La política exterior mexicana rara vez ocupa las primeras planas y la discusión pública, y menos cuando se trata de un evento que deja fuera a nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. Sin embargo, la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) tuvo su dosis de controversia debido a la participación de jefes de estado y de gobierno de todo el espectro ideológico, desde Maduro y Díaz-Canel hasta Lacalle y Abdo; tan diverso como la política latinoamericana ha sido históricamente.
Pero, más allá de los desencuentros y reacciones, los anuncios realizados en el marco de esta cumbre no son menores: además de cimentar en la declaración final el fortalecimiento de la gobernanza regional tanto frente a la pandemia de Covid-19 como de cara a la crisis climática, el presidente López Obrador propuso a sus pares que se avance hacia una mayor integración económica de la región, para “construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la comunidad económica que dio origen a la actual Unión Europea”.
Las primeras impresiones no tardaron en llegar. Desde las insinuaciones sobre la desaparición del peso para dar paso a una nueva moneda, hasta las críticas por el doble discurso sobre la migración latinoamericana de cara a las recientes actuaciones de la Guardia Nacional en la frontera sur mexicana. Sin embargo, hay que aterrizar cualquier discusión futura de la integración económica de la región tanto en los distintos niveles de integración económica regional como en la historia de los intentos –fallidos en su mayoría– por integrar al continente americano.
Por un lado, la integración económica regional no solo se trata de tener una moneda común para toda la región. Antes de poder alcanzar un nivel de integración monetaria, las experiencias de integración económica pasan por tener un tratado de libre comercio regional para reducir las barreras –arancelarias y no arancelarias– al comercio de bienes y servicios, como ocurre en el caso del T-MEC, antes TLCAN. Posteriormente, se suele establecer una unión aduanera, que establece una política comercial común entre los países miembros respecto al resto del mundo, como en el caso de la Unión Aduanera Euroasiática, formada por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Armenia y Kirguistán. Posteriormente, los países pueden formar un mercado común que permita el libre tránsito de bienes, servicios y de personas, como ocurre en el Espacio Económico Europeo, donde participa la Unión Europea junto a Islandia, Noruega y Liechtenstein.
Pero ni la Unión Europea con sus 70 años de historia desde el establecimiento de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, pasando por la Comunidad Económica Europea y la actual Unión, ha podido concretar una unión monetaria plena entre sus ahora 27 miembros. La zona euro, donde se utiliza esta divisa como moneda de uso corriente, está integrada por únicamente 19 de los 27 países. Sin embargo, la experiencia de los últimos 15 años ofrece varios recordatorios –desde Grecia hasta Irlanda– de los riesgos de renunciar a la política monetaria doméstica, a pesar del atractivo de contar con una sola divisa común.
Así, la integración económica regional es un proceso complejo que requiere mucho más que lo político. Uno de los puntos clave para avanzar hacia la integración económica regional es el desarrollo de infraestructura que permita conectar las mercancías, servicios y personas de la región. Esta ha sido una de las causas de la sostenida dependencia mexicana al mercado norteamericano, pues incluso la mayoría de nuestro comercio de bienes con el mundo se hace a través de nuestra frontera norte dada la falta de puertos de altura en nuestro país. Cualquier intento de avanzar hacia la integración regional en Latinoamérica pasa necesariamente por una discusión más aburrida: la de los fierros que permitan que ocurra de manera efectiva.
Pero el otro riesgo para avanzar hacia la integración económica latinoamericana se encuentra en su historia. Han sido numerosos los intentos fallidos en las últimas cuatro décadas: la ALALC, luego ALADI, nacida en 1960 inspirado en el “pensamiento cepalino” y de la cual derivaron diversos acuerdos comerciales que aún se mantienen en la región; el ALCA de Clinton en 1995, bloqueada diez años después en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata y del cual surgieron diversos tratados comerciales entre Canadá, Estados Unidos y diversos países latinoamericanos; y el ALBA de Chávez en 2004, que se mantiene de manera formal pero cuyo poder cayó tras la muerte del presidente venezolano.
La historia de los intentos de integración económica latinoamericana está fuertemente atravesada por los conflictos ideológicos entre los países de la región, arraigados en las discusiones de la Guerra Fría, pero sus vaivenes cada vez dependen más de los ciclos electorales nacionales y de la mayor presencia de China en la región, que ha sustituido a Estados Unidos como principal socio comercial de la mayoría de las economías del continente. Así, a la UNASUR de principios de siglo, que aún incluye a la Venezuela de Maduro y que nació durante la ola rosada latinoamericana de gobiernos de izquierda, se le quiso hacer frente con el PROSUR de la ola de gobiernos de derecha durante la década pasada. Por ello, el otro obstáculo a la integración regional es la voluntad política para sostener los acuerdos, unas de las principales razones del éxito del mercado común europeo.
Ojalá la cumbre de la CELAC en la Ciudad de México sea el reinicio de la discusión en la región latinoamericana y caribeña para contar con acuerdos que permitan avanzar hacia una mayor presencia económica y política a escala global. Pero esta es una discusión a mediano y largo plazo que requiere dejar a un lado los desencuentros para poner en el centro las complementariedades de nuestras economías, sobre todo ante la creciente presencia de China en la región. No hacerlo nos podría llevar a repetir los mismos errores políticos y de política, pero con un socio distinto.
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