- La desaparición de los fideicomisos que fue avalada por las comisiones de Cámara de Diputados el martes supone imponer más control sobre la ciencia, el arte y el periodismo, dicen expertos.
- La medida pretende ejercer control sobre los críticos de las acciones del gobierno federal, advierten.
- Parte del dinero de los fideicomisos se usa actualmente en el mecanismo de protección para comunicadores y defensores de derechos humanos, que también se verán afectados.
México busca imponer candados a recursos públicos eliminando fideicomisos destinados a apoyar a la ciencia, tecnología, arte y la labor periodística, en medio de fuertes críticas que calificaron la medida como un gran retroceso y de manipulación política.
El martes, una comisión de diputados aprobó una reforma para eliminar 109 fideicomisos. Esto permitiría que sus fondos —que este año ascienden a 68,000 millones de pesos— los administre la Secretaría de Gobernación. Esta, a su vez, tendría la libertad para destinarlos a proyectos prioritarios como la lucha contra el coronavirus.
«Para la academia en México es un escenario catastrófico, peor que la ley mordaza», dijo Alejandro Madrazo, director regional del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Por años, el CIDE ha realizado investigaciones que han expuesto serias fallas del gobierno.
El proyecto, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene que recibir aún el visto bueno del pleno de los diputados y el Senado.
La desaparición de los fideicomisos busca controlar la crítica, señalan expertos
Madrazo y otros seis expertos entrevistados por Reuters, entre ellos tres académicos, coincidieron en que la desaparición de los fideicomisos es una estrategia para condicionar la entrega de recursos a críticos del mandatario. Incluso los limita para conseguir fondos privados para investigación.
El gobierno defiende que la reforma es parte de una estrategia para llevar nuevos recursos al combate de la pandemia de coronavirus.
Parte del dinero de los fideicomisos se usa actualmente en el mecanismo de protección para comunicadores y defensores de derechos humanos. México es uno de los países más peligros para ejercer ambas profesiones, de acuerdo con la ONU.
«Es una medida sumamente regresiva en un momento en que las agresiones contra la prensa, en el último semestre, aumentaron 45%» (en el país), dijo Leopoldo Maldonado, director de la oficina regional para México y Centroamérica de Artículo 19. En lo que va del año seis periodistas han sido asesinados en México y siete defensores de derechos humanos, según la UNESCO.
Con información de Reuters.
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