Carlos Brown

Carlos Brown

Colectivo

A la memoria de Paquita Jiménez Barrientos, quien caminó para que pudiéramos correr

Desde hace un par de semanas hemos escuchado y leído mensajes en redes sociales y medios masivos sobre el arranque del proceso electoral 2020-2021, el más grande de la historia de México. En este proceso se espera que participen 95 millones de personas de todo el país, 5 millones más que en 2018. Esa sobreexposición a la publicidad oficial del arranque del proceso electoral es solo un recordatorio más del enfoque excesivo que hemos puesto a lo electoral desde las instituciones, y no tanto a la participación política más allá de las elecciones.

Sin embargo, cada vez resulta más claro que votar cada tres años por representantes populares no es suficiente para construir una democracia sólida. En los últimos años, la democracia representativa ha tenido una crisis a escala global –especialmente en los países occidentales–, exacerbada con el triunfo de Trump, Bolsonaro, Orban y otros representantes de la ultraderecha. A partir de entonces, han crecido las exigencias por una democracia participativa, quedando latente que el voto es apenas el primer escalón de la participación cívica y de la construcción de democracia.

Sin embargo, este llamado no es nuevo y tiene en México algunos referentes que han logrado avanzar hacia una agenda más participativa, que vaya mucho más allá del voto en las elecciones. Tal es el caso del estado de Chihuahua, que tiene desde 2018 una ley de participación ciudadana que permite poner a los y las ciudadanas en el centro de las decisiones políticas.

La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua es quizá el marco normativo de participación ciudadana más avanzado y completo de todo el país. Esta ley estatal cuenta con 14 instrumentos de participación política, como: plebiscito, referéndum, iniciativas ciudadanas, contralorías sociales en tiempo real, audiencias públicas recurrentes para rendir cuentas, presupuestos participativos, cabildos abiertos y la primera revocación de mandato en proceso, entre otros; que pueden ser solicitados por los y las ciudadanas ante el Instituto Estatal Electoral.

Además, la ley de Chihuahua reduce las barreras de entrada para poder hacer uso de estos mecanismos. Mientras en estados como Querétaro exigen que 3 % de la lista nominal estatal firme para poder tener un referéndum o un plebiscito, en Chihuahua apenas se requiere 0.5 % de la misma. Esto significa que con poco menos de 14,000 firmas se puede hacer uso de estas figuras, frente a casi 50,000 en el caso de Querétaro. Quienes hemos juntado firmas sin estructuras clientelares sabemos lo difícil que es alcanzar siquiera 1,000, ya no se digan 50,000.

Pero, para poder llegar a tener una ley de avanzada, el camino no ha sido fácil. La sociedad chihuahuense llevaba más de 15 años luchando por instituciones que redistribuyeran el poder en favor de las y los ciudadanos del estado. El proceso legislativo para contar con esta ley tomó más de un año, ante las enormes resistencias de aquellos pocos que hasta entonces tomaban las decisiones importantes en el estado.

El plebiscito realizado el pasado 24 de noviembre de 2019 da cuenta del alcance y la magnitud del contrapeso que puede representar una ley de avanzada como ésta. En el municipio de Chihuahua capital, la sociedad civil juntó las firmas necesarias para abrir un plebiscito, promovido por el colectivo Chihuahua Decide, que buscaba determinar si se realizaría o no el proyecto «Iluminamos Chihuahua» presentado por la alcaldesa María Eugenia Campos. Dicho proyecto contemplaba la renovación de 81,500 luminarias de alumbrado público de la ciudad mediante una licitación a una empresa privada. El contrato sería por un lapso de 15 años y con un costo de 6,200 millones de pesos; monto y plazo que diversas organizaciones de la sociedad civil consideraban excesivos y asignados de manera completamente discrecional.

Tras una álgida y asimétrica campaña entre el ‘Sí’ del gobierno municipal y el ‘No’ del colectivo Chihuahua Decide –frente a un gobierno municipal que contaba millones de pesos de publicidad oficial, el colectivo destinó apenas 7,000 pesos a una campaña de guerrilla por el ‘No’ que aludía al histórico voto por el ‘No’ contra Pinochet en Chile–, el ‘No’ ganó el plebiscito con 35,229 votos –frente a 26,527 votos del ‘Sí–, convirtiéndolo en el plebiscito más votado de México por encima de aquel del Corredor Chapultepec en la Ciudad de México.

Este plebiscito promovido por Chihuahua Decide es un ejemplo de lo que pasa cuando la sociedad se organiza para hacer escuchar su voz. Sin embargo, para que esta voz tenga peso y no sea sólo escuchada, se requieren instrumentos accesibles de participación ciudadana. No basta con tener una ciudadanía activa: hay que darle los espacios y los mecanismos para que puedan ser un verdadero contrapeso no solo desde los partidos políticos.

¿Tu estado tiene una ley de participación ciudadana? De ser así, ¿con qué mecanismos cuenta? ¿Cuáles son las barreras para poder usar sus mecanismos? ¿Sirven de algo o solo ayudan a preservar aquel histórico deporte mexicano conocido como la simulación? Si no sabes, puedes buscar en el sitio del congreso local de tu entidad federativa, donde debe estar a tu disposición el marco normativo estatal, incluyendo la ley de participación ciudadana correspondiente (en caso de tenerla).

Frente a los límites de la democracia representativa, donde quienes dicen representarnos suelen no hacerlo, es momento de hablar de democracias participativas. Construir una cultura cívica y ciudadana va mucho más allá de los procesos electorales: nos deben importar las decisiones políticas porque siempre nos terminan afectando, de una forma u otra. Votar cada tres o seis años definitivamente no es suficiente.

Las opiniones publicadas en esta columna son responsabilidad del autor y no representan ninguna posición por parte de Business Insider México.

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