• Estados Unidos, después de 50 años, anuló la ley Roe vs Wade que aseguraba la despenalización del aborto en todo el país.
  • Hidalgo, Oaxaca y la Ciudad de México son las únicas entidades que permiten la interrupción del embarazo a las 12 semanas de gestación.
  • Paula Ávila-Guillén, directora ejecutiva de Women’s Equality Center, asevera que la discusión se debe centrar en datos que aseguren el acceso a una salud reproductiva para las mujeres
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Estados Unidos, después de 50 años, anuló la ley Roe vs Wade que aseguraba la despenalización del aborto en todo el país.

El aborto se considera un problema de salud pública debido a que este es un servicio relacionado con la salud reproductiva.

El negar un aborto seguro y legal «exacerba los riesgos de salud y seguridad de mujeres».

En México, Oaxaca, Hidalgo y la Ciudad de México son las únicas dos entidades que permiten la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

Desde su implementación en la capital, en abril de 2007 hasta julio de 2020, 227,686 mujeres tuvieron acceso a este derecho, según la Secretaría de Salud de Ciudad de México.

Sin embargo, en algunos estados las mujeres aún enfrentan penas y el aborto no es accesible, incluso cuando su propia salud se encuentra en riesgo.

¿Por qué la despenalización del aborto es un tema de salud pública?

Paula Ávila-Guillén, directora ejecutiva de Women’s Equality Center, asegura que los gobiernos deben garantizar a las mujeres el acceso a una salud reproductiva digna, lo que involucra el servicio de la interrupción del embarazo legal y seguro.

Un Estado que garantiza el acceso a un aborto, también debe dar seguimiento con políticas integrales de educación sexual y derechos reproductivos.

«Los derechos reproductivos como educación sexual, acceso a anticonceptivos y ayuda prenatal son esenciales. Además disminuirían los abortos, debido que los embarazos no deseados también irían a la baja», dijo Paula.

«La discusión debe darse en datos respecto a la salud pública y no en opiniones personales y morales,» agregó.

Paula asegura que aún en países con las prohibiciones más severas, los abortos se realizan, estos se desempeñan en condiciones insalubres y con personas que no son calificadas; lo que puede ocasionar mortalidad materna.

«Esto es un tema salud pública porque la salud de las mujeres se ve afectada, por lo tanto el Estado debe solucionar y prevenir», dijo Paula.

Entre 1990 y 2016 se registraron 32,284 muertes maternas, de las cuales 2,418 estuvieron relacionadas con abortos. 305 fallecimientos fueron de niñas y adolescentes de entre 10 y 18 años, según el Observatorio de Mortalidad Materna.

Por otro lado, la penalización del aborto afecta principalmente a mujeres de color, mujeres indigenas y mujeres de escasos recursos, debido a que aunque existan penas, las mujeres con poder adquisitivo podrán acceder a una interrupción del embarazo, «se ha vuelto un privilegio».

«Las mujeres tenemos derecho a la salud integral, que responda a todas nuestras necesidades», concluyó.

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