- El Congreso de la Unión votará el dictamen para desaparecer 109 fideicomisos, y en el caso de centros de investigación científica, abre la puerta para que el gobierno de AMLO utilice el patrimonio que autogeneran estas instituciones.
- Eso abre la puerta a litigios debido a que esos recursos se obtienen en muchos casos por convenios de colaboración con otras instituciones o el sector privado lo que abre la puerta a litigios.
- Un ejemplo es el Cinvestav que generó en 2019, cerca de 104 millones de pesos por la prestación de servicios y venta de bienes relacionados con la ciencia y el desarrollo tecnológico.
Este martes la Cámara de Diputados votará el dictamen para desaparecer 109 fideicomisos. Entre ellos están los pertenecientes a distintos centros y colegios de investigación. La medida abre la puerta a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) utilice los recursos que generan estas instituciones, advierten expertos.
Los fideicomisos de diversos centros de investigación científicos y académicos tienen ingresos por la prestación de servicios, licencias de tecnología; uso de patentes, o convenios con otras instituciones científicas o la iniciativa privada, los cuales son parte de su patrimonio y tienen usos definidos.
Estos recursos se usan para otorgar becas y proyectos de investigación, además de tener el objetivo de disminuir la dependencia de los institutos académicos de las asignaciones presupuestales del gobierno federal, dijo a Business Insider México, Fausto Hernández, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
«Cuando llegué al CIDE en 1998 fui uno de los que apoyó la creación de un fideicomiso; después otros centros de investigación y colegios se basaron en ese modelo», señaló el académico. «Pero con la eliminación de los fideicomisos estamos hablando de prácticamente la ‘confiscación’ por parte del gobierno de los recursos que generan estos centros de investigación, sobre todo los científicos.»
Un ejemplo es el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), el cual tiene diversos convenios de colaboración científica e ingresos considerables por su desarrollo científico, así como prestación de servicios en distintos ámbitos tecnológicos, indicó Hernández.
Solamente el Cinvestav generó casi 104 millones de pesos por la venta de bienes y prestación de servicios, indica su reporte de Cuenta Pública 2019. Los fideicomisos y fondos al que se adhiere este centro de investigación, se encargan de administrar estos recursos autogenerados, como establece la Ley de Ciencia y Tecnología.
Centros podrían defenderse con litigios si gobierno utiliza sus fondos
Pero los cambios que propuso Morena a esta legislación desaparecerían estos fideicomisos; esto propiciaría que los centros de investigación ya no puedan expedir sus reglas, ni canalizarlos directamente a su presupuesto; fondos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, según el dictamen que se someterá a votación en el Congreso.
«Los fideicomisos nacen porque al Estado no le alcanza para financiar la ciencia y tecnología en el país», dijo Javier Martín Reyes, abogado del CIDE. «Y uno de los objetivos principales de los fideicomisos es precisamente generar recursos adicionales.»
El académico indicó que en el caso del CIDE, uno de sus fideicomisos se conforma por su propio patrimonio; no por recursos fiscales provenientes del gobierno federal, y tienen objetivos establecidos.
«Cuando una universidad de otro país celebra un convenio de investigación con el CIDE y le aporta recursos para apoyar proyectos de cualquier índole, esos recursos se tienen que utilizar con esa finalidad, nadie puede determinar otro uso», aseguró Martín.
Aunque el CIDE tiene un carácter público, es un centro de investigación con objetivos establecidos en la Ley de Ciencia y Tecnología. Por ello, el Poder Legislativo no puede disponer de su patrimonio libremente, señaló.
«Me temo que si esta iniciativa prospera en el Congreso de la Unión lo que va a pasar, no solo en el CIDE, sino en todos los centros de Conacyt y, de parte de todas las personas que están recibiendo algún tipo de beneficio, o que tienen algún interés legítimo, es una cantidad enorme de litigios», añadió Martín.
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