- Los fabricantes de fármacos rechazan que la adquisición de 60,000 mdp para 80% de medicinas del sistema de salud pública se haga con “extranjeros”.
- Aseguran que existe competencia en el país, y acusa al gobierno de falta de planeación y transparencia en sus adquisiciones.
- Los refresqueros rechazan que López-Gatell llame a sus productos “veneno embotellado” y que sean un factor de mortalidad en caso de infección por Covid-19.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió la respuesta de las industrias farmacéutica y refresquera a políticas y comentarios que afectan a estos rubros, lo que dejó ver el encono entre industria y gobierno, en medio de una crisis económica.
Por un lado, el gobierno de AMLO informó la semana pasada que comprará medicamentos en el extranjero — siguiendo la normatividad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) — en lugar de comprarlos directamente a la industria nacional para evitar la concentración en un puñado de empresas.
Por el otro, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, llamó “veneno embotellado” a los refrescos y los culpó de ser una de las razones por las que muchas personas han fallecido en el país por el Covid-19, al contribuir a la epidemia con padecimientos crónicos como la diabetes.
Las farmacéuticas culpan al gobierno de la escasez
La industria farmacéutica del país respondió enérgicamente contra la intención del gobierno federal de realizar una compra consolidada de medicamentos en el extranjero para eliminar la corrupción y atender la escasez algunos medicamentos.
Las cuatro asociaciones farmacéuticas — Canifarma, Amiif, Anafam y Amelaf — aseguraron que la industria no está concentrada en varias firmas y que existe competencia, debido a que el presidente ha acusado que solo unas cuantas firmas se beneficiaban con las compras gubernamentales.
“No hay monopolio. (La industria) Se encuentra ubicada a lo largo y ancho del país, con más de 250 plantas y 600,000 trabajadores para abastecer con oportunidad y a precios competitivos internacionalmente, medicamentos y dispositivos médicos”, señalaron estas organizaciones en un comunicado.
En abril del año pasado, AMLO vetó de las compras gubernamentales a tres empresas: Grupo Fármacos Especializados, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, y Farmacéuticos Maypo, debido a que acapararon casi dos terceras partes de las adquisiciones del gobierno en 2018.
Las farmacéuticas acusaron al gobierno federal que el desabasto se debe a la falta de planeación y transparencia en el proceso de adquisición del gobierno federal, “y no porque en México no se produzcan los insumos necesarios”.
Esta industria acusó que para el abasto de 2020 solo se licitó 30% de las compras de medicamentos, y el resto por adjudicaciones directas, lo cual se argumenta puede reducir la competencia.
Las farmacéuticas nacionales también explicaron que las compras que planea el gobierno federal en el extranjero no resuelven el desabasto y provocan un daño a la industria, investigación, innovación y producción que se realiza en el país.
La semana pasada el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó sobre la nueva estrategia del presidente de comprar medicamentos en el extranjero.
La adquisición de estos medicamentos alcanzará los 60,000 millones de pesos (mdp), equivalente al 80% de las medicinas requeridas por el sistema de salud público en 2021, y estaría supervisada por organizaciones y lineamientos de la OMS.
“Veneno embotellado”
La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac) rechazó la declaración del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien calificó a los refrescos como “veneno embotellado”.
La Anprac calificó el comentario como una “estigmatización de la industria refresquera”.
“Las aseveraciones del doctor López-Gatell representan un trato inequitativo hacia el sector, satanizan una actividad estratégica para la economía y un producto que está en la preferencia de millones de mexicanos; incluso podrían configurar violaciones a derechos constitucionales y tratados internacionales”, señaló la asociación en un comunicado.
La Anprac no explica en su misiva cuales son estas violaciones a derechos y tratados.
Sin embargo, el mes pasado, el partido Morena, revivió la discusión de aumentar el Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS) al tabaco, refrescos y alcohol, pero la propuesta se ha detenido debido a la promesa de AMLO de no aumentar impuestos.
Asimismo, los senadores de Morena, han hecho un llamado para discutir un etiquetado de advertencia a bebidas azucaradas, a lo cual la industria se ha opuesto en reiteradas ocasiones.
