Existen términos que causan una reacción generalizada cuando se mencionan en el debate público, pues al parecer están enraizadas en el sentido común y este a su vez es el lenguaje de lo público. Uno de ellos causa especial escozor entre analistas y personas que se dicen expertas: “redistribución”. Es una de esas palabras que inmediatamente se remite a los casos de fracaso del llamado socialismo del siglo XXI: ese régimen que resulta en la amalgama de Cubazuela del Norte. Lo que no muchas de estas personas dicen es que los países que más redistribuyen son aquellos que solemos relacionar con sociedades más prósperas: Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania.
La Gráfica 1 muestra la desigualdad de ingreso de los países de la OCDE – también llamado “el club de los países ricos”– antes y después de las medidas redistributivas como la recolección de impuestos y el pago de transferencias públicas, medida por el coeficiente de Gini de ingresos. Este es un indicador de la desigualdad en la distribución de los ingresos, cuyo valor oscila entre cero y uno, donde cero sería una economía donde todas las personas tienen los mismos ingresos y uno es una economía donde una sola persona concentra todos los ingresos. Así, entre más alto es el coeficiente de Gini de ingresos, más desiguales se distribuyen estos en una sociedad.
Como puede observarse, antes de la redistribución, nuestras sociedades tienen desigualdades de ingreso bastante similares, con los niveles mexicanos cercanos a los de Australia y Alemania. Sin embargo, una vez que se recaudan impuestos y se realizan transferencias a los hogares, en prácticamente todos los países de la OCDE se reduce considerablemente la desigualdad de ingreso… excepto en México, Turquía y Chile, que quedan prácticamente en los mismos niveles. De hecho, México es el país de la OCDE donde menos se reduce la desigualdad de ingreso por la acción del gobierno.
En este marco debemos analizar los recientes resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2020. Como muestran los análisis del Instituto de Estudios sobre Desigualdad (INDESIG) y de Oxfam México, la política social de la actual administración federal ha hecho poco por corregir el bajo poder redistributivo de nuestra política fiscal y de hecho ha reducido el carácter redistributivo de la política social respecto al último año del gobierno federal anterior.
De todos los resultados de ambos análisis, es importante rescatar el que se muestra en la Gráfica 2: la política social que debería redistribuir reparte recursos públicos casi por partes iguales a lo largo de la población. Más aún, los hogares más ricos recibieron el doble de recursos públicos por programas sociales de lo que recibían hasta 2018. Esto, junto a una política de impuestos sin cambios que sigue beneficiando a los hogares más ricos de nuestra sociedad, sostiene una acción redistributiva casi inexistente por parte de nuestro gobierno.
Esta situación no es exclusiva del caso mexicano. En este tuit se muestra un recordatorio de que esto es común en países del sur de Europa, como España, Italia, Grecia y Portugal, donde los hogares más ricos son receptores de mayores transferencias públicas que los hogares pobres. Sin embargo, esto termina sosteniendo y reproduciendo las desigualdades en nuestras sociedades. Esto es especialmente grave en un país como México, que es un espejo de las desigualdades globales: en nuestro país conviven las personas más pobres y las personas más ricas del mundo.
Esto no quiere decir que debemos volver a la política social que teníamos en 2018. Los programas de transferencias monetarias condicionadas, como Prospera-Oportunidades, reproducen otro tipo de desigualdades como las de género, ya que la carga de cuidados de de llevar a hijas e hijos a la escuela pública o a revisiones médicas en clínicas públicas recaía en las jefas de familia; además de que ocultaban la mala calidad de los servicios públicos al hacer obligatorio su uso, sin posibilidad de evaluarlos o participar en su mejora.
Los casos de programas sociales integrales exitosos como en Brasil y Bolivia nos recuerdan que no basta con implementar programas de transferencias monetarias directas, sino que estas deben ir acompañadas de la adecuada provisión de bienes y servicios públicos, como hospitales, clínicas, escuelas, guarderías, estancias, mercados y unidades de transporte masivo; pero además debemos garantizar que sean de calidad y que se encuentren en todos los rincones del país, pues las desigualdades también tienen un fuerte componente territorial.
Vivir en uno de los países más desiguales del mundo es una decisión política. Cambiar el estatus quo requiere decisiones que vayan a la raíz de los problemas y atreverse a llevar al país por un camino distinto para que funcione para la mayoría y no solo para unos cuantos. Estos resultados ofrecen una buena oportunidad para enderezar el rumbo, corregir lo que se debe y apostar por reforzar lo público, para que la redistribución deje de ser un tabú y se vuelva un componente central de la acción de los gobiernos en México.
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