- La administración Biden fue demandada por rescindir la política antiinmigración "Permanecer en México", promulgada por Trump.
- Entonces, la política obligó a los solicitantes de asilo a permanecer en México mientras se procesaban sus casos.
- La Corte Suprema dictaminó restablecer la política el martes.
El martes, la Corte Suprema dictaminó que se debe restablecer «Permanecer en México», la política de inmigración de la era Trump, a pesar de la solicitud para rescindirla de la administración de Joe Biden. Con ella, los migrantes deben quedarse en México mientras se procesan sus casos de asilo.
La administración del presidente Joe Biden rescindió la política. En abril, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y el fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, demandaron al gobierno de Biden por las decisiones. Entonces, Paxton afirmó que revocar la política trajo crimen y estiró los recursos.
«El presidente Biden podría remediar de inmediato la afluencia de delitos que cruzan nuestra frontera al restablecer los Protocolos de protección al migrante», dijo Paxton en un comunicado. «Los delincuentes peligrosos se están aprovechando de la laguna en la aplicación de la ley. Y está dando como resultado la trata de personas, el contrabando; una plétora de delitos violentos y una carga masiva y sin precedentes en los programas estatales y federales por los que los contribuyentes deben pagar la factura».
A principios de este mes, el juez federal de Texas Matthew J. Kacsmaryk ordenó a Biden que restableciera la política. Dijo que la ley federal no permitía que el gobierno aceptara solicitantes de asilo si no tenían los recursos para detenerlos.
Jueces conservadores reviven política «Permanecer en México» de Trump, a pesar de que Biden la rescindió
La política de Permanecer en México fue puesta en vigencia a principios de 2019 por el Departamento de Seguridad Nacional. Esa política de la administración de Trump requería que los solicitantes de asilo —que pasaban por México en su camino a Estados Unidos— presentaran sus casos y permanecieran en México.
En un fallo de 6-3, los jueces conservadores de la corte dijeron que la decisión de rescindir el programa fue «arbitraria y caprichosa».
La orden decía que los jueces Stephen G. Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan habrían concedido la rescisión del programa.
En diciembre de 2020, Human Rights First, una organización sin fines de lucro, descubrió que desde febrero de 2019, más de 1,300 personas fueron violadas, secuestradas o lastimadas de otras formas mientras esperaban que sus casos fueran procesados en México.
«Seguir rechazando y expulsando a las personas que buscan la protección de los refugiados estadounidenses en la frontera sur es tanto una vergüenza humanitaria como una farsa legal», dijo Kennji Kizuka, investigador de HRF.
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