• Pese a la inviabilidad de los proyectos hidroel√©ctricos, el Grupo BID considera prioritario su financiamiento en Am√©rica Latina.
  • Estos proyectos generan graves impactos sociales y ambientales, adem√°s de contar con altos √≠ndices de insatisfacci√≥n y denuncias comunitarias por desconocimiento de derechos.
  • La creciente competencia por el uso del agua y la deforestaci√≥n hacen que la energ√≠a hidroel√©ctrica latinoamericana sea m√°s vulnerable al cambio clim√°tico, dice Rosa Pe√Īa Lizarazo.

Pese a la robusta evidencia sobre la inviabilidad financiera y social de los proyectos hidroeléctricos, el Grupo BID los mantiene dentro de sus líneas prioritarias de financiamiento en América Latina y el Caribe.

La entidad ha financiado varias hidroeléctricas en la región. Además, la modernización de instalaciones hidroeléctricas y la construcción de nuevas represas hacen parte de sus áreas prioritarias actuales.

Las decisiones y proyecciones del Grupo BID en relaci√≥n a la continuidad del financiamiento de proyectos hidroel√©ctricos en la regi√≥n se basan en el argumento de que la hidroelectricidad contin√ļa siendo una tecnolog√≠a clave para el desarrollo de los sectores el√©ctricos de la regi√≥n al ser madura, confiable y de  bajo costo.

Sin embargo, ese razonamiento es puesto a prueba por proyectos hidroeléctricos financiados por el BID y en torno a los cuales existen reclamos graves ante el mecanismo de rendición de cuentas del propio banco, demandas legales y aspectos financieros preocupantes.

Casos emblem√°ticos

Las quejas presentadas ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Grupo BID hacen referencia en gran medida al incumplimiento de las políticas operativas de la institución financiera por parte de administradores de proyectos energéticos. De hecho, el sector de energía ha tenido altos porcentajes de reclamos en el MICI: 38% del total en 2018, 39% en 2019 y 24% en 2020.

En esos a√Īos ‚ÄĒentre 2018 y 2020‚ÄĒ, de los 67 reclamos presentados en total ante el MICI, 14 est√°n relacionados con proyectos hidroel√©ctricos. Las quejas remitidas en 2020 se refieren espec√≠ficamente a la planta hidroel√©ctrica Hidroituango en Colombia, las Generadoras San Andr√©s y San Mateo en Guatemala y al Proyecto de Energ√≠a Hidroel√©ctrica Alto Maipo en Chile.

Son casos que evidencian que apostar por las hidroel√©ctricas es un mal negocio porque son proyectos inviables cuyos costos reales son demasiado altos para ofrecer rendimientos. 

En el caso de Hidroituango, la calificadora Moody¬īs afirm√≥ que los sobrecostos ‚ÄĒequivalentes a 2.1 billones de pesos (551 millones de d√≥lares aproximadamente)‚ÄĒ, afectar√≠a la calificaci√≥n crediticia de Empresas P√ļblicas de Medell√≠n (EPM), titular del proyecto.

Adem√°s, seg√ļn lo reportado por la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica en Colombia, la serie de hechos que pusieron al proyecto en situaci√≥n de vulnerabilidad y que desencadenaron en la contingencia de 2018 que retras√≥ su entrada en operaci√≥n hasta 2022, representa un da√Īo fiscal para el Estado colombiano por 4.1 billones de pesos (alrededor de 1,129 millones de d√≥lares).

Al recomendar la investigaci√≥n del caso, el MICI determin√≥ indagar la alegada omisi√≥n del BID en la evaluaci√≥n e identificaci√≥n del √°rea de influencia y de la poblaci√≥n a impactar; los impactos ambientales y sociales, incluyendo el presunto aumento de la conflictividad e inseguridad en la zona del proyecto, y los impactos diferenciados por razones de g√©nero; as√≠ como la falta de participaci√≥n ciudadana y la omisi√≥n en establecer planes de contingencias, entre otros. 

