- Desde enero de 2021, el gobierno federal suspendió los pagos por prestación de servicios en dos cárceles construidas y operadas parcialmente por privados.
- Esta situación pone en riesgo dinero invertido por las Afores en México.
- Se espera que gobierno federal e inversionistas se reúnan este jueves para explorar alternativas.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) suspendió el pago de servicios de las cárceles pertenecientes a los proyectos CFRS Oaxaca, así como de Sarre & Pagos, construidas por el sector privado.
S&P disminuyó la calificación de los bonos emitidos por estos centros penitenciarios en México, lo que está generando «presiones graves en su liquidez operativa» y «no es atribuido al desempeño operativo de los proyectos».
Este es un ejemplo de cómo el sector penitenciario ha sido afectado por la revisión de contratos entre el gobierno federal y el sector privado.
«En nuestra opinión, si no se restablecen dichos pagos en el corto plazo, podrían afectar la operatividad de los proyectos. Y detonar un evento de incumplimiento», advirtió la calificadora.
«De igual forma, en caso de que la situación continué, consideramos que se presentaría un escenario donde las cuentas de reserva para el servicio de la deuda se utilizarían en su totalidad en los próximos meses, lo cual podría detonar un evento de incumplimiento de la deuda», añadió.
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Este incumplimiento de deuda afecta los intereses de los operadores privados de los centros penitenciarios y la credibilidad del gobierno mexicano.
Luis Gonzali, gestor de cartera en la firma Franklin Templeton y experto finanzas, explicó que es muy probable que estos bonos que emiten los centros, y que entrarían en impago, circulen entre las inversiones de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
«El tema es que están muy concentrados en las Afores. No hay datos disponibles. Pero de los fondos públicos, prácticamente nadie tiene posición. Esto quiere decir que están en fondos privados de pensiones o en las Afores», indicó Gonzali, en entrevista para Business Insider México.
«Entonces al final del día (el impago) le está pegado a los fondos de pensiones», añadió.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) dijo a Business Insider México que existe una exposición de 18,803 millones de pesos. Esto quiere decir que solo el 0.38% de los activos netos del sistema de pensiones están invertidos en centros penitenciarios.
De estos, una tercera parte (5,980 millones de pesos) están en emisiones de deuda que corresponden a los centros penitenciarios de los proyectos CFRS Oaxaca y Sarre & Pagos.
Business Insider México contactó a la Oficina de Presidencia para saber su posición al respecto de esta posible afectación a los ahorradores mexicanos pero no recibió respuesta.
Sobre este tema, las Afores y la Consar aclararon que «sean los manejadores los que absorban la quita para no afectar los ahorros de los trabajadores.»
«Al primero de julio de 2021 el valor de mercado de los bonos DOIXCB (los bonos del CFRS Oaxaca) en posición de las Afores es de 1,154 millones de pesos y actualmente la exposición del sistema asciende a 0.023% de los recursos del SAR», según una presentación de la Consar.
Estos contratos vienen desde la época de Felipe Calderón
En enero de 2021, el gobierno de AMLO anunció su intención de renegociar los contratos con los prestadores de servicios de esta infraestructura penitenciaria. Gonzali explicó que han negociado las condiciones que AMLO considera «leoninas» con la mayoría de estos centros construidos por el sector privado. Esta reducción es de aproximadamente de 15%, según la Consar.
En 2010, durante la administración de Felipe Calderón, se comenzó la construcción de las cárceles en asociación con la iniciativa privada. Al término, las empresas ofrecerían el servicio y mantenimiento de las mismas, excluyendo la operación de seguridad y justicia, tarea que corresponde al gobierno mexicano. Pero las cárceles de CFRS Oaxaca y Sarre y Pagos se bursatilizaron.
«Es decir, las constructoras de las cárceles y que les da servicio decidieron empaquetar este contrato que tenían celebrado con el gobierno en un fideicomiso. Y de ahí emitieron bonos para venderlos al público inversionista», señaló Gonzali.
Por lo tanto, el gobierno federal no ha logrado llegar un acuerdo, ya que necesitan el permiso del público inversionista que adquirió los bonos. Se espera que esta semana se reúnan los inversionistas.
Mecanismo de presión de AMLO a cárceles privadas
S&P, quien califica la condición crediticia de estos bonos —su capacidad de pago—, ha señalado que no hay voluntad política para hacerlo. Por esto, mantiene en revisión negativa de estos instrumentos para una futura disminución.
Gonzali coincidió con la idea de que este impago por parte del gobierno mexicano puede ser un mecanismo de presión para mejorar sus condiciones en los contratos de servicio.
«(Este) jueves es la reunión de los tenedores de bonos del centro en Oaxaca. Y el gobierno ya pidió formalmente un descuento. Seguramente es un tema de presión. Pero el problema se está complicando por voluntad política meramente, y obviamente en detrimento del ahorrador», advirtió el experto financiero.
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