- El 19 de febrero de 2006 ocurrió una explosión provocada por la acumulación de gases en la mina 8 de la unidad Pasta de Conchos, en San Juan Sabinas, en Coahuila.
- Durante los siguientes años, familiares de los mineros exigieron justicia y el rescate de los cuerpos de 63 mineros.
- Tras casi 14 años, desde que ocurrieron los hechos, la Organización de Familias de Pasta Conchos acordó con el gobierno el pago de indemnizaciones, la construcción de un memoria y el rescate de los cuerpos.
Familiares de los mineros que murieron sepultados en 2006 tras colapsar la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila, alcanzaron un acuerdo para la reparación de los daños e iniciar el «rescate inmediato» de las víctimas.
Tras casi 14 años desde que ocurrieron los hechos, la Organización de Familias de Pasta Conchos acordó con el gobierno el pago de indemnizaciones, la construcción de un memorial y la realización de obras públicas, entre otras cosas.
«Las familias están muy contentas (…) el rescate sigue siendo la prioridad, nunca se había firmado un acuerdo así (…) con esto se subsanan mal entendidos y asperezas en el tema», dijo a Reuters Cristina Auerbach, abogada defensora de las familias afectadas.
Los cadáveres de los mineros permanecen atrapados desde el accidente; sin embargo, los primeros intentos de rescate estuvieron a cargo de la minera Grupo México, propiedad de Germán Larrea.
Por ahora, no han iniciado los trabajos de campo, en la mina solo «se han realizado estudios geofísicos que iniciaron en noviembre y terminaron en mayo (…). Faltan un par de meses hasta concluir la ingeniería a detalle y licitar la obra para que comience el rescate», agregó Auerbach.
El caso fue admitido en 2018 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al encontrar inconsistencias durante las pesquisas.
¿Qué sucedió en la mina Pasta de Chonchos?
El 19 de febrero de 2006, una explosión provocada por la acumulación de gases en la mina 8 de la unidad Pasta de Conchos, en San Juan Sabinas, en Coahuila.
Solo 11 trabajadores lograron salir de la mina, con quemaduras de primer y segundo grados, mientras que 65 mineros quedaron sepultados. Después del accidente, iniciaron las operaciones de rescate; sin embargo solo se identificaron a dos personas: Felipe de Jesús Torres Reyna y Manuel Peña Saucedo.
Los otros 63 cuerpos no los pudieron rescatar, debido a que la empresa determinó que el 25% y 75% de la mina estaba inundada y el 4 de abril de 2007 se suspendieron los trabajos, reportó Milenio.
La mina presentaba fallas de seguridad desde 2000.
En su última inspección el 12 de julio de 2004, se pidió a la compañía Grupo México tomar 48 medidas de extrema seguridad, pero no se supervisó que se subsanaran las fallas, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
¿Qué sucedió después?
Las familias señalaron que existían pésimas condiciones de trabajo dentro de la mina.
Tras acudir a todos los organismos judiciales en México para presentar una demanda para rescatar los restos de los trabajadores y dar con los responsables, las familias acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar su caso en 2010.
En 2018, la CIDH le dio la razón a las familias, luego de que estas presentaran pruebas para demostrar la falta de una diligencia propia para sancionar a los responsables.
Un año más tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se comprometía a realizar el rescate de los cuerpos de los mineros y encargó a la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, integrar un comité entre las familias y el gobierno para realizar el rescate.
El comité se integró con personal de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Economía, la representación de las familias, el Servicio Geológico Mexicano de la UNAM y del Centro PRODH.
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