- La actual política migratoria de México está dirigida discursivamente a favor de los derechos humanos, pero en la práctica criminaliza a los migrantes que trabajan en el país, afirmó hoy la investigadora y abogada laborista Rita Robles.
- Durante la presentación virtual del estudio “Derechos laborales para la población migrante”, la especialista y autora del texto "propuso una revisión a fondo del marco normativo laboral, en armonía con las disposiciones internacionales".
- Este estudio forma parte de las acciones impulsadas por la Red de Mujeres Sindicalistas, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert Stiffung, para articular diversas iniciativas ciudadanas en materia laboral relacionadas con la ratificación del TMEC.
La actual política migratoria de México está dirigida discursivamente a favor de los derechos humanos, pero en la práctica criminaliza a los migrantes que trabajan en el país, afirmó hoy la investigadora y abogada laborista Rita Robles.
Al presentar el estudio “Derechos laborales para la población migrante”, la especialista «propuso una revisión a fondo del marco normativo laboral, en armonía con las disposiciones internacionales, que permita distribuir y limitar competencias en materia de trabajo migratorio y obligar a que se cumpla con la ley».
El estudio forma parte de las acciones impulsadas por la Red de Mujeres Sindicalistas, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert Stiffung, para articular diversas iniciativas ciudadanas en materia laboral relacionadas con la ratificación del TMEC, Capítulo 23, que habla precisamente de este tema.
Entre las diversas iniciativas están la presentación de seis estudios en materia laboral.
La exclusión laboral de los migrantes, un problema histórico
Rita Robles, autora del estudio, enfatizó que la evolución histórica de los derechos laborales de los migrantes en México ha impactado lamentablemente en la exclusión de los trabajadores migrantes, como resultado del sentimiento nacionalista que permeó desde la etapa de industrialización.
Hizo notar que tanto la Constitución, como la Ley de Migración y la Ley Federal de Trabajo, mantienen importantes vacíos y exclusiones a los trabajadores extranjeros. Entre éstos, citó la obligación que se impone para que 95% de la plantilla de trabajadores de una empresa sea de mexicanos.
En la presentación virtual del estudio, Inés González, coordinadora de Diálogo Sindical y de Género de la Fundación, resaltó la necesidad de abrir el debate en México a una posible reforma laboral, que reconozca los derechos de los trabajadores migrantes.
El tema de los migrantes enfatizó, es también un tema de justicia, no sólo de seguridad, ya que contribuye al progreso de una nación.
A su vez, la representante de la Red de Mujeres Sindicalistas, Rosario Ortiz, expresó que el maltrato y la discriminación han sido parte de la vida cotidiana de los migrantes que trabajan.
Por ello, aseveró, se debe poner en el escenario legislativo y sindicalista el debate sobre sus derechos laborales.
Legisladores buscan enviar iniciativa que aborde derechos laborales de migrantes
Al respecto, la senadora por Morena, Bertha Alicia Caraveo, indicó que el gobierno federal se ha comprometido a generar una política migratoria basada en el respeto de los derechos humanos.
La legisladora informó que ya está en el Senado una iniciativa que busca derogar el artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de eliminar la exclusión de trabajadores extranjeros en nuestro país y garantizar su derecho al trabajo.
Por su parte, Montserrat García Deheza, coordinadora del Plan de Atención Migratoria en la Frontera Norte, puntualizó que actualmente se vive una transición en materia de derechos desde el gobierno federal ya que se ha implementado un programa que atiende a los migrantes tanto en la frontera norte como en la sur, mediante la vinculación y capacitación laborales.
Para concluir, la exgobernadora de Zacatecas y exsenadora Amalia García, quien fungiera como secretaria del Trabajo en la Ciudad de México, enfatizó que lo que México plantea a favor de sus connacionales en el extranjero debe aplicarlo en el territorio nacional para con los migrantes provenientes de otros países, mediante un enfoque de seguridad humana.
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