En el caso de los proyectos San Andrés y San Mateo en Guatemala, pese a tener autorización desde 2011, su construcción tuvo que parar en 2017 por la resistencia de las comunidades locales, mayoritariamente indígenas. El desconocimiento de la consulta comunitaria realizada en 2009 y la falta de reconocimiento de las comunidades afectadas fueron parte de las razones que generaron la resistencia a los proyectos. Las demoras, la falta de aprobación comunitaria y el incumplimiento de requerimientos de sostenibilidad hacen que las represas sean hoy inviables.

Sumado a los altos √≠ndices de conflictividad asociados, en Guatemala, estos proyectos son subsidiados de manera indirecta por el Estado, lo cual hace que la situaci√≥n no sea eficiente en t√©rminos de gasto p√ļblico. Pese a tratarse de proyectos privados, para 2014, el Estado guatemalteco destinaba 23,2 millones de d√≥lares a energ√≠a, con el 90.5 por ciento del gasto para hidroelectricidad.

Los proyectos San Mateo y San Andr√©s tambi√©n fueron objeto de un reclamo ante el MICI, el cual ya cuenta con un informe final. En este, el MICI concluy√≥ que ‚ÄĒen el marco de su financiamiento‚ÄĒ, el BID Invest incumpli√≥ la Pol√≠tica de Sostenibilidad Ambiental y Social, la Pol√≠tica sobre Disponibilidad de Informaci√≥n y las pol√≠ticas operativas de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas, de Pueblos Ind√≠genas y de Igualdad de G√©nero en el Desarrollo; as√≠ como algunas normas de desempe√Īo de la Corporaci√≥n Financiera Internacional. 

El mecanismo determin√≥ adem√°s que los proyectos se desarrollaron obviando la presencia de pueblos ind√≠genas en el territorio y generando impactos ambientales, en materia de seguridad y a las mujeres, entre muchos otros. Actualmente, se espera el dise√Īo de un plan de acci√≥n por parte del BID Invest y del MICI, el cual, dada la recomendaci√≥n final del informe, puede derivar en que, por primera vez, el banco retire su financiamiento de un proyecto hidroel√©ctrico.

Por √ļltimo, el proyecto hidroel√©ctrico Alto Maipo en Chile ha tenido grandes sobrecostos. Aunque originalmente se esperaba que la planta costara 700 millones de d√≥lares y que estuviera lista en 2013. Sin embargo, en 2018 se inform√≥ que el costo subir√≠a a 3,048 millones, mucho por encima del monto inicial planteado como inversi√≥n por AES Gener en 2007, cuando present√≥ el proyecto a evaluaci√≥n ambiental. 

El río Maipo es la principal fuente de agua potable de la ciudad de Santiago en Chile, por lo que existe el riesgo de que la liberación de más agua para la generación eléctrica afecte el suministro de ese recurso.

Seg√ļn las organizaciones que acompa√Īaron la queja en este caso, el MICI concluy√≥ en su informe final que el BID incumpli√≥ sus pol√≠ticas debido a que la empresa que ejecutaba el proyecto no llev√≥ a cabo ninguna evaluaci√≥n de los impactos diferenciados por g√©nero, de los impactos del proyecto en los usos recreativos del r√≠o ni de aquellos para los ganaderos, entre otras cuestiones.

Inviabilidad económica y climática

Los proyectos hidroel√©ctricos tienen riesgos intr√≠nsecos, relacionados principalmente con impactos sociales y ambientales, que pueden afectar sus plazos y costos de ejecuci√≥n. Arturo Alarc√≥n, especialista en temas de energ√≠a del BID, ha evidenciado que en muchos casos los costos y cronogramas de estos proyectos son subestimados, lo que repercute en los costos totales de los sistemas el√©ctricos y en la estimaci√≥n de su viabilidad. Seg√ļn BNamericas, los retrasos y sobrecostos afectan al 75% de los proyectos hidroel√©ctricos en Am√©rica Latina.

