escala global, el mundo parece darnos señales de que las cosas no volverán a ser iguales y que no volveremos a donde estábamos.
Estas señales dan cuenta de que otras sociedades han comenzado a cuestionar y replantear el contrato social en el que vivimos. Con contrato social me refiero al acuerdo tácito que establece las reglas morales y políticas de comportamiento en una sociedad. Aunque no las hacemos explícitas, estas reglas están ahí, moldean nuestro día a día, definen las instituciones que norman nuestra vida en sociedad y las financiamos con nuestros recursos todos los días. Pero algo empieza a moverse, de manera tan acelerada que no vemos la inminencia de estos cambios.
En Estados Unidos, la pandemia expuso –como en prácticamente todo el mundo– el peso que tienen los cuidados en nuestra sociedad y nuestra economía. El presidente Biden ha propuesto un paquete de estímulo fiscal por dos billones de dólares –monto equivalente a casi el doble de lo que produce toda la economía mexicana en un año– para impulsar a la economía estadounidense tras la pandemia de Covid-19 y las crisis derivadas; que consiste, en buena parte, en inversiones en infraestructura tradicional como puentes, caminos, conexiones de banda ancha y edificios, pero también en infraestructura de cuidado, como residencias para personas adultas mayores y personas con alguna discapacidad. Una decisión como esta resulta radical pues altera el contrato social existente al evitar que los niños y niñas sean castigadas por las circunstancias de su nacimiento.
Además, Janet Yellen, secretaria del Tesoro estadounidense, dejó claro que para pagar por ese programa de estímulo se requería modificar el actual arreglo fiscal en Estados Unidos y en el mundo, para obligar a que las personas multimillonarias paguen su justa contribución a lo público, así como impedir que las grandes fortunas lleven su dinero a paraísos fiscales y evitar una carrera hacia el fondo entre países compitiendo por ver quién ofrece las tasas impositivas más bajas. Este anuncio, junto con las otras medidas planteadas por esta nueva administración federal, promete transformar profundamente las relaciones económicas internacionales así como replantear los arreglos fiscales nacionales de la actualidad.
Del otro lado del Atlántico, en Europa se ha dado una revolución en el uso del espacio público, al cuestionar cuánto de éste ha sido cedido al automóvil privado durante el último siglo. Tras el enorme éxito de las plataformas digitales de redes de transporte en la década reciente, la pandemia de Covid-19 obligó a cuestionar y modificar el uso del espacio público para privilegiar la infraestructura emergente de movilidad activa –es decir, la que se impulsa con nuestros cuerpos– que nos permitiera movernos por nuestras ciudades de manera segura. Hasta ahora, en Europa se han anunciado 2,500 kilómetros de nueva infraestructura ciclista con inversiones por casi 1,700 millones de euros. Además, las redes sociales se han inundado de diversas intervenciones a lo largo del continente europeo que están alterando el espacio público para recuperarlo para las personas.
Al otro lado del territorio euroasiático, en China –aunque el avance aún es lento– el gobierno central ha mostrado un giro en su forma de entender la crisis climática que atravesamos y de la cual son uno de los principales responsables –junto a las grandes empresas de combustibles fósiles, que producen casi 70% de las emisiones globales– al ser el país con mayores emisiones contaminantes en el mundo. Esta semana, el gobierno de Xi Jinping ha convocado a una cumbre climática, de cara a la que a su vez convoca la administración Biden para la próxima semana, para definir el papel que jugará su economía en la lucha contra esta crisis estructural de nuestros tiempos y de nuestro actual modelo económico. Incluso se ha anunciado, por medio de una declaración conjunta tras la visita del enviado especial del gobierno de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, que las dos mayores potencias globales cooperarán en materia climática y energética en medio de la guerra comercial que las ha enfrentado durante el último lustro.
En el caso latinoamericano, el contrato social actual parece insostenible pero no se alcanza a vislumbrar hacia dónde podría avanzar ese nuevo acuerdo. Que América Latina sea la región más afectada por la actual crisis sanitaria y económica impide que podamos detenernos a pensar hacia dónde avanzan nuestras sociedades y qué instituciones deberemos impulsar para lograr esos avances. Por ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, por sus siglas en inglés) ha propuesto una agenda para pensar lo que sigue durante y tras la recuperación: desde la modificación profunda de nuestros sistemas públicos de salud y educación, hasta el financiamiento público de los subsidios a los combustibles fósiles y del cierre de la brecha digital. Sin embargo, a veces pareciera que estas prioridades no son nuestras, que no son nuestras voces desde este lado del mundo las que proponen y empujan estos nuevos futuros distintos.
Para ello, más allá de las discusiones entre personas expertas, necesitamos impulsar mecanismos de democracia deliberativa y directa que permitan que imaginemos futuros posibles entre todas las personas que convivimos en nuestras sociedades –especialmente desde este lado del mundo– y no sólo desde la tecnocracia, para llevarlos a la realidad de manera colectiva. Nos toca imaginar entre todas y todos nuestras utopías posibles: nuevos futuros democráticos desde el campo de las posibilidades, para ampliar los límites actuales con nuevas reglas que cierren las brechas de desigualdades y que avancen hacia el ejercicio efectivo de nuestros derechos. Desde los impuestos a las grandes fortunas hasta distintas formas de propiedad, de la recuperación del espacio público para las personas al manejo de los territorios.
El choque temporal que ha representado la pandemia de Covid-19 debería servirnos como simulacro de las crisis estructurales que no hacen más que acelerarse, como ocurre con la crisis climática y sus inminentes consecuencias para nuestro futuro; de manera que permita imaginar nuevos arreglos en medio de una oportunidad histórica para escuchar a las personas. Hoy nos toca cuestionar qué priorizamos y a qué damos valor en colectivo, para mañana imaginar nuevas utopías posibles.
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