Como la Ciudad de México no tenía suficientes problemas en estos meses marcados por la pandemia, se sumó uno más durante el fin de semana previo al retorno a clases y labores tras las fiestas decembrinas: tras un incendio en el puesto número uno de la central de controles de trenes del metro de la ciudad, se suspendió la actividad de seis de las 12 líneas del sistema. Según las autoridades, tres de las seis líneas restablecerán su servicio en las próximas horas, mientras que las otras tres –que además son las líneas con mayor afluencia de usuarios del sistema– podrían reiniciar actividades hasta dentro de al menos tres meses.
Esto implica que millones de personas –en un sistema que mueve a más de 1,600 millones de pasajeros al año– verán sus vidas cotidianas profundamente alteradas durante al menos tres meses. Tras la noticia del incendio, comenzaron a circular en redes sociales las imágenes del lugar del incendio, donde se muestra que la infraestructura se mantiene desde al menos los años setenta del siglo pasado. Incluso se llegó a cuestionar si podíamos identificar cuáles imágenes eran de los tableros de control de la planta nuclear de Chernóbil y cuáles del centro de controles de trenes del metro.
Detrás de la broma, el recuento de la escritora bielorrusa Svetlana Alexievich de la historia oral sobre el desastre nuclear de 1986 en su libro “Voces de Chernóbil” nos recuerda algo que guarda ciertas similitudes con lo ocurrido este fin de semana en la Ciudad de México: las tragedias de este tipo tienen un común denominador, la omisión humana.
Años de omisiones y de malas decisiones sobre la infraestructura de nuestras ciudades pueden tener consecuencias desastrosas, que van desde la irrupción en la vida cotidiana de millones de personas hasta la muerte. Alejandro de Coss, investigador mexicano de la Universidad de Bath en Reino Unido, ha dedicado los últimos años a investigar lo anterior en el caso del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX). Tras un año de convivencia e investigación con trabajadores del SACMEX, De Coss encuentra que el sistema se sostiene gracias al conocimiento y experiencia de sus trabajadores que operan en un contexto de austeridad estructural. Es decir, se sostiene en las personas que trabajan en él, y a pesar de las omisiones y malas decisiones de financiamiento de las autoridades.
De esta manera, el Gobierno de la Ciudad de México se encuentra ante un punto de quiebre crucial para el futuro de la ciudad: puede seguir invirtiendo el dinero público en grandes obras viales y privilegiando –como se ha hecho hasta ahora, en ésta y en las administraciones previas– a la movilidad de unas cuantas personas en viajes unipersonales en automóvil privado, o hacerlo en las formas de movilidad que utiliza la enorme mayoría de la población.
Hasta ahora, la apuesta ha sido por el automóvil privado. De acuerdo con Arturo Díaz Ordaz de Forbes México, a pesar de que 45% de la población en el Valle de México se mueve en transporte público, hasta el año 2018 42% de los ingresos del plan de movilidad se destinaban para infraestructura vial. Pero esto no es exclusivo de esta región del país. De acuerdo con ITDP México, durante la década pasada, en las zonas metropolitanas mexicanas se invirtieron en infraestructura vial 74 de cada 100 pesos destinados para movilidad urbana, frente a 11 pesos de inversión en espacio público, 10 en transporte público, 4 en infraestructura peatonal y menos de 1 en infraestructura ciclista. Las consecuencias de este modelo de ciudad están a la vista: al menos en la Ciudad de México, el parque vehicular se ha duplicado en apenas 17 años, y seguimos construyendo ciudades para los automóviles, y no para las personas
A pesar de los esfuerzos de la administración de Claudia Sheinbaum por impulsar el transporte público masivo, estas acciones parecen insuficientes cuando se toma en cuenta no solamente cuánto se invierte en el automóvil privado, sino cuánto se les beneficia al no hacerles pagar por su huella negativa en nuestras ciudades. Como parte de las medidas para la recuperación, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que se hará un descuento del 100% en el pago de la tenencia vehicular, priorizando así a un medio de transporte que posee apenas una de cada cuatro familias en la ciudad, y que tiene un impacto profundamente negativo en el medio ambiente, en el aire que respiramos, y en el uso del espacio de nuestra ciudad. Entonces, ¿quién pagará por la forma en que nos movemos hoy en día?
Las opciones son hoy más claras que nunca: o dejamos de apostar dinero y espacio públicos al automóvil privado para empezar a poner en el centro al transporte masivo y la movilidad no motorizada, o el futuro de esta ciudad se volverá cada vez más incierto, inequitativo, insostenible e insoportable. La elección de 2021 ofrece una oportunidad sin precedentes para que la apuesta por el transporte público y no motorizado se vuelva una exigencia a todas las personas que buscan nuestro voto para representarnos durante al menos los próximos tres años. Hagámosla valer.
Las opiniones publicadas en esta columna son responsabilidad del autor y no representan ninguna posición por parte de Business Insider México.