Una de las razones por las que la energía hidroeléctrica suele ser más cara que las alternativas (por kilovatio hora) es que los riesgos, que se incrementan y agravan a lo largo de la vida del proyecto, no se analizan exhaustivamente. Como no suelen tener un límite temporal, los costes para compensar la materialización de impactos pueden constituir hasta el 60% del coste total del proyecto.

De acuerdo con un estudio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las represas impactan de manera importante en la biodiversidad. Está documentado que afectan la dinámica de las poblaciones naturales, favoreciendo la pérdida de bosques e incluso la aparición de enfermedades infecciosas. La puesta en marcha de estas grandes obras implica la construcción de vías y los sus consecuentes efectos en la cobertura vegetal. Por tanto, estos proyectos requieren la adopción de medidas que se traducirán en gastos para las empresas a cargo y en ocasiones para los Estados.

Adem√°s, en el contexto de la crisis clim√°tica mundial, cabe resaltar que la energ√≠a hidroel√©ctrica es una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero. La construcci√≥n de nuevas represas exacerbar√° las emisiones de metano precisamente cuando las debemos frenar dr√°sticamente. Adem√°s, las represas hidroel√©ctricas son vulnerables al cambio clim√°tico y son afectadas por los cambios hidrol√≥gicos. 

La creciente competencia por el uso del agua y la deforestaci√≥n hacen que la energ√≠a hidroel√©ctrica latinoamericana sea m√°s vulnerable al cambio clim√°tico. Esta situaci√≥n es a√ļn m√°s preocupante si se tiene en cuenta que el aumento de las precipitaciones incrementan los riesgos en la generaci√≥n de electricidad a trav√©s de hidroel√©ctricas y que m√°s del 50% de la capacidad instalada de la energ√≠a hidroel√©ctrica en Am√©rica latina, tiene m√°s de 30 a√Īos, lo que la hace m√°s propensa a que se materialicen riesgos asociados al cambio clim√°tico. 

Conclusiones para reflexionar

En su mayor√≠a, los proyectos hidroel√©ctricos en la regi√≥n han tenido sobrecostos y demoras. En muchas ocasiones, implican m√ļltiples riesgos no contemplados oportunamente y con altos √≠ndices de materializaci√≥n. Ambas situaciones ponen en duda su eficiencia econ√≥mica y energ√©tica.

De igual manera, estos proyectos han generado y generan graves impactos sociales y ambientales, además de contar con altos índices de insatisfacción y denuncias comunitarias por desconocimiento de derechos. Esto ha llevado a la presentación de reclamos ante mecanismos como el MICI, a demandas legales a nivel interno y a la consolidación de procesos de resistencia que en varias ocasiones han puesto en evidencia su inviabilidad en la práctica.

Cabe destacar el uso intensivo que las hidroeléctricas hacen del agua y la afectación al cauce natural de las cuencas hídricas en un contexto de altos índices de desertificación a nivel mundial y de cifras preocupantes de escasez de este recurso. Lo anterior adquiere mayor relevancia al considerar que este elemento ha empezado a ser cotizado en bolsa, por lo que una competencia sobre su uso entre la generación eléctrica y el consumo humano no es conveniente.

As√≠, la continuidad del financiamiento de proyectos hidroel√©ctricos en la regi√≥n por parte del Grupo BID resulta evidentemente cuestionable. 

Es recomendable que la instituci√≥n analice y considere la evidencia que la academia, la sociedad civil y las comunidades han desarrollado sobre la inviabilidad e ineficiencia de las hidroel√©ctricas. Son, sin lugar a duda, un mal negocio y una p√©sima idea ante la emergencia clim√°tica.  

*Rosa Pe√Īa Lizarazo es abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociaci√≥n Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

Las opiniones publicadas en esta columna son responsabilidad del autor y no representan ninguna posición por parte de Business Insider México.

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