- El INAI advierte que las dependencias podrían reservar, de manera general, la información relacionada con los proyectos y obras.
- El decreto en cuestión apareció en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) el lunes.
- AMLO dijo en conferencia que el decreto de las obras como el Tren Maya y la seguridad nacional es una cuestión para dar «velocidad» a papeleos.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció este martes que prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el decreto presidencial publicado el lunes, en el que se clasifican algunos proyectos de infraestructura y obras del gobierno federal como de interés público y «seguridad nacional».
El decreto en cuestión apareció en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) el lunes y ha sido criticado por catalogar proyectos como el Tren Maya, como de seguridad nacional.
«Al ser la ‘seguridad nacional’ una de las causales de reserva de
información, prevista en el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAI advierte
que las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal pueden llegar a reservar, de manera general, la información
relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo», señala el INAI en su comunicado.
¿Qué es la seguridad nacional en México?
De acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el Plan Nacional de Desarrollo, la seguridad nacional, rubro en el que AMLO declaro proyectos como el Tren Maya, es lo siguiente:
«La condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera».
De manera particular, el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional expone las acciones que le competen, mismas que tienen una aplicación directa e inmediata. Con ellas, busca mantener la estabilidad e integridad del Estado.
«I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;
II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;
III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;
IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional
VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes», explica.
Las actividades relativas a la seguridad nacional deben respetar los derechos humanos de las y los mexicanos.
Amenazas a la seguridad nacional
También la Ley de Seguridad Nacional (donde ahora está el Tren Maya y más proyectos «emblema» del Gobierno actual), se consideran amenazas al Estado:
- Actos relacionados o con tendencia al espionaje, terrorismo, sabotaje, rebelión, genocidio o traición a la patria, esto dentro del territorio nacional.
- Actividades de interferencias extranjera en asuntos nacionales, mismas que afecten al Estado.
- Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada.
- Hechos que tiendan a quebrantar la unidad de las entidades que conforman al país (viene en el artículo 43 de la Constitución).
- Actividades que obstaculicen o bloqueen operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada.
- Actos en contra de la seguridad de la aviación.
- Hechos que atenten contra el personal diplomático.
- Actividades que consumen el tráfico ilegal de materiales nucleares, armas químicas biológicas y convencionales de destrucción masiva.
- Actos contra la navegación marítima.
- Financiamiento de acciones y organizaciones terroristas.
- Hechos que bloqueen u obstaculicen actividades de inteligencia o contrainteligencia.
- Actividades que busquen destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para provisión de bienes o servicios o públicos.
- Actos ilícitos contra el fisco federal determinados en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
¿Qué marca el decreto de AMLO sobre obras y proyectos de infraestructura?
En el texto decreto presidencial se menciona la modificación al artículo 89 de la Constitución. Se expone en tres puntos.
El primero expone que las obras como el Tren Maya son de interés público y seguridad nacional.
Son proyectos «asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
Posteriormente, detalla la instrucción para las dependencias federales respecto al tema.
Ello con el fin de «otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados», menciona.
En el último rubro destaca que la autorización provisional cuenta con 12 meses a partir de su expedición.
¿Qué dice López Obrador sobre el tema?
En su conferencia de prensa, López Obrador dijo que el decreto de las obras como el Tren Maya y la seguridad nacional es una cuestión para dar «velocidad» a papeleos.
«Es un acuerdo para agilizar trámites y que, por la burocracia, no se detengan. Que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen qué hacer para la realización de las obras sean más expeditos; que se les dé tiempo para presentar la documentación, esto en el entendido que las empresas, las dependencias del Gobierno federal están regidas por principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad y que se le tienen que dar facilidades y tener confianza a las dependencias. Eso fue lo del acuerdo», afirmó.
El mandatario detalló que se trata más de una acción entre dependencias.
«Por ejemplo, que Medio Ambiente ayude a Comunicaciones y Transportes o a Fonatur en las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que no se detenga la obra porque tenemos que avanzar, terminar, concluir las obras. No tiene nada qué ver con la transparencia. Las secretarías están obligadas a rendir cuentas», puntualizó.
Con información de Digitall Post.
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