Pocas palabras despiertan tan poco interés en el debate público como “auditoría” o “fiscalización”; sin embargo, cuando entendemos la enorme relevancia que tienen para lo público entonces vemos estas palabras desde un lugar distinto. Su pertinencia quedará de manifiesto durante los próximos días, tras la presentación de los resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019. Quizá esta última oración suene profundamente aburrida y técnica, pero es una de las discusiones más políticas que pueden darse en nuestra sociedad. Vamos por partes.
Aunque solemos poner mucho énfasis en el rol del presidente y de la Secretaría de Hacienda sobre el dinero público federal, la realidad es que la Cámara de Diputados tiene un papel crucial en su aprobación, control y vigilancia que suele pasar desapercibido. Las y los diputados tienen la facultad no solo de decidir cómo se asigna el dinero público cada año durante las negociaciones presupuestarias –aunque en nuestro país son contados los casos en que dicha negociación modifica de manera significativa el proyecto que envía el poder ejecutivo–, sino también de controlar y vigilar el uso de esos recursos. Por ello es que la Secretaría de Hacienda envía, de manera periódica, informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública.
El informe más completo que se publica cada año es la cuenta pública, que contiene la información contable, presupuestaria y programática sobre cómo se gastó el dinero durante todo el año. La Secretaría de Hacienda integra y entrega dicho informe a la Cámara de Diputados el 30 de abril del año posterior al año en cuestión; es entonces cuando comienza el proceso de casi diez meses de fiscalización de dichos recursos, es decir, del control, revisión y vigilancia tanto del dinero público como de la forma de operar del gobierno con este. Dado que esta labor requiere profundos conocimientos técnicos, la Cámara de Diputados se apoya en un órgano técnico especializado para tales fines, conocido como la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La ASF es encabezada por el auditor superior, puesto que es actualmente ocupado por David Colmenares, quien fue elegido en marzo de 2018 por mayoría calificada de las bancadas de Morena, PRI, PVEM y Nueva Alianza, así como de algunas personas legisladoras de PAN, PRD y MC. Colmenares –quien ocupará el puesto hasta el año 2026– junto con su equipo cuentan con autonomía técnica y de gestión para elegir a quién y cómo fiscalizar. Dos meses antes de la publicación de la cuenta pública, la ASF publica el Programa Anual de Auditorías, donde presenta el número y tipo de auditorías que realizará. Es importante recordar que la ASF puede fiscalizar a cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.
Así, tras diez meses de trabajo, el 20 de febrero de cada año deben entregar los informes individuales y general con los resultados de la fiscalización del ejercicio fiscal concluido 14 meses atrás, con dos entregas preliminares en el último día hábil de los meses de junio y octubre del año previo. Es decir, el pasado sábado 20 de febrero de 2021 se realizó la entrega final de los hallazgos sobre la cuenta pública del año 2019, que fue además el primer año de la administración de López Obrador. En este vínculo puedes consultar tanto los informes individuales de auditoría como el informe general ejecutivo –que resume los hallazgos de los informes individuales– con información relativa al gasto del gobierno federal, que incluye a su vez revisiones al Censo del Bienestar, así como de la operación de los programas sociales y los megaproyectos de esta administración durante su primer año.
Estos resultados seguramente estarán en la discusión pública durante los próximos días debido a los hallazgos de las auditorías, que han sido retomados por algunos medios de comunicación durante este fin de semana. Sin embargo, aunque la ASF aún tiene un largo camino por recorrer hacia la presentación de sus hallazgos en un lenguaje coloquial y cercano a la ciudadanía –aunque se aprecia el esfuerzo puesto en realizar versiones simplificadas de los informes, siguen siendo escritos en un lenguaje técnico–, es innegable la relevancia de sus resultados para tener un debate serio sobre el uso de los recursos públicos, en medio de una discusión pública dominada por las filias y fobias nutridas por la actual polarización política en el país. Ahora corresponde a los y las diputadas hacer uso de los resultados de estos informes para virar hacia un uso más justo, eficiente y eficaz de los escasos recursos públicos, especialmente tras un año en que quedó más que clara su importancia.
Por todo lo anterior es importante cuidar al vigilante y defender su importante rol institucional en la construcción de una mejor democracia a través de la fiscalización de los recursos que deberían ser de todas las personas que habitamos este país. Es inevitable que los resultados de la fiscalización se politicen tras su publicación, pero esa es exactamente su intención: es crucial que los hallazgos de la ASF se discutan en el debate público para que sean un insumo que permita mejorar los criterios, tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo, sobre el destino de los recursos públicos.
Aunque estén disfrazadas detrás de un lenguaje técnico, pocas decisiones son más políticas que las relacionadas con el dinero público.
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