- Los nacimientos y la tasa de natalidad promedio reportaron disminuciones en 2019, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
- Esto nos acerca al fin del bono demográfico, una disminución de la fuerza laboral joven, y un aumento de la población adulta mayor, la cual requerirá pago de pensiones y servicios de salud.
- Se tiene que pensar en un esquema que aumente los ingresos y que no dependa tanto de la población laboral para que sea sustentable, advierte un investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
México está experimentando una transición demográfica, reflejada en el número de nacimientos, que impactará las pensiones y el sistema de salud; así lo revelan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En 2019, los nacimientos registrados cayeron 20% con respecto a lo contabilizado hace una década. Es decir, en un lapso de 10 años, se redujo en una quinta parte el número de mexicanos que entrarían a la fuerza laboral, de acuerdo con datos del instituto.
La tasa de nacimientos registrados disminuyó en 2019; 61 por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva, en comparación con los 64 nacimientos por cada 1,000 del año previo. Expertos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) coincidieron en que esta es una disminución que apunta hacia el fin del bono demográfico.
Se le conoce como bono demográfico a la estructura de población que tiene más personas en edad para trabajar que niños o adultos mayores retirados.
«Aunque todavía nos queda un poco del bono demográfico, con la baja tasa de natalidad seremos una población más vieja conforme pasa el tiempo», señaló en entrevista telefónica, Alejadra Macías, directora de investigación del CIEP.
«Además de las pensiones, van a ver más personas mayores con enfermedades crónicas, y esto trae un costo asociado muy alto», añadió.
Adiós al bono demográfico
El fin de este bono demográfico se traduce en menos nacimientos y, por lo tanto, en la cantidad de personas jóvenes en la siguiente generación.
Esto disminuye las aportaciones a la economía y, en específico, al sistema de seguridad social.
Y en el caso de México esta situación podría volverse insostenible, de acuerdo con Ricardo Cantú, investigador asociado del CIEP.
«Por ejemplo, en los años 90 teníamos muchos niños, en comparación con el número de adultos mayores; de esta forma era posible cargarle la mano a los trabajadores en materia de impuestos para financiar el gasto de seguridad social», explicó en entrevista telefónica.
Es decir, más de la tercera parte (37%) de los ingresos públicos provienen del Impuesto sobre la Renta (ISR), del tributo de las personas económicamente activas, una herencia de ese modelo, según el investigador.
«¿Pero qué va a pasar cuando este número se reduzca en el futuro? Tendremos que cambiar el esquema para que otros impuestos como el IVA, tengan más importancia», explicó.
Con el fin del bono demográfico, México tiene que actualizar su esquema de contribuciones y pago de impuestos para evitar que la siguiente generación pague la pensión, el gasto en salud y la deuda de la generación anterior.
Se deben aumentar los ingresos en 30%
El cambio que tiene que realizar para que el sistema sea sostenible no es menor.
Para que una persona nacida en 2021 pueda recibir el resto de su vida los mismos servicios que recibe un mexicano en 2020, los ingresos públicos tendrían que aumentar un 30%, de acuerdo con la proyección del CIEP.
Este esfuerzo de aumentar casi una tercera parte los ingresos públicos solo otorgaría los mismos beneficios en materia de seguridad social que hoy en día reciben los mexicanos, sin ninguna mejoría, explicó Cantú.
El investigador indicó que solamente las pensiones ocuparán un gasto equivalente al 8% del producto interno bruto (PIB) en 2035.
Este gasto ineludible bajo la legislación actual reducirá los recursos en otras áreas prioritarias de inversión para el bienestar de generaciones futuras —como educación o infraestructura.
«El costo de oportunidad es bastante grande. Si actualmente pagamos casi 3% del PIB en el costo de la deuda, y 2.4% del PIB en salud en 2020, ¿qué podríamos hacer con el presupuesto si no estuviera comprometido?», añadió.
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