Mientras buena parte de los países desarrollados y en desarrollo –donde no contamos a México, que se encuentra frente a una nueva paradoja fiscal– están discutiendo cómo pagarán por las consecuencias sociales y económicas de la pandemia de Covid-19, se nos cruza una vez más la crisis estructural del siglo XXI: el combate a la crisis climática, que su vez guarda una enorme relación con el Covid-19, y cuyos efectos en nuestras vidas resultan cada vez más evidentes.
Algo que hemos discutido poco es cómo ambas cuestiones –el nuevo arreglo fiscal y la crisis climática– se relacionan. Hace unas semanas escribía en este espacio sobre la cara desigual de la crisis climática donde intenté responder a la pregunta sobre quién contamina más en nuestras economías y cómo haremos que sean estas personas y empresas quienes paguen más por salir de esta crisis. No debemos olvidar que tan solo 100 empresas son responsables del 71% de las emisiones globales y que el 1% más rico de la población mundial fue responsable del 15% de las emisiones acumuladas.
Esta semana supimos que las personas multimillonarias tienen una huella de carbono masiva, producto de su estilo de vida y sus propiedades. Los autores del estudio, Richard Wilk y Beatriz Barros, son antropólogos que estudian la relación entre la cultura de consumo y la energía. En este caso, analizaron cómo la riqueza de quienes poseen las mayores fortunas se traducía en consumo y la resultante huella de carbono. Encontraron que la huella de carbono de las personas multimillonarias es miles de veces más grande que la de una persona estadounidense promedio; ni hablar de la huella de carbono promedio de una persona promedio de un país en desarrollo.
Uno de los hallazgos de esta investigación es que esta huella de carbono se relaciona sobre todo con los medios de transporte y las propiedades inmobiliarias de estas personas. La posesión de gigantescas mansiones, enormes yates –que, en el caso del nuevo yate de Jeff Bezos, requiere su propio yate más pequeño para llegar al yate principal– y jets privados para vivir y desplazarse hace que sus huellas de carbono sean de tales dimensiones.
La siguiente gráfica muestra a las personas mil millonarias identificadas –que tienen registros públicos de sus propiedades– que más contaminan a nivel mundial. Como puede verse, las dos personas más ricas del mundo actualmente –Jeff Bezos y Elon Musk– tienen huellas de carbono relativamente menores que las de otros multimillonarios como Roman Abramovich, dueño del club de futbol inglés Chelsea, y David Geffen, productor musical y cinematográfico.
En la lista de las 20 personas que más contaminan encontramos a un mexicano, Carlos Slim, con un total de emisiones anuales de casi 2,500 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Para poner en perspectiva esta cifra, una persona mexicana promedio es responsable por la emisión anual de 4 toneladas de CO2 por año por persona, por debajo de las 5 toneladas de promedio global. Es decir, Carlos Slim emite lo mismo que 625 personas promedio en nuestro país.
Pero, ¿qué relación tiene esto con el nuevo arreglo fiscal que se discute en el mundo? Pues los impuestos a la propiedad pueden ser un mecanismo que ayude en el combate a la crisis climática, dada la enorme concentración de las emisiones en las grandes empresas y fortunas. Durante años, la discusión pública se ha centrado sobre las personas más pobres de nuestra sociedad, culpándoles por las crecientes emisiones de contaminantes dado el número de hijas e hijos que tienen; una falacia argumentativa, basada en un mito extendido de que las familias pobres tienen más hijas e hijos, que quita responsabilidad a quien más la tiene: las grandes fortunas.
En el caso mexicano, las ciudades cuentan con dos impuestos ya existentes que pueden ayudar a combatir las desigualdades económicas y sociales a la vez que cuentan con mayores recursos públicos para combatir la crisis climática en uno de los países más vulnerables a la crisis climática: el impuesto predial y la tenencia, formalmente llamado Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. El potencial de ambos impuestos en cuanto a recaudación adicional y combate a las desigualdades se refiere es enorme, pero los gobiernos locales los han subutilizado o de plano han renunciado a su recaudación. Si ambos impuestos se recaudaran de manera adecuada, las ciudades mexicanas contarían con cerca de 400,000 millones de pesos adicionales de recursos públicos anuales, equivalentes a 1.6% del producto interno bruto nacional.
No basta con que se cuente con mayores recursos públicos para luchar contra la crisis climática, sino que estos deben invertirse en estrategias y acciones efectivas para mitigar las emisiones y adaptar nuestras ciudades a los crecientes cambios derivados de esta crisis; pero contar con más recursos públicos es una condición necesaria para ello –aunque no sea suficiente.
La pandemia de Covid-19 ya nos enseñó lo que pasa cuando no invertimos en lo público para nuestro futuro. No repitamos este error frente a la mayor crisis de nuestros tiempos.
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