- El director general de gobierno y asuntos jurídicos de la alcaldía Miguel Hidalgo, Hegel Cortés, anunció el domingo que 140 triciclos serían destruidos, pero ahora serán donados.
- Sin embargo, la situación abrió el debate en torno a los trabajadores informales de la Ciudad de México.
- Para la coordinadora en Ciudad de México de Wiego Global, Tania Espinosa, la ciudad debe ser para todos.
El director general de gobierno y asuntos jurídicos de la alcaldía Miguel Hidalgo, Hegel Cortés, anunció el domingo que 140 triciclos que fueron confiscados de las colonias Polanco y Granada, serían destruidos.
La reacción contra la alcaldía Miguel Hidalgo no se hizo esperar, debido a que estos triciclos son la herramienta de trabajo e incluso de transporte para los trabajadores no asalariados.
Más tarde, Hegel Cortés informó que gracias a los comentarios se decidió no destruir los triciclos y donarlos.
Las personas afectadas por el aseguramiento de los triciclos, también podrán aplicar para un trabajo dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Guardia Nacional o con otras empresas con las que se tiene un acuerdo.
Y suscribió que la alcaldía tiene como prioridad buscar la mediación entre las necesidades «de unos y las prioridades de otros».
Los trabajadores informales aportan al PIB, pero han sido criminalizados
Sin embargo, la coordinadora para Ciudad de México de Wiego Global, Tania Espinosa, sostiene que en esta acción el alcalde Víctor Romo solo vio por las necesidades de las personas que viven en dichas colonias.
«Al ser más de la mitad de los trabajadores en la economía informal, la informalidad laboral no es la excepción, es la regla. No tiene nada de malo, pero desafortunadamente las autoridades atacan», mencionó Espinosa.
Además, el problema radica en que se ha criminalizado a los trabajadores que hacen uso de la vía pública y se busca «erradicarlos como si fueran una plaga», cuando lo único que están ejerciendo es su derecho al trabajo para llevar un sustento a sus casas.
De acuerdo con estadísticas, el 57% de los trabajadores se encuentra en la economía informal, aportando el 22.5% al PIB del país, de acuerdo con estadísticas del Inegi.
«El empleo informal brinda el sustento que se necesita para la subsistencia de millones de familias en esta ciudad», agregó.
La situación de los triciclos en la Miguel Hidalgo refleja una lucha entre ciudadanos
En colonias de alto poder adquisitivo, los vecinos argumentan que los trabajadores informales afectan la estética de sus calles. «Eso genera una lucha entre ellos; por un lado tienes a los trabajadores que necesitan del espacio público y por otro a los vecinos que todo el tiempo los quieren erradicar», dijo Tania Espinosa.
El caso de la alcaldía Miguel Hidalgo reflejó que solo se escuchó a una de las partes involucradas y no se procedió a una solución conjunta donde ambas puedan convivir en una «ciudad que es todos».
Por su parte, la lideresa de los trabajadores informales, Diana Sánchez Barros dijo a Business Insider México que esta acción se ve como un abuso de poder, discriminación e ignorancia.
«Son personas que viven al día, no son generadores de poder vivir con dinero a un mes. Esto es una criminalización que es terrible», sostuvo.
Muchos de los argumentos en redes sociales contra el ambulantaje es que no pagan impuestos, pero Tania señala que grandes empresas formales de igual forma no pagan impuestos y no es una razón para retirar las herramientas de trabajo.
«No es el argumento que se debe usar, porque eso no es cierto. Estamos hablando de derechos humanos; trabajar es un derecho que debe estar independientemente si se paga impuestos o no», dijo Tania Espinosa.
«Las autoridades solo hacen que los ciudadanos peleen entre sí, porque los vecinos discuten con los comerciantes, cuando de la mano se pueden hacer proyectos o iniciativas ciudadanas», señaló Diana.
Se necesitan políticas para una ciudad que sea de todos
El gobierno tiene que transformar la idea de buscar erradicar a los trabajadores informales por darles una legislación a las millones de familias que se encuentran en esa situación. «Se debe hacer una idea de ciudad donde quepamos todos».
También un argumento es que afectan a la movilidad de los peatones, sin embargo para Tania la discusión no es un derecho sobre el otro, «los dos deben existir, la ciudad no solo es para una clase o para otra, sino para todos lo que habitamos la ciudad».
Una legislación urgente para la economía informal
Por años, los trabajadores informales han buscado que se les de una legislación propia para evitar abusos de autoridad o cobros de cuotas por parte de agentes policiacos.
Sánchez Barros, señala que impulsaron desde el año pasado un dictamen de ley llamada Chambeando ando, con el cual se busca que se una regularización a los ambulantes.
«Chambeando ando busca acabar con todas esas malas prácticas, tener seguro social, que todos nos regularicemos, tener un diagnóstico social y que las políticas nos impacten positivamente», comentó Sánchez.
«Esto nació desde nuestra autocrítica para tener orden y tener compromiso, pero que dejen de perseguirnos, quitarnos nuestras herramientas o encarcelarnos por trabajar», agregó.
También se propuso un consejo vecinal para que sean ellos quienes decidan en qué ocupar el dinero que se recauda de las cuotas a los trabajadores.
«Mientras no tengamos marco jurídico, estas cosas seguirán pasando y usándonos como trofeos», concluyó.
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