• La CIDH determinó que el Estado mexicano es responsable de graves errores en la investigación de la muerte de la activista Digna Ochoa.
  • Las investigaciones apuntaron en principio a un asesinato, pero después aseguraron que fue suicidio y cerraron el caso.
  • "México debe investigar y eventualmente juzgar a los posibles responsables del fallecimiento", dijo la CIDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado mexicano es responsable de graves errores en la investigación de la muerte de la activista Digna Ochoa hace dos décadas, por lo que debe continuar con las indagatorias.

Ochoa fue una abogada que defendió denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas presuntamente por fuerzas de seguridad y militares.

Tras recibir numerosas amenazas, se le encontró muerta con heridas por disparos de bala en octubre 2001. Las investigaciones apuntaron en principio a un asesinato, pero después fiscales dirigieron la indagatoria a un posible suicidio y se cerró el caso.

La Corte dijo en un comunicado el miércoles que hubo «numerosas falencias en el manejo de la escena del crimen», así como en la necropsia médico legal.

«La investigación ‘absolutamente deficiente’ de su muerte por parte de las autoridades mexicanas no permitió arrojar luz sobre las circunstancias particulares que rodearon su muerte y, por tanto, constituyó, en sí misma, una violación a la obligación de garantizar el derecho a la vida de la señora Digna Ochoa», detalló.

México debe investigar y eventualmente juzgar a los posibles responsables del fallecimiento, además de realizar un acto público de asunción de responsabilidad a nivel internacional, añadió.

¿Quién fue Digna Ochoa?

Digna Ochoa y Plácido nació el 15 de mayo de 1964 en Misantla, Veracruz. Fue la quinta de 13 hijos de Eusebio Ochoa e Irene Alicia Plácido. Y estudió Derecho por la Universidad Verecruzana, según Gatopardo.

Ochoa y Plácido defendió casos como la acusación de la Procuraduría General a seis jóvenes de posesión, traslado y fabricación de armas, los cuales nunca pudieron ser demostrados y se concluyó que los cuatro hombres y dos mujeres fueron torturados para firmar una declaración ministerial.

También, participó en el caso de Agua Blancas y en la masacre de El Charco, en ambos casos el ejército estaba involucrado en violaciones de derechos humanos.

Con información de Reuters.

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