- Hacienda propuso un aumento de casi 8% al gasto para estados y municipios el próximo año.
- Aunque Moody's indicó que este monto aliviará las finanzas públicas locales, el CIEP indicó que el monto será inferior a lo observado previo a la pandemia.
- Algunos gobernadores inclusive podrían ver viable exigir nuevamente una revisión al pacto fiscal, ya que una de las opciones es aumentar impuestos impopulares.
La Secretaría de Hacienda propuso un aumento anual de casi 8% al gasto federalizado en el Paquete Económico 2022. Pero de aprobarse estos recursos en el Congreso, que conforman la mayoría del presupuesto de los estados y municipios, aún serían inferiores a lo observado previo a la pandemia, de acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Este aumento en la transferencia de recursos federales a las entidades dependerá de que se cumpla con la expectativa de crecimiento en diversas entidades, explicó en entrevista Christopher Cernichiaro, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestal (CIEP), experto en finanzas estatales y municipales.
Sin embargo, la agencia Moody’s, que se encarga de medir la capacidad de pago de algunos gobiernos locales, indicó que aunque la economía mexicana crezca 3% en 2022 —un dato inferior al 4.1% que pronosticó Hacienda y que se criticó de optimista— se espera un incremento suficiente para aliviar su situación financiera.
Aún existe dependencia de los estados al presupuesto federal
El CIEP advirtió en su análisis que aún existe una alta dependencia estatal y municipal a la distribución de recursos del gobierno federal. Por ello, sería favorable un aumento en la recaudación local con el objetivo de hacer más sustentables las finanzas públicas locales.
Debido a las características de cada estado, algunos gobernadores les resultaría más viable, en términos políticos, pedir una revisión a la Ley de Coordinación Fiscal que promover un aumento de impuestos como el predial o la tenencia. Ya que no solo en México, sino en todo el mundo, resultan sumamente impopulares, explicó Cernichiaro.
El investigador indicó que el problema es que si se revisa el pacto fiscal, cada gobernador promovería un esquema que le conviene a su estado que no necesariamente beneficiaría a otra entidad con necesidades de desarrollo diferentes. Al menos 90% del gasto federalizado esta compuesto por dos grandes rubros, las participaciones y las aportaciones federales.
Por un lado, están las entidades con mayor dinamismo económico, que reciben más transferencias provenientes de participaciones federales. Por el otro, están las que prefieren el sistema de aportaciones, ya que se otorgan basadas en mediciones de rezago económico y necesidad social, como educación, salud y seguridad.
«Entonces, pensemos que la mitad de los estados con mayor actividad económica; ellos van a pugnar que en el pacto fiscal tenga un esquema más parecido a lo que se observa en las participaciones: el poder económico. Les conviene porque van a recibir más recursos», señaló Cernichiaro.
«Y los otros 16 (con menos actividad económica), podrían preferir un esquema más parecido a las aportaciones, ya que recibirían más por su rezago. Por ese lado veo complicado que se llegue a una discusión», agregó.
¿Cómo se podría llegar a discutir el pacto fiscal?
El pacto fiscal, es el modelo en el que se distribuyen las facultades y las obligaciones de contribución entre los tres niveles de gobierno. Esta lleva a cabo los mecanismos para distribuirlos entre el gobierno federal y las entidades federativas, señaló en entrevista Pablo Salazar, especialista en derecho y temas legislativos.
Este sistema existe para equilibrar un poco las desigualdades entre distintas entidades federativas. El modelo está plasmado en la Ley de Coordinación Fiscal. Pero esta es una ley, que no se encuentra a nivel constitucional.
«Esto es importante porque el mecanismo para modificar una ley es diferente que modificar la constitución; en el mecanismo para modificar una ley, el proceso se inicia en la Cámara de Diputados, necesariamente», agregó Salazar.
El presidente puede enviarla a la Cámara de Diputados; la Cámara de Diputados puede evaluarla y puede presentarla como cámara de origen. Pero no puede ser iniciada en el Senado, indicó.
«Después, como cualquier otra ley, se tiene que llevar a cabo la discusión en las comisiones de la Cámara de Diputados; una vez que se lleven a cabo las discusiones en las comisiones de la Cámara de Diputados, tiene que pasar al pleno de la Cámara de Diputados, en la que todos los diputados la votarían a favor o en contra», señaló el experto.
