• El juez Rodrigo de la Peza López es el segundo juez que ordena suspensiones provisionales a la reforma eléctrica.
  • AMLO intercambio misivas con el ministro presidente de la SCJN quien señaló que solo el CJF puede investigar a los jueces.
  • En unos días el juzgado especialista en competencia económica señalará si las suspensiones son definitivas.

La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica enfrenta más suspensiones. Rodrigo de la Peza López es el segundo juez que emite una suspensión provisional por los juicios de amparo promovidos por empresas para detener esta legislación. Esto a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exigió investigar al primer juez que detuvo su puesta en marcha.

AMLO y el ministro Arturo Zaldivar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intercambiaron cartas sobre el tema. AMLO pidió que investigara la actuación del juez Juan Pablo Gómez Fierro. Mientras que Zaldivar defendió la autonomía del Poder Judicial, diciendo que solo corresponde al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) iniciar una investigación.

El Ejecutivo acusó en su conferencia de prensa matutina que existen «intereses corporativos» en las decisiones del Poder Judicial provenientes del empresario Claudio X. González y el exministro José Ramón Cossio. Pero el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, coincide en que la legislación ocasiona distorsiones en el mercado.

Distorsiones en la competencia del sector eléctrico

Expertos y empresas se han expresado en contra de la legislación debido a que otorga mayor poder a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para terminar contratos establecidos con privados. Se preve que en algunos días el Poder Judicial informe si la suspensión será definitiva para esta ley que pretendía devolver preponderancia a la CFE.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya había admitido una controversia constitucional interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sobre el tema. En ella se argumentaban en contra de la política de confiabilidad de la Secretaría de Energía (Sener) en materia eléctrica, ya que ocasionaba distorsiones a la competencia en el sector eléctrico.

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