- México se está preparando para la elección más grande de su historia, con más de 21,000 cargos en juego.
- Uno de los candidatos está en la lista de los más buscados por la DEA, pero negó las acusaciones, calificándolas como "parte de una guerra sucia" en su contra.
- Los mundos político y criminal de México se han superpuesto durante mucho tiempo, y la violencia tiende a aumentar en torno a las elecciones.
Las elecciones de mitad de período en México del 6 de junio serán las más grandes en la historia del país, y los votantes elegirán candidatos para más de 21,000 cargos.
Uno de esos candidatos ya es conocido por algunos en Estados Unidos: Rogelio Portillo Jaramillo, de 41 años, a quien la DEA describe como un fugitivo «armado y peligroso«.
Portillo Jaramillo se postula a la alcaldía de la ciudad de Huetamo, Michoacán en la boleta del Movimiento de Regeneración Nacional, o Morena, el partido que lidera el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Michoacán se ha convertido en uno de los estados más violentos de México y un campo de batalla para el Cartel Jalisco Nueva Generación, según informes recientes. Huetamo se encuentra ubicado en Tierra Caliente, una de las zonas más violenta del estado.
Los cargos contra Portillo Jaramillo se derivan de su estadía en Houston a principios de la década de 2000. Está acusado de conspirar para distribuir cocaína dentro de Estados Unidos, como parte de una red de distribución de cocaína operada por él y varios familiares, según la acusación.
Su padre también estuvo involucrado
En 2005 arrestaron al padre de Portillo Jaramillo, Edilberto Portillo, junto con otro familiar llamado Marcelino Portillo y un grupo de presuntos asociados; esto luego de una investigación sobre una red de distribución de cocaína que operaba en un club nocturno de Houston propiedad de Edilberto.
Marcelino Portillo Mendoza, tío de Portillo Jaramillo, también está en la lista de prófugos de la DEA , enfrentando los mismos cargos.
Portillo Jaramillo negó las acusaciones en su contra, diciendo que son «parte de una guerra sucia contra mi carrera política».
«También me gustaría saber por qué me busca la DEA», dijo durante una entrevista reciente el candidato de Morena. “Dicen que la DEA me busca por vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación, que es información falsa y muy irresponsable”.
Portillo Jaramillo se incorporó a la lista de fugitivos de la DEA en 2009, dijo la agencia a Insider en una declaración escrita.
Según el candidato de Morena, ha intentado aclarar el malentendido con la DEA
Portillo Jaramillo dijo que se comunicó con la DEA para preguntarle por qué es una de las personas en su lista. «Dijeron que no podían proporcionar ninguna información», dijo.
La DEA no confirmó ni negó que Portillo Jaramillo se haya puesto en contacto con la agencia, ni comentará si le dijo que no puede ofrecer ninguna información.
Israel Patrón, el jefe de seguridad pública en Michoacán, dijo que su oficina está «corroborando las acusaciones de la DEA», pero que el candidato de Morena «no tiene ninguna investigación abierta en México».
El vocero de Morena en Michoacán aseguró que Portillo Jaramillo cumple con los requisitos del partido para postularse para un cargo público; que incluyen no tener ninguna investigación abierta por parte de las autoridades mexicanas.
Sin embargo, las leyes electorales mexicanas no toman en consideración las investigaciones abiertas fuera del país.
«Diversas carteras criminales»
15 de los 31 estados de México celebrarán elecciones el próximo mes; la mayoría de ellos se ven afectados por la violencia relacionada con los cárteles, según Semaforo Delictivo, una iniciativa ciudadana que recopila datos sobre la delincuencia en México y que utiliza semáforo rojo, amarillo y verde para medir la gravedad de la tasa.
Once de esos 15 estados recibieron una calificación de luz roja del grupo por el alto número de homicidios registrados entre enero y marzo de 2021.
La participación delictiva es una característica de la política mexicana desde hace mucho tiempo. A lo largo de la historia reciente del país, se ha capturado o acusado a funcionarios electos de hacer acuerdos con grupos criminales, permitiéndoles operar a cambio de pagos u otros beneficios.
El sistema político de México se ha abierto durante las últimas dos décadas, presentando más oportunidades tanto para los candidatos como para los cárteles.
Las organizaciones criminales, como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación, se están involucrando en la política mexicana no solo financiando candidatos sino también tratando de poner a algunos de sus asociados en cargos públicos.
«Existe un creciente interés por parte de las organizaciones criminales de ocupar puestos de servicio público para (obtener) acceso a financiamiento. Este es un nuevo complemento a la diversa cartera criminal de las organizaciones», dijo a Insider Cecilia Farfan-Méndez, jefa de programas de investigación de seguridad en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.
La violencia se intensificará a medida que se acerquen las elecciones
La mayoría de los candidatos para la votación del 6 de junio están ahora haciendo campaña activamente. La violencia solo se intensificará a medida que se acerque el día de las elecciones y los grupos criminales se adapten a lo que ven como incertidumbre sobre con qué políticos tratarán, dijo Farfán-Méndez.
«La incertidumbre genera violencia. Las organizaciones criminales están perdidas en cuanto con quién tienen que negociar o a quién van a tener que sobornar; por lo que los viejos acuerdos con los políticos comienzan a romperse y la violencia comienza a crecer», dijo. «Dondequiera que haya un acuerdo entre criminales y políticos, no se verá violencia».
Portillo Jaramillo no es el único aspirante a funcionario en esta ronda electoral que es acusado de vínculos delictivos.
Evelyn Salgado Pineda, candidata a gobernadora de Guerrero por Morena, ha sido acusada de tener vínculos con el Cartel de Beltrán-Leyva, un grupo que alguna vez fue poderoso y vinculado al Cartel de Sinaloa.
En 2016 detuvieron al suegro de Salgado Pineda, Joaquín Alonso Piedra, tras ser acusado de ser operador financiero de la esposa de Héctor Beltrán Leyva, fundador y líder del cartel que falleció en 2018, según una investigación de Eme Equis.
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