En este punto podrían hacerse modificaciones, a través de mecanismos llamados reservas, para que el producto final que presente en el pleno, y sea votado por los diputados
Ya que se aprueba este dictamen, tienen que mandarlo en forma de minuta al Senado de la República como cámara revisora. El Senado, como cámara revisora la estudia en sus comisiones. Y una vez que se estudia en comisiones, se dictamina la minuta, y se hace un dictamen que se envía Diputados.
De ahí, el Senado tiene dos alternativas aceptarla en sus términos para su publicación o puede modificarla; si el Senado de la República la modifica, tiene que regresar a la cámara de origen. Y se repite el proceso en comisiones. En caso contrario, se procede a su publicación.
Pero es poco probable que el presidente, o que un Congreso con una mayoría de Morena discuta el pacto fiscal
De acuerdo con Salazar, directamente ningún gobernador tiene la facultad de obligar de alguna manera a que se presente dicha discusión. Tampoco un grupo de gobernadores, ya que ellos representan al Poder Ejecutivo, pero solo dentro de la entidad.
«Lo que sí tienen la facultad es mandar comunicaciones a la Cámara de Diputados, discutir con ellos, pero no tienen la facultad de iniciar leyes. Al menos no en los términos de obligar a que se dé la discusión. En ese sentido la facultad sólo la tiene el presidente, a través del ejercicio de su atribución de presentar iniciativas urgentes», agregó.
Esto hace que la presentación de cambios al pacto fiscal sea algo improbable. El presidente no tiene incentivos para hacerlo. «De hecho tampoco tiene incentivos la mayoría parlamentaria en Diputados para iniciarlo. Entonces en cuanto a probabilidad es un ejercicio altamente improbable», señaló.
«Lo que podrían hacer ese grupo de gobernadores es motivar una coalición con los diputados que sean de su partido en la Cámara de Diputados, para que ellos presenten la iniciativa y traten de impulsar la discusión. Pero directamente los gobernadores no tienen esa facultad.», indicó.
¿Los gobernadores podrían intentarlo a través de los congresos estatales?
Pero una vía que podrían intentar los gobernadores, es tratar de instrumentar a sus legislaturas locales. De acuerdo con la Constitución, el derecho a iniciar leyes lo tiene el presidente, los diputados y senadores del Congreso de la Unión; así como las legislaturas de los estados y los ciudadanos en cierto porcentaje, indicó el experto.
El gobernador podría presentar en su congreso local la iniciativa, dependiendo de la Constitución de cada Estado. «Así ha ocurrido en el pasado con otras iniciativas. Por ejemplo hay una iniciativa de Ley General de Seguridad Vial, que fue presentada por el Congreso de Nuevo León», indicó el especialista.
En este caso, las legislaturas locales de estados como Chihuahua, Jalisco o la alianza de gobernadores de oposición, podrían convencer, si tienen el poder suficiente, a sus congresos locales de presentar las iniciativas conjuntas a la Cámara de Diputados.
Pero a estas iniciativas, les hacen poco caso en el Congreso
Pero el problema es que cada entidad tendría que enviar su iniciativa propia. En términos de contenidos, podrían enviar una iniciativa similar, pero cada una representaría a su órgano individual. Además, son poco frecuentes, y no son prioridad para los diputados de San Lázaro.
«Tradicionalmente les hacen poco caso, debido a que no hay una obligación. No son preferentes como las que son enviadas por el presidente, en donde sí hay una obligación de discutirlas en cierto tiempo. Esto no es así con el caso de las que envían los congresos locales», explicó el experto.
Entonces pueden quedarse ahí por tiempo indefinido. No hay una obligación por parte de la legislatura o de los funcionarios que componen la legislatura, de discutirlas o llevarlas a un proceso legislativo. Además, cuando estas iniciativas locales logran llegar, sus propios partidos pueden tener otras prioridades en la mesa de discusión.
«¨Porque además dentro del mismo partido, los grupos parlamentarios tienen que pensar en términos de representatividad nacional. Es decir, tienen personas electas tanto por estados del sur como por estados del norte. Puede que tengan menos incentivos de aglomerarse todos juntos a representar ese tipo de iniciativas», añadió.
En 2020, la Alianza Federalista, conformada por gobernadores de oposición, se lanzó en protesta por la afectación económica de los recortes al presupuesto. Pero, casi un año después, los grupos parlamentarios de oposición, no han puesto un tema relacionado a la discusión del pacto fiscal como prioridad para la Legislatura que inició este septiembre.
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