- La política energética de AMLO pone en riesgo a la inversión privada de Estados Unidos en México, según representantes de la industria petrolera.
- Esto podría generar una tensión entre México y Estados Unidos; el peor escenario es una represalia comercial en medio de la recuperación económica, de acuerdo con Banco Base.
- La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y al sector de Hidrocarburos, así como el retraso de permisos para exportar, entre las principales quejas de las petroleras de Estados Unidos.
El Instituto Americano del Petróleo (API, por sus siglas en inglés) que representa a la industria de hidrocarburos de Estados Unidos exigió al presidente Joe Biden que intervenga y haga cumplir a México lo establecido en el Tratado de Libre Comercio (TMEC). Este organismo argumentó que la política energética de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está discriminando a las inversiones estadounidenses.
En una carta, la API indicó que durante el último año, AMLO ha escalado su embestida en contra de la inversión privada con la aprobación de las reformas a la industria eléctrica y al sector hidrocarburos. «Para cambiar las reglas en favor de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en contra de compañías privadas».
«El común denominador de ambas legislaciones es socavar nueva inversión privada en el sector energético. Así como destruir el valor de los activos de empresas privadas que ya están operando. Esto en violación a los acuerdos de México bajo el TLCAN y TMEC», señaló la misiva.
Esta advertencia abre la puerta a que Estados Unidos imponga represalias a México, de acuerdo con Gabriela Siller, directora del área de análisis económico-financiero de Banco Base. La economista subrayó que este es el peor momento para una represalia comercial en contra de México, ya que sería contraproducente para la recuperación económica.
«Las sanciones podrían iniciar como barreras no arancelarias, entorpeciendo la entrada de productos mexicanos a Estados Unidos. Las advertencias están dadas con el reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y múltiples cartas», indicó Siller.
México está en la mira del Departamento de Comercio, legisladores, y otros sectores económicos de EU
Debido a la crisis económica que ocasionó la pandemia de Covid-19, en México se desaceleraron las importaciones. Sin embargo, aumentaron las exportaciones hacia Estados Unidos al recuperarse la demanda. Esto ocasionó un alto superávit comercial de México con su principal socio comercial. Por lo tanto, la economía mexicana fue puesta en una lista de observación por el Departamento del Tesoro.
Asimismo, legisladores estadounidenses también emitieron una carta al entonces presidente Donald Trump pidiendo su intervención. Después, varias organizaciones empresariales hicieron lo propio para exigir acciones por las supuestas violaciones de México al TMEC. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno de la Unión Americana no ha emitido represalias en contra de México.
¿Cuál es la queja de las petroleras en Estados Unidos?
En primer lugar, la API criticó la reforma a la industria eléctrica. Argumentó que se otorga prioridad a las plantas de la CFE para depachar la electricidad. La nueva regla pone en desventaja a unidades privadas a pesar de que producen energía más limpia y más barata. Además estas empresas cuentan con inversión estadounidense «significativa».
«La mexicana Pemex tiene una sobreoferta de combustóleo. El gobierno planea usar en las plantas de CFE, ya que no han podido venderlo en mercados internacionales. Organizaciones ambientales estiman que el impacto de la nueva Ley de la Industria Eléctrica aumentará las emisiones de CO2 de entre 15-20% y de SO2 hasta 150%».
También criticaron la reforma a la Ley de Hidrocarburos. La API mencionó que esta legislación otorga preferencia a Pemex, desfavoreciendo nuevamente a los privados. Adicionalmente otorga poderes discrecionales al gobierno mexicano para suspender permisos en el mercado de petrolíferos. Y se imponen requisitos para el almacenamiento de combustibles inhibiendo a nuevos participantes en el sector.
Asimismo, la API criticó que el gobierno dejó de emitir licencias por 20 años para la exportación de hidrocarburos. Esto deja colgados a inversionistas estadounidenses con permisos de solo un año, o cinco en el mejor de los casos.
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