- El pacto fiscal es la coordinación entre gobierno federal y las entidades para distribuir más equitativamente los impuestos que se recaudan; sin embargo algunos gobernadores buscan hacer cambios para recibir más recursos.
- AMLO y la Alianza Federalista de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) acordaron revisar las participaciones federales que se entregan a los estados, y con ello redefinir la distribución de recursos del pacto fiscal.
- Uno de los problemas de hacerlo será abarcar todos los temas pendientes en materia de presupuesto para alcanzar un balance en el presupuesto lo que hace la discusión demasiado compleja, según experto.
- En caso que las entidades solo busquen más recursos, la discusión no tendrá los alcances necesarios.
- Algunas entidades han sufrido endeudamientos altos en administraciones anteriores y la crisis del Covid-19 ha golpeado su presupuesto.
El pacto fiscal es la coordinación entre gobierno federal y las entidades para distribuir más equitativamente los impuestos que se recaudan, según fórmulas pactadas en los ramos del presupuesto y programas de desarrollo social.
En México, el gobierno federal recauda recursos a través del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como de otros conceptos como cuotas de comercio exterior; o bienes específicos como el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN).
Posteriormente, la Secretaría de Hacienda transfiere recursos a cada estado con el fin de redistribuir más a las entidades con menos ingresos.
Por ejemplo, la Ciudad de México aporta 45 de 100 pesos de impuestos recaudados, pero recibe solo 1 de cada 100 pesos del total de las participaciones federales, y 3 de cada 100 pesos del rubro aportaciones.
En cambio, Tlaxcala, el estado que menos impuestos genera, 10 centavos de cada peso recaudado por el gobierno federal, recibe 1 de cada 100 pesos de las participaciones nacionales, y 1.3 pesos de cada 100 de las aportaciones, según datos obtenidos por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
La complejidad de una nueva redistribución
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) acordaron formalmente la discusión del pacto fiscal a través de una Convención Nacional Hacendaria.
Por su parte, la Conago iniciará trabajos técnicos sobre el tema través de su comisión permanente de funcionarios fiscales, y se planteó el refinanciamiento de la deuda de las entidades con la banca de desarrollo. Sin embargo, especialistas advierten que esta es una discusión demasiado amplia.
Por un lado existe el ramo 28 del presupuesto federal, que incluye las participaciones de entidades y municipios — que pueden usarse según determine cada entidad —. Por el otro, el ramo 33 que son aportaciones dirigidas específicamente a educación, salud, infraestructura y seguridad pública.
“No queda muy claro que la discusión vaya a estar a la altura. ¿Qué vamos a hacer con el sistema de salud? Tienes que abrir una discusión enorme y completa”, advirtió en entrevista telefónica, Héctor Villarreal, académico experto en temas presupuestarios y director general del CIEP. “¿Hará esto el presidente? O va a decir, al Insabi, no me lo tocan”, cuestionó.
La implementación del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) impulsado por AMLO, fue una de los proyectos que más resistencia tuvo entre gobernadores de oposición al intentar reemplazar el Seguro Popular, iniciado durante la administración de Felipe Calderón.
Otro problema es si el gobierno federal estaría dispuesto a abrir la discusión de la fórmula de participaciones porque muchos estados entrarían a la discusión solo para obtener más recursos, advirtió Villarreal.
¿Por qué los gobernadores piden un nuevo pacto?
La política de austeridad del gobierno federal, la implementación del Insabi, la crisis de salud y económica del Covid-19, además del golpeteo político, son algunos de los eventos que han detonado que algunos gobernadores pidan más recursos al gobierno federal, y exijan un nuevo pacto fiscal.
Al cierre del primer semestre de 2020, el gasto federalizado en las entidades fue 34,700 millones de pesos menor cuando se compara con el mismo lapso del año previo, lo que representó una caída de casi 7% anual.
Esta disminución representó menos dinero para los gobiernos locales y fue «consecuencia de la caída registrada en los recursos asignados a las participaciones» —uno de los puntos que AMLO y la Conago acordaron discutir— según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEPF) del Congreso de la Unión.
“Puede haber un golpeteo político, pero también (los gobernadores) quieren más recursos. Hay que recordar que el ramo 23 del presupuesto, que se usaba como ayuda financiera a los estados, básicamente se canceló”, recordó Villarreal.
Algunas entidades actualmente tienen un problema serio de endeudamiento. Por ejemplo, durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, se registró una deuda récord al final de su administración; el gobierno federal en ese entonces utilizaba el ramo 23 para sanear sus finanzas.
“Si se trata de pedirle más dinero al presidente, se va a negar porque no hay recursos”, explicó Villarreal. “Lo positivo es que el presidente ya esté abierto a la discusión, pero esperemos que no sea reduccionista.”
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