- La Suprema Corte declaró el miércoles procedente una controversia constitucional en contra de la política energética.
- Los ministros de la Segunda Sala determinaron que la Secretaría de Energía va en contra de la Cofece y da ventajas a la CFE.
- La política generó inconformidad y una lluvia de impugnaciones, además de afectaciones a empresas privadas.
La Suprema Corte de México declaró el miércoles procedente una controversia constitucional en contra de la política energética del gobierno federal.
Con cuatro votos, los ministros de la Segunda Sala determinaron que la Secretaría de Energía va en contra de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y da ventajas a la Comisión Federal Electricidad (CFE).
La iniciativa pedía que las empresas privadas debían tener un aval de la Cenace
Se invalidó el requisito de que las empresas privadas debían tener un «dictamen de viabilidad» del regulador del mercado eléctrico, el Cenace.
El dictamen de viabilidad se ocuparía para que privadas pudieran subir su energía a la red, a fin de mantener estabilidad y confiabilidad del sistema.
La política indicaba que la CRE debía tomar en cuenta el aval del Cenace, así como programas sectoriales de planeación para otorgar permisos.
La afectación también era contra las empresas de energía renovable
También fue en contra de que el orden en el que se sube la electricidad a la red, tiene preferencia sobre el económico.
Lo anterior era algo que afectaba directamente a las empresas de energía renovable.
«Hoy sabemos que la Sener no tiene todas las facultades, tiene la facultad de dictar la política energética, pero no a costa de la política económica, ni tampoco de la política de competencia. Eso es justamente lo que se resolvió», dijo Gonzalo Monroy, especialista en energía y director general de GMEC.
Con esta decisión, la Corte revierte los puntos nodales de la política con la que dijo buscaba garantizar la confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico.
La política generó inconformidad y una lluvia de impugnaciones en tribunales por parte de empresas afectadas, así como roces del gobierno con países aliados.
«Esa iniciativa preferente es la suma de los certificados de energía limpia, es la suma del acuerdo desenlace y es la suma de la política de confiabilidad son esas tres cosas las que se agregan e incluso iba más allá», dijo el experto.
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, escribió por la noche en su cuenta de Twitter: «Respetaremos la resolución» de la Suprema Corte.
Esta decisión podría influir en iniciativa enviada al Congreso
El fallo del tribunal podría influir en el debate de la iniciativa para reformar la ley de la industria eléctrica para favorecer a la CFE.
«Se sabe ya de antemano que la iniciativa preferente del presidente muy probablemente pudiera llegar a ser aprobada, «mayoriteada» valga la expresión, pero que trae vicios de inconstitucionalidad muy pero muy obvios y la Corte eventualmente también la estaría mandando para abajo», agregó.
Sin embargo, Nahle dijo en su mensaje que también respetaría «la discusión y en su caso la aprobación» de la reforma propuesta por el presidente.
Una política enfocada en dar más poder a la CFE
La política energética del gobierno se centra en revertir los efectos de la reforma energética anterior, que supuestamente favoreció a empresas privadas.
«El año pasado, a partir de abril, salieron unas nuevas reglas de los certificados de energías limpias. Desde ahí digamos que era el primer esbozo que las cosas no iban a hacer cómo venían siendo», dijo Monroy.
«Lo vi de esa manera después a finales de abril, cuando el Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica (Cenace) sacó un acuerdo donde decía qué iba a cambiar de forma unilateral la manera en la que se despacha la energía en México», agregó.
Con información de Reuters
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