- Pese a la inviabilidad de los proyectos hidroeléctricos, el Grupo BID considera prioritario su financiamiento en América Latina.
- Estos proyectos generan graves impactos sociales y ambientales, además de contar con altos índices de insatisfacción y denuncias comunitarias por desconocimiento de derechos.
- La creciente competencia por el uso del agua y la deforestación hacen que la energía hidroeléctrica latinoamericana sea más vulnerable al cambio climático, dice Rosa Peña Lizarazo.
Pese a la robusta evidencia sobre la inviabilidad financiera y social de los proyectos hidroeléctricos, el Grupo BID los mantiene dentro de sus líneas prioritarias de financiamiento en América Latina y el Caribe.
La entidad ha financiado varias hidroeléctricas en la región. Además, la modernización de instalaciones hidroeléctricas y la construcción de nuevas represas hacen parte de sus áreas prioritarias actuales.
Las decisiones y proyecciones del Grupo BID en relación a la continuidad del financiamiento de proyectos hidroeléctricos en la región se basan en el argumento de que la hidroelectricidad continúa siendo una tecnología clave para el desarrollo de los sectores eléctricos de la región al ser madura, confiable y de bajo costo.
Sin embargo, ese razonamiento es puesto a prueba por proyectos hidroeléctricos financiados por el BID y en torno a los cuales existen reclamos graves ante el mecanismo de rendición de cuentas del propio banco, demandas legales y aspectos financieros preocupantes.
Casos emblemáticos
Las quejas presentadas ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Grupo BID hacen referencia en gran medida al incumplimiento de las políticas operativas de la institución financiera por parte de administradores de proyectos energéticos. De hecho, el sector de energía ha tenido altos porcentajes de reclamos en el MICI: 38% del total en 2018, 39% en 2019 y 24% en 2020.
En esos años —entre 2018 y 2020—, de los 67 reclamos presentados en total ante el MICI, 14 están relacionados con proyectos hidroeléctricos. Las quejas remitidas en 2020 se refieren específicamente a la planta hidroeléctrica Hidroituango en Colombia, las Generadoras San Andrés y San Mateo en Guatemala y al Proyecto de Energía Hidroeléctrica Alto Maipo en Chile.
Son casos que evidencian que apostar por las hidroeléctricas es un mal negocio porque son proyectos inviables cuyos costos reales son demasiado altos para ofrecer rendimientos.
En el caso de Hidroituango, la calificadora Moody´s afirmó que los sobrecostos —equivalentes a 2.1 billones de pesos (551 millones de dólares aproximadamente)—, afectaría la calificación crediticia de Empresas Públicas de Medellín (EPM), titular del proyecto.
Además, según lo reportado por la Contraloría General de la República en Colombia, la serie de hechos que pusieron al proyecto en situación de vulnerabilidad y que desencadenaron en la contingencia de 2018 que retrasó su entrada en operación hasta 2022, representa un daño fiscal para el Estado colombiano por 4.1 billones de pesos (alrededor de 1,129 millones de dólares).
Al recomendar la investigación del caso, el MICI determinó indagar la alegada omisión del BID en la evaluación e identificación del área de influencia y de la población a impactar; los impactos ambientales y sociales, incluyendo el presunto aumento de la conflictividad e inseguridad en la zona del proyecto, y los impactos diferenciados por razones de género; así como la falta de participación ciudadana y la omisión en establecer planes de contingencias, entre otros.
En el caso de los proyectos San Andrés y San Mateo en Guatemala, pese a tener autorización desde 2011, su construcción tuvo que parar en 2017 por la resistencia de las comunidades locales, mayoritariamente indígenas. El desconocimiento de la consulta comunitaria realizada en 2009 y la falta de reconocimiento de las comunidades afectadas fueron parte de las razones que generaron la resistencia a los proyectos. Las demoras, la falta de aprobación comunitaria y el incumplimiento de requerimientos de sostenibilidad hacen que las represas sean hoy inviables.
Sumado a los altos índices de conflictividad asociados, en Guatemala, estos proyectos son subsidiados de manera indirecta por el Estado, lo cual hace que la situación no sea eficiente en términos de gasto público. Pese a tratarse de proyectos privados, para 2014, el Estado guatemalteco destinaba 23,2 millones de dólares a energía, con el 90.5 por ciento del gasto para hidroelectricidad.
Los proyectos San Mateo y San Andrés también fueron objeto de un reclamo ante el MICI, el cual ya cuenta con un informe final. En este, el MICI concluyó que —en el marco de su financiamiento—, el BID Invest incumplió la Política de Sostenibilidad Ambiental y Social, la Política sobre Disponibilidad de Información y las políticas operativas de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas, de Pueblos Indígenas y de Igualdad de Género en el Desarrollo; así como algunas normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional.
El mecanismo determinó además que los proyectos se desarrollaron obviando la presencia de pueblos indígenas en el territorio y generando impactos ambientales, en materia de seguridad y a las mujeres, entre muchos otros. Actualmente, se espera el diseño de un plan de acción por parte del BID Invest y del MICI, el cual, dada la recomendación final del informe, puede derivar en que, por primera vez, el banco retire su financiamiento de un proyecto hidroeléctrico.
Por último, el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo en Chile ha tenido grandes sobrecostos. Aunque originalmente se esperaba que la planta costara 700 millones de dólares y que estuviera lista en 2013. Sin embargo, en 2018 se informó que el costo subiría a 3,048 millones, mucho por encima del monto inicial planteado como inversión por AES Gener en 2007, cuando presentó el proyecto a evaluación ambiental.
El río Maipo es la principal fuente de agua potable de la ciudad de Santiago en Chile, por lo que existe el riesgo de que la liberación de más agua para la generación eléctrica afecte el suministro de ese recurso.
Según las organizaciones que acompañaron la queja en este caso, el MICI concluyó en su informe final que el BID incumplió sus políticas debido a que la empresa que ejecutaba el proyecto no llevó a cabo ninguna evaluación de los impactos diferenciados por género, de los impactos del proyecto en los usos recreativos del río ni de aquellos para los ganaderos, entre otras cuestiones.
Inviabilidad económica y climática
Los proyectos hidroeléctricos tienen riesgos intrínsecos, relacionados principalmente con impactos sociales y ambientales, que pueden afectar sus plazos y costos de ejecución. Arturo Alarcón, especialista en temas de energía del BID, ha evidenciado que en muchos casos los costos y cronogramas de estos proyectos son subestimados, lo que repercute en los costos totales de los sistemas eléctricos y en la estimación de su viabilidad. Según BNamericas, los retrasos y sobrecostos afectan al 75% de los proyectos hidroeléctricos en América Latina.
Una de las razones por las que la energía hidroeléctrica suele ser más cara que las alternativas (por kilovatio hora) es que los riesgos, que se incrementan y agravan a lo largo de la vida del proyecto, no se analizan exhaustivamente. Como no suelen tener un límite temporal, los costes para compensar la materialización de impactos pueden constituir hasta el 60% del coste total del proyecto.
De acuerdo con un estudio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las represas impactan de manera importante en la biodiversidad. Está documentado que afectan la dinámica de las poblaciones naturales, favoreciendo la pérdida de bosques e incluso la aparición de enfermedades infecciosas. La puesta en marcha de estas grandes obras implica la construcción de vías y los sus consecuentes efectos en la cobertura vegetal. Por tanto, estos proyectos requieren la adopción de medidas que se traducirán en gastos para las empresas a cargo y en ocasiones para los Estados.
Además, en el contexto de la crisis climática mundial, cabe resaltar que la energía hidroeléctrica es una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero. La construcción de nuevas represas exacerbará las emisiones de metano precisamente cuando las debemos frenar drásticamente. Además, las represas hidroeléctricas son vulnerables al cambio climático y son afectadas por los cambios hidrológicos.
La creciente competencia por el uso del agua y la deforestación hacen que la energía hidroeléctrica latinoamericana sea más vulnerable al cambio climático. Esta situación es aún más preocupante si se tiene en cuenta que el aumento de las precipitaciones incrementan los riesgos en la generación de electricidad a través de hidroeléctricas y que más del 50% de la capacidad instalada de la energía hidroeléctrica en América latina, tiene más de 30 años, lo que la hace más propensa a que se materialicen riesgos asociados al cambio climático.
Conclusiones para reflexionar
En su mayoría, los proyectos hidroeléctricos en la región han tenido sobrecostos y demoras. En muchas ocasiones, implican múltiples riesgos no contemplados oportunamente y con altos índices de materialización. Ambas situaciones ponen en duda su eficiencia económica y energética.
De igual manera, estos proyectos han generado y generan graves impactos sociales y ambientales, además de contar con altos índices de insatisfacción y denuncias comunitarias por desconocimiento de derechos. Esto ha llevado a la presentación de reclamos ante mecanismos como el MICI, a demandas legales a nivel interno y a la consolidación de procesos de resistencia que en varias ocasiones han puesto en evidencia su inviabilidad en la práctica.
Cabe destacar el uso intensivo que las hidroeléctricas hacen del agua y la afectación al cauce natural de las cuencas hídricas en un contexto de altos índices de desertificación a nivel mundial y de cifras preocupantes de escasez de este recurso. Lo anterior adquiere mayor relevancia al considerar que este elemento ha empezado a ser cotizado en bolsa, por lo que una competencia sobre su uso entre la generación eléctrica y el consumo humano no es conveniente.
Así, la continuidad del financiamiento de proyectos hidroeléctricos en la región por parte del Grupo BID resulta evidentemente cuestionable.
Es recomendable que la institución analice y considere la evidencia que la academia, la sociedad civil y las comunidades han desarrollado sobre la inviabilidad e ineficiencia de las hidroeléctricas. Son, sin lugar a duda, un mal negocio y una pésima idea ante la emergencia climática.
*Rosa Peña Lizarazo es abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
Las opiniones publicadas en esta columna son responsabilidad del autor y no representan ninguna posición por parte de Business Insider México.
