- Este 19 de junio se cumplen tres años desde que entraron en vigor los cambios a la Ley General de Salud que legalizaron el consumo medicinal de la marihuana.
- Desde 2017, el Congreso de la Unión y la Cofepris han aplazado las legislaciones y regulaciones pendientes sobre esta materia.
- La Suprema Corte puso como nuevo límite el 15 de diciembre para que el Congreso legisle sobre este tema.
Este 19 de junio se cumplen tres años desde que entraron en vigor las modificaciones a la Ley General de Salud que legalizaron el consumo medicinal de la marihuana y su uso con fines de investigación.
Sin embargo, hasta la fecha no existe un reglamento que permita la implementación de esta ley… y no hay fecha para que esto ocurra.
«Lo que en 2017 colocó a México a la vanguardia en el continente para unirse a los países que avanzaban en la construcción de un mercado regulado y seguro para pacientes y consumidores, hoy se mantiene en pausa», indicó el Grupo Promotor de la Industria de la Cannabis (GPIC).
La marihuana es la droga más consumida en México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat) de 2016, al menos una vez 8.6% de los mexicanos entre 12 y 65 años ha probado esta sustancia.
Prórrogas y más prórrogas
Aunque en abril de 2017, el Congreso de México aprobó el uso medicinal de la marihuana y de investigación científica con estos fines, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no ha emitido las reglas correspondientes.
Incluso, el 14 de agosto de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia en la que fijó un plazo de 180 días a la Secretaría de Salud para que, a través de Cofepris, emita un Reglamento que garantice los derechos de los pacientes. Esto no se ha cumplido.
Por otra parte, la misma Suprema Corte también le fijo un plazo al Congreso para legislar, entre otras cosas, sobre pasar de 5 a 28 gramos la posesión permitida para el consumo humano de esta planta o no criminalizar a los agricultores que la cultiven.
El pasado 4 de marzo, las comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos del Senado discutieron y aprobaron, en lo general, el proyecto de dictamen en materia de regulación del cannabis.
Tal proyecto debió pasar al pleno del Senado para su discusión, eventual aprobación y luego ser enviado a la Cámara de Diputados. La fecha límite para que esto ocurriera era el 30 de abril.
Sin embargo, la pandemia y el posterior confinamiento por el coronavirus provocaron que esta discusión nuevamente fuera aplazada.
Y fue así como la Suprema Corte nuevamente aprobó una prórroga para que el Congreso de la Unión legisle sobre este sentido hasta el próximo periodo de sesiones, que inicia el 1 de septiembre y concluye el 15 de diciembre de este año.
Consumidores y mercado a la espera
La falta de legislación en el Congreso y de regulación por parte de la Cofepris ha dejado en la espera a consumidores, niños y adultos sin tratamientos médicos y a empresas que desean entrarle al mercado.
En México hay 1.4 millones de consumidores de marihuana actualmente, de acuerdo con datos del GPIC. Este grupo estima los ingresos potenciales del mercado en 2,000 millones de dólares en los próximos años y que puede generar entre 50,000 y 75,000 empleos.
«La falta de regulación por parte de Cofepris ha impedido que niños y adultos accedan a tratamientos para enfermedades como epilepsia, dolor crónico, artritis, Alzheimer, entre muchas otras, dejando la puerta abierta para que el mercado negro ofrezca productos sin atender ninguna regulación, poniendo en riesgo su salud», indica el GPIC.
De acuerdo con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (2013), órgano asesor de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el tema de drogas, el mercado negro está valuado en 141,000 millones de dólares.
El último intento en el Congreso por dar un paso en su regulación y legislación se dio el 10 de junio cuando la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Partido del Trabajo, propuso un punto de acuerdo para pedirle a la Cofepris analizar y, en su caso, emitir el reglamento y lineamiento que contengan la normalidad sobre el control medicinal del cannabis. También este punto de acuerdo sigue pendiente de discusión y aprobación.
