• La semana pasada, el estado de Oaxaca prohibió la venta de alimentos chatarra y bebidas azucaradas a niños.
  • México es el mayor consumidor de alimentos procesados ​​en América Latina y el cuarto más grande del mundo.
  • Estados Unidos apoyaba el objetivo de salud pública del país, sin embargo pide que se retrase el etiquetado de alimentos chatarra.

Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Suiza, hogar de algunas de las mayores empresas de alimentos del mundo, presionaron a México para que retrase el etiquetado sobre alimentos y bebidas procesados, según un documento de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La norma mexicana, programada para entrar en vigor en octubre, indica que los alimentos deben tener un etiquetado nutricional en la parte frontal del paquete que describa los riesgos para la salud como; contenido alto de azúcares, calorías, sal y grasas saturadas.

México, el mayor consumidor de alimentos procesados ​​en América Latina y el cuarto más grande del mundo, ha batallado durante años con altas tasas de diabetes y obesidad, una crisis de salud que se ha visto agravada por el nuevo coronavirus.

La semana pasada, el estado de Oaxaca prohibió la venta de alimentos chatarra y bebidas azucaradas a niños, convirtiéndose en el primer estado del país en legislar sobre el tema.

Estados Unidos pide un periodo de transición de dos años

Según las actas de la OMC de una reunión del 13 y 14 de mayo, publicadas el lunes, la delegación de Estados Unidos dijo que apoyaba el objetivo de salud pública de México, pero que estaba preocupada por la fecha de implementación y solicitó un período de transición de dos años.

La delegación suiza dijo que los cambios en los requisitos de etiquetado sumarán dificultades «en un momento en que los productores, importadores y minoristas están tratando de asegurar el suministro ininterrumpido de alimentos y bebidas al mercado mexicano», de acuerdo con el documento.

La Unión Europea también solicitó un período de transición de dos años y Canadá pidió un retraso de al menos 12 meses.

Un funcionario de México con conocimiento del asunto, que declinó ser identificado, afirmó: «se les dijo que no habría más tiempo».

Con información de Reuters

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