- Expertos advierten que la reforma de hidrocarburos abriría la puerta a un control estatal indefinido en la industria.
- Para proteger la seguridad y el interés nacional el gobierno podría suspender permisos de privados.
- Se esperan controversias legales con el TMEC si esta legislación es aprobada por el Congreso de la Unión.
La iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contiene una ambigüedad jurídica que permitiría un control indefinido sobre la industria petrolífera para proteger la seguridad nacional, advirtió Gonzalo Monroy, experto del sector energético y director general de la empresa consultora GMEC.
Esta legislación que será discutida en el Congreso tiene entre sus objetivos armonizar la política de almacenamiento, con el fin de ayudar a la petrolera estatal Pemex. Asimismo endurece los castigos al robo de combustibles o huachicol, puntos en los que que toda la industria está de acuerdo, explicó Monroy.
Pero lo que preocupó a algunos expertos es que se podrían revocar, suspender o intervenir permisos a negocios del sector privado en la cadena petrolíferos y hasta de la industria petroquímica, citando razones de seguridad nacional.
«Pero también en eventos de seguridad energética y económica. Sin embargo, estas dos últimas no tienen sustento en el entramado legal mexicano, ni son parte de la constitución», advirtió Monroy en entrevista con Business Insider México. «Y como no están definidos, dejan un espacio bastante amplio para la discrecionalidad y la arbitrariedad».
De aprobarse la reforma, existe la posibilidad que al suspender los permisos, el Estado adquiera control sobre los negocios —como estaciones de servicio— de forma similar a una requisición o «expropiación de facto» so pretexto el interés nacional, advirtió Monroy.
AMLO asegura que la legislación es para poner orden en la industria
El presidente negó que esta legislación tenga como objetivo realizar expropiaciones. Su objetivo es salvaguardar el interés nacional, protegiendo a la industria de las que considera «prácticas predatorias de empresas privadas que permitió la reforma energética de Enrique Peña Nieto (EPN)».
El mandatario indicó que su iniciativa está enfocada a evitar el contrabando de combustible y respetará los contratos actuales.
«Ha quedado claro de que no se va a llevar cabo, si no es necesario, una reforma constitucional en materia de energéticos. Se van a respetar los contratos vigentes. Solo ya no vamos a otorgar más contratos si se aprueba la ley», aseguró el Ejecutivo en conferencia.
¿Se teme una expropiación o una requisición?
Debido a la falta de definición en la reforma de hidrocarburos, no es claro si el gobierno realizaría una requisición al suspender permisos, lo que difiere de una expropiación.
En una requisición, el Estado toma el control de un activo o industria, citando razones de emergencia, de forma temporal. Pero en una expropiación, se argumenta utilidad pública y se otorga una compensación.
«Por mucho tiempo le tuvieron miedo a la palabra expropiación. Pero ahora es interesante que no se les puede acusar, con el argumento de seguridad nacional», indicó Monroy.
En Estados Unidos existen leyes similares. Pero a diferencia de la ambigüedad jurídica de esta reforma «ahí si hay reconocimiento de costos, compensaciones, y solo se realiza en situaciones de emergencia», señaló.
«Va a ser interesante la batalla legal que se pueda desatar en paneles de comercio por el TMEC», añadió el experto.
Reforma no beneficia a Pemex
Santiago Arroyo, CEO de la consultora Ursus Energy, coincidió con que esta iniciativa no brinda un beneficio directo a Pemex, en caso de que tuviera que hacerse cargo de infraestructura privada.
«Al adquirir infraestructura también se absorben obligaciones y eso también es un gasto para Pemex. Bajo el contexto actual sería abultar su carga financiera», señaló Arroyo.
Sin embargo, Pemex podría designar a otras empresas. Pero ante la ambigüedad de la legislación se corre el riesgo de que se otorgue al círculo cercano del gobierno en turno. Esto nos devolvería a un gobierno centralista como en los años 70, advirtió el consultor.
«Bajo estricto sentido, solo de lo que hemos visto últimamente, veríamos adjudicaciones y designaciones directas relacionados con Petróleos Mexicanos, justificadas con la dialéctica de que solo este gobierno es honesto», expresó.
AHORA LEE: Visa lanza programa piloto para aceptar la criptomoneda USD Coin para liquidar transacciones
