• IFT presentará una controversia constitucional en contra de diversas disposiciones para modificar la ley federal del sector.
  • Dos de los motivos son la falta de seguridad para los datos que pretende recopilar el Panaut y la vulneración de derechos constitucionales.
  • La reforma establece que el IFT se encargará de instalar, operar, regular y mantener un registro con cargo a su presupuesto.

El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presentará una controversia constitucional en contra de diversas disposiciones para modificar la ley federal del sector. Entre ellas, se encuentra que el IFT deberá operar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), que busca recopilar datos biométricos de cada poseedor de una línea móvil.

Tales disposiciones se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF)el 16 de abril de 2021. Desde entonces, Business Insider México informó que varios organismos especializados en telecomunicaciones se oponen a ese registro. 

Dos de los principales motivos son la falta de seguridad para los datos que pretende recopilar el Panaut; así como por vulnerar derechos constitucionales.

De hecho, la reforma establece que el IFT se encargará de instalar, operar, regular y mantener un registro con cargo a su presupuesto. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha amenazado con desaparecer este organismo regulador.

El IFT presentará controversia constitucional contra el registro de datos biométricos

Incluso tras criticar al IFT, ahora el gobierno de López Obrador busca hacerlo partícipe de un registro que hace años demostró su ineficacia. Sin embargo, el principal argumento del órgano regulador para rechazar el Panaut es la falta de presupuesto.

“El presupuesto asignado al Instituto para el presente ejercicio fiscal es de 1,510 millones de pesos”, señaló el IFT. Pero destacó que en ese presupuesto no está planeado destinar recursos al Panaut.

Por ello, el Instituto “no podría destinar en este momento recursos al Panaut” en este ejercicio fiscal y subsecuentes, señaló en un comunicado. Además, indicó que el mandato legislativo representa una “afectación directa a una garantía institucional”, esta le permite al IFT ejercer su presupuesto de manera autónoma según sus competencias.

Las afectaciones que provocará el registro de tus datos biométricos

También, el IFT consideró que parte del acto legislativo se contrapone con sus mandatos constitucionales. Por ejemplo:

  • El Instituto debe garantizar los derechos contenidos en los artículos 6º y 7º de la Constitución
  • Favorecer el acceso a los servicios de telecomunicaciones, que son derechos fundamentales

Por su parte, la organización GSMA y otras del sector señalaron que en México «la obtención de la credencial de elector es voluntaria; por lo anterior, existe un amplio sector de la población que no cuenta con ella. La exigencia de presentar una identificación como condición para tener una línea telefónica marginaría a todos los usuarios que no cuenten con ella».

Además, el IFT indicó que con la controversia constitucional busca garantizar su autonomía presupuestal «con pleno respeto a las facultades de los demás Órganos y Poderes de la Unión”, indicó en el documento.

Además, el órgano regulador confío en el Poder Judicial para resolver este caso. Sus “decisiones han sido fundamentales para el sector de las telecomunicaciones”, señaló.

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