• Algunas señales de progreso surgen en las conversaciones entre el sector privado y el gobierno sobre la reforma eléctrica.
  • El papel de Adán Augusto puede ayudar a lograr un acuerdo sobre el proyecto de ley, consideran representantes del sector empresarial.
  • Aunque AMLO busca apoyo del PRI, Ildefonso Guajardo —diputado y negociador del TMEC— no cree que el partido apoye un proyecto que obstaculiza la competitividad.
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Algunas señales de progreso surgen en las conversaciones entre el sector privado y el gobierno de México para forjar un compromiso sobre la reforma eléctrica; originalmente, el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador es reforzar el control estatal en ese sector.

El deseo de México de evitar algún conflicto con Estados Unidos y el TMEC aumenta la presión para llegar a un acuerdo. También, el sector privado señaló recientemente como razonables algunas de las preocupaciones del gobierno sobre el mercado eléctrico.

Al mismo tiempo, los líderes empresariales están animados por la participación de uno de los ayudantes de mayor confianza de López Obrador en el proceso; esto podría ayudar a abrir un camino hacia el consenso.

«Estoy viendo un cambio hacia la pragmatización, a tomar decisiones prácticas», dijo Enoch Castellanos, jefe de la asociación de industriales Canacintra.

Sin embargo, Castellanos y otras personas familiarizadas con las discusiones sobre la reforma eléctrica dicen que las dos partes están muy lejos de llegar a un acuerdo. La oficina del presidente no respondió a una solicitud de comentarios.

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López Obrador argumenta que es imperativo cambiar la ley porque los gobiernos anteriores sesgaron el mercado de la electricidad a favor del capital privado. Señala que eso debilitó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Para evitar que la CFE se vea perjudicada por el exceso de capacidad, los grupos empresariales están dispuestos a discutir la modificación de las disposiciones que rigen los permisos de autoabasto; estos permiten a las empresas generar su propia energía.

También indicaron que están dispuestos a aumentar las tarifas de transmisión que pagan los proveedores privados de energía renovable para aliviar la presión sobre la CFE.

Tales cambios podrían dar al presidente victorias políticas en su reorganización del mercado; incluso mientras los negociadores buscan otros cambios para evitar incumplir el TMEC, de acuerdo a personas cercanas a las conversaciones.

Grupos de «lobby» empresarial se sienten alentados por el papel que —según dicen—, asume en las conversaciones tras bambalinas el secretario de gobernación, Adán Augusto López; un estrecho aliado del presidente.

El secretario de gobernación está en proceso de ayudar a un acuerdo ante la reforma eléctrica

Además, representantes del sector empresarial consideran que es más probable que Adán Augusto ayude a lograr un acuerdo sobre el proyecto de ley que la secretaria de Energía, Rocío Nahle; o el director de la CFE, Manuel Bartlett, quienes defienden firmemente el proyecto original.

Pero la Secretaría de Gobernación no respondió a una solicitud de comentarios. Tampoco lo hizo la de Energía ni la CFE.

De hecho, la propuesta del presidente —de dar prioridad a la CFE sobre las empresas privadas— alarma a aliados diplomáticos de México.

La semana pasada, el enviado de Estados Unidos para asuntos climáticos, John Kerry, dijo que pidió a López Obrador que asegurara que el proyecto de ley no incumpla el TMEC; lo que llevó al presidente a insistir en que el pacto no se vería afectado.

«No nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos», dijo López Obrador. También, funcionarios dicen que el presidente se mantiene firme en que el pacto comercial no será infringido.

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Sin embargo, para evitarlo, la legislación tendrá que eliminar varias disposiciones que restringen derechos de inversionistas, dijo Kenneth Smith. Él es uno de los funcionarios mexicanos que negociaron el TMEC entre 2017 y 2018 en la administración anterior.

En caso de aprobarse tal como está, podría desencadenar demandas por parte de inversionistas y reclamos de compensaciones bajo paneles internacionales de disputas; esto cargará a México con fuertes indemnizaciones, dijo Smith.

«México está en una condición muy endeble si entra en una solución de controversias de esta naturaleza», dijo.

A pesar de los indicios de un incipiente terreno común, no hay todavía ninguna indicación firme de los compromisos que podría asumir el gobierno. En tanto, líderes empresariales creen que el presidente está decidido a aprobar un cambio constitucional.

Para ello, se necesita el aval de dos tercios en el Congreso y López Obrador ha realizado propuestas públicas al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para conseguir los votos. El partido del presidente, Morena, y sus principales aliados están lejos de la mayoría de dos tercios en el Congreso.

Pero fue el PRI quien empujó la liberalización del sector eléctrico en 2013. Por su parte, Ildefonso Guajardo —diputado y negociador del TMEC— no cree que el partido apoye un proyecto de ley que obstaculiza la competitividad industrial de México al desalentar la inversión en energía limpia.

Ese, dijo Guajardo, era el problema de la propuesta del presidente. Se mostró escéptico de que un proyecto de ley de energía modificado se someta a votación antes de que el actual periodo de sesiones del Congreso concluya a finales de abril; incluso, antes de elecciones de nuevos gobernadores en junio.

Con información de Reuters.

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