Si en una carretera todos los autos vienen en sentido contrario, probablemente hay que reflexionar si nuestro auto no es el que va al revés. En nuestro sector energético nacional, es evidente que necesitamos parar y reflexionar porqué vamos en dirección diferente del resto del mundo.
Pero antes, cierto es que interrumpimos nuestra programación habitual, y no olvido que nos queda pendiente hablar de la energía oscura en el universo, la continuación de nuestra entrega anterior, para hablar de temas más banales pero que son de sumo interés para todos los mexicanos en nuestro día a día: el futuro de la industria eléctrica nacional que está por definirse, al menos para los próximos cuatro años.
Este primero de febrero, día de asueto por adelanto del 104 aniversario del Día de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, nos madrugó, como ha sido costumbre, la noticia de que el viernes 29 el presidente de la República signó y entregó al Congreso de la Unión una iniciativa preferente para modificar la Ley de la Industria Eléctrica.
Esta es el más reciente de una serie de intentos que ha realizado el gobierno federal para regresar al sector eléctrico a un estado no solo previo a la reforma energética, sino más atrás, a 1960 cuando el entonces presidente José Adolfo Mateos nacionalizó toda la industria eléctrica para convertirla en un monopolio operado por una empresa estatal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De hecho, en diciembre de 2019, la CFE presentó un pliego petitorio que delineaba este plan y que comenzó con modestas acciones y omisiones, particularmente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), en aras de que la CFE tuviera un «piso parejo», un eufemismo con el que se pretende volver al monopolio. Sobra decir que, actualmente, la empresa estatal controla más de 80% de la generación eléctrica del país, más de 80% de los consumidores; goza del monopolio de la transmisión y distribución, tiene una de las redes de gasoductos más importantes de México y recibe inyecciones de capital directo del gobierno mexicano.
En tiempos de un pobre desempeño económico —en parte por el efecto COVID-19 en nuestras vidas y por una serie de decisiones económicas de la administración federal en turno—, donde los países buscan estimular a los comercios y empresas a través de apoyos al gasto en energía eléctrica; donde se busca impulsar la recuperación económica, atrayendo inversión y generando empleos, y donde se busca pintarla como una recuperación verde, las acciones derivadas de esta iniciativa preferente nos colocan en sentido contrario del mundo.
La probabilidad de que ese curso de acción nos lleve a una inminente colisión con otros automóviles (países) o salgamos con un daño permanente (pérdida de competitividad y credibilidad país) es alto. Por un lado, la exposición de motivos dicta, claramente, sin eufemismos, que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se realiza para fortalecer a CFE. Esto va en contra del principio de libre competencia y libre concurrencia amparado en el artículo 28 constitucional. Desde 2013, la generación y comercialización fueron retiradas como monopolios exclusivos del Estado en la Carta Magna para considerarse actividades económicas bajo el régimen de libre competencia.
Ante una práctica violatoria de los principios de competencia económica que fortalecen a una empresa del Estado, no podríamos descartar que las empresas estadounidenses y canadienses estén planeando llevar este tema a una controversia dentro del T-MEC. Con un nuevo gobierno en Estados Unidos que promueve activamente la descarbonización mundial y la transición energética, es inminente entonces un choque causado por un vehículo, México, que va en rumbo opuesto, pensando que todos los demás van en sentido contrario.
El problema es que no solo el conductor no se ha dado cuenta, sino que piensa que son todos los demás los que van al revés. Volvemos a nuestra programación habitual la siguiente semana.
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