• Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que su gobierno ha aumentado la inversión pública sin la necesidad de la participación de privados.
  • Pero al cierre del primer trimestre de este año, este indicador cayó 25% con respecto al inicio de su sexenio, según datos del Inegi.
  • También habló de diversos récords alcanzados durante su gobierno en cuanto a evitar la devaluación del peso, y evitar un aumento de la deuda pública.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó su tercer informe de gobierno desde Palacio Nacional. Como cada 1 de septiembre el Ejecutivo emitió un mensaje sobre la gestión de su mandato; en él aseguró que su gobierno se aleja de las políticas «neoliberales» de las administraciones anteriores.

Además presumió los logros de su política social, y destacó diversos «récords» históricos alcanzados durante la primera mitad de su sexenio, superando a los «tecnócratas» del pasado, según dijo.

«Récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera; récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la bolsa de valores, récord histórico en las reservas del Banco de México; está como para decir a los cuatro vientos, presumir (…) Es como para decirles a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan», señaló López Obrador.

Por lo tanto, te presentamos una verificación de los puntos más importantes de AMLO durante su tercer informe de gobierno.

tercer informe AMLO | Business Insider México
Tercer informe de AMLO. Reuters

AMLO ha detenido la privatización liberal

«Una medida decisiva fue parar en seco la tendencia privatizadora. Se dejó de entregar concesiones a particulares en minas, agua, hospitales, puertos, vías férreas, reclusorios y obras públicas. Pero lo más importante hemos detenido las privatizaciones en el sector energético, en petróleo y electricidad», señaló el mandatario en su tercer informe de gobierno.

El gobierno de AMLO ha detenido varias concesiones e incluso ha dejado de pagar lo acordado en asociaciones con el sector privado, hasta que no se vuelvan a negociar condiciones más favorables para el sector público. Un ejemplo es el caso de reclusorios que se construyeron y eran operados por consorcios privados. Al inicio de 2021, el gobierno federal suspendió pagos por prestación de servicios a las cárceles CFRS Oaxaca y Sarre & Pagos.

Asimismo, se detuvieron para su revisión, las licitaciones petroleras de la reforma energética. Este año, la Secretaría de Energía entregó a Pemex la operación de Zama, uno de los yacimientos de petróleo más grande encontrado en décadas, en detrimento del consorcio estadounidense Talos Energy. Este fue uno de los primeros pozos licitados, derivado de la Ronda 1 de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto.

Además, AMLO intentó reformar la Ley de Hidrocarburos, así como la Ley de la Industria Eléctrica. Esto con el objetivo de devolver preponderancia a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, estas legislaciones fueron suspendidas debido a su supuesta afectación a la competencia en estos sectores.

Menos uso de hidrocarburos y rehabilitación de las hidroeléctricas

«Ahora estamos modernizando las plantas hidroeléctricas para reducir el uso del combustóleo y carbón en la producción de electricidad. La energía que se produce con agua es limpia y barata. De ahí que decidido cambiar las turbinas antiguas por equipos modernos lo cual nos permitirá aprovechar la infraestructura el agua de los embalses para producir más electricidad sin construir nuevas presas sin causar afectaciones»—AMLO

Sin embargo, las sequías en México están poniendo en riesgo este plan de reactivar la producción hidroeléctrica, de acuerdo con un informe de la agencia de calificación Moody’s. Esto podría ocasionar que el gobierno de AMLO incumpla el objetivo de generar por lo menos 35% de la electricidad con fuentes no contaminantes. Asimismo, al no cumplir este objetivo, se tendría que recurrir al uso de energía proveniente de hidrocarburos como el diesel o el petróleo, más cara y contaminante.

En mayo, se alcanzó un pico de sequías, con 85% del país experimentando escasez de agua que va de un rango anormal a severo. De las 210 principales reservas, el agua promedio cayó a caso 40% de su capacidad, informó Moody’s. En lo que va del sexenio se han cancelado subastas de energía eléctrica con fuentes renovables del sector privado. AMLO incluso se ha mostrado en contra de la instalación de parques eólicos, que reducirían la emisión de contaminantes, ya que «dañan el paisaje» en algunas zonas del país.

Durante su gobierno aumentó la inversión pública

«Estamos construyendo carreteras, presas, hospitales, universidades, escuelas, acueductos, