- Alrededor de 30,000 niñas, niños y adolescentes pudieran incorporarse al trabajo infantil en México, debido a los impactos económicos ocasionados por la pandemia del coronavirus Covid-19.
- Así lo señaló la investigadora Marisela Reyes Salazar, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, durante la presentación virtual del estudio “Infancia con derechos. Trabajo infantil en México”.
- La Red de Mujeres Sindicalistas (RMC), en alianza con la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, promueven este estudio, que forma parte de las acciones para impulsar en nuestro país diversas iniciativas en materia laboral relacionadas con el TMEC.
- La directora de Incidencia Política de Save the Children México, Nancy Ramírez, subrayó que la falta de espacios educativos y de oportunidades, obliga a niños y adolescentes a incorporarse al mercado laboral.
- De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2017 se estimó que 3.2 millones de niñas y niños, de 5 a 17 años de edad, laboraban en actividades económicas no permitidas o en quehaceres domésticos, en condiciones inadecuadas.
Alrededor de 30,000 niñas, niños y adolescentes pudieran incorporarse al trabajo infantil en México, debido a los impactos económicos ocasionados por la pandemia del coronavirus Covid-19.
Así lo señaló hoy la investigadora Marisela Reyes Salazar, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, durante la presentación virtual del estudio “Infancia con derechos. Trabajo infantil en México”.
La Red de Mujeres Sindicalistas (RMC), en alianza con la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, promueven este estudio, que forma parte de las acciones para impulsar en nuestro país diversas iniciativas en materia laboral relacionadas con el TMEC.
El trabajo infantil no contribuye a disminuir la pobreza
La autora del estudio y presidenta del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Alicia Vargas, aseveró que el ingreso que obtienen las familias por el trabajo infantil no contribuye a disminuir su pobreza.
“Entre más se incorpora a la informalidad el trabajo infantil, más permanecen ocultas sus actividades”.
Por ello, consideró que es necesario brindar un enfoque de interseccionalidad a esta compleja problemática, a fin de garantizar los derechos de la niñez.
La coautora del estudio, Sandra Mejía, propuso que la restitución de estos derechos debe ser diferenciada conforme a la edad, ya que deben existir tratamientos distintos para garantizar el interés superior del niño y el adolescente.
Añadió que en esta labor, dijo, es fundamental el trabajo de las procuradurías estatales.
Por su parte, la directora de Incidencia Política de Save the Children México, Nancy Ramírez, subrayó que la falta de espacios educativos y de oportunidades, obliga a niños y adolescentes a incorporarse al mercado laboral.
“Las tareas infantiles no deben impedir el desarrollo de la niñez”, agregó. Es imperativo, precisó, atender las causas que originan el problema.
No existe en México una política de prevención del trabajo infantil
Ramírez enfatizó que en en el país no existe una política de prevención y atención al trabajo infantil, por lo que es necesario conformar un sistema en el que participen tanto el sector privado como el social,.
El objetivo de este sistema sería garantizar a las familias empleo y seguridad social, a fin de evitar que más niñas y niños trabajen, indicó.
En el evento, Rosalba Valencia, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Cámara de Diputados, afirmó que cualquier solución para disminuir el trabajo infantil debe enfocarse en ampliar espacios educativos, disminuir la deserción escolar y mejorar la calidad e ingresos del empleo de adultos.
La población infantil que trabaja, tiene el mayor índice de pobreza
La población infantil que trabaja tiene el mayor índice de pobreza, señaló Alejandro López, del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y con la pandemia se espera que ese índice aumente, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
En el censo de 2020, apuntó, se incorporó un indicador para censar a la población en condiciones de calle, lo que permitirá localizar a los niños y adolescentes quienes trabajan en actividades informales, forzadas y peligrosas que dañan su integridad, para así generar políticas de atención.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2017 se estimó que 3.2 millones de niñas y niños de 5 a 17 años de edad laboraban en actividades económicas no permitidas o en quehaceres domésticos, en condiciones inadecuadas.
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