- El gobierno de México rechazó las acusaciones de usar amenazas de cargos penales como estrategia para elevar la recaudación de impuestos.
- El Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA) dijo que la Procuraduría Fiscal de la Federación inicia (o amenaza con iniciar) investigaciones penales.
- La ABA también denunció que funcionarios tributarios afirmaron que litigantes son un obstáculo para los objetivos del gobierno.
En respuesta al Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA, por sus siglas en inglés), el gobierno de México rechazó las acusaciones de usar amenazas de cargos penales como estrategia para elevar la recaudación de impuestos.
ABA dijo que la Procuraduría Fiscal de la Federación inicia —o amenaza con iniciar— investigaciones penales para presionar el pago de obligaciones fiscales.
México calificó tal aseveración como falsa.
“La referida Procuraduría ha iniciado investigaciones penales porque es su obligación hacerlo cuando identifica elementos constitutivos de algún delito fiscal, y así lo seguirá haciendo”, dijo en respuesta en una carta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El gobierno tiene como prioridad la recaudación fiscal
Hace un mes, un grupo de abogados internacionales acusó a las autoridades mexicanas de violar el derecho internacional con amenazas de enjuiciar penalmente a juristas para hacer que las empresas resuelvan disputas fiscales.
México tiene la recaudación de impuestos más baja de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el gobierno lo ha hecho una prioridad.
Hay preocupación de legisladores estadounidenses por decisiones del gobierno de México
La ABA también denunció que funcionarios tributarios afirmaron que litigantes son un obstáculo para los objetivos del gobierno.
“(México) reconoce, promueve y celebra las funciones de los abogados que asesoran a los contribuyentes en cuestiones impositivas. No sólo los considera importantes y trascendentes, sino necesarios para el estado de derecho”, acotó la SHCP.
Además, legisladores estadounidenses también mostraron su preocupación en las inversiones y el acceso a compañías de energía al país.
Con información de Reuters.
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