• López Obrador quiere dar marcha atrás a la apertura del sector eléctrico que se dio entre 2013 y 2014.
  • La llegada de Granholm coincide con la discusión de la reforma eléctrica.
  • También, esta semana se espera que Deer Park pase a manos de Pemex.

La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, viajará esta semana a México y se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este encuentro sucederá mientras se discute la reforma al sector eléctrico.

Este lunes iniciaron unos foros de parlamento abierto que se pretende sean la antesala para avanzar en la discusión de una iniciativa. Con ella, López Obrador quiere dar marcha atrás a la apertura del sector eléctrico que se dio entre 2013 y 2014.

También, la visita de Granholm se da cuando se espera que Pemex concrete la compra del 50% de la refinería Deer Park, en Texas, a Royal Dutch Shell. Así, se convertirá en la única dueña de la planta, con una capacidad de proceso de crudo de 340,000 barriles por día (bpd).

Además, el mandatario dijo espera conversar con Granholm de «todos los temas» de interés energético entre ambos países. Incluyó la polémica reforma eléctrica, mediante la cual el gobierno pretende dar el control total del sector a la Comisión Federal de Electricidad (CFE); así como garantizar el dominio del Estado sobre las posibles reservas de litio.

Visita de Jennifer Granholm, secretaria de Energía, coincide con la discusión de la reforma eléctrica y la compra de Deer Park

Granholm se reunirá con su contraparte, la secretaria de Energía de México, Rocío Nahle, y con el canciller, Marcelo Ebrard, dijo el presidente.

De hecho, la administración de López Obrador hizo varios intentos por dar marcha atrás a la profunda reforma energética del 2013-2014. Esta abrió casi por completo a la inversión privada los negocios en electricidad e hidrocarburos. Pero López Obrador la critica porque pues asegura que solo debilitó a la CFE y a Pemex.

Tanto inversionistas locales como extranjeros condenan los cambios en las reglas del juego en el sector energético. Advierten que merman la confianza en la seguridad jurídica en el país y ponen en riesgo proyectos de decenas de millones de dólares.

Con información de Reuters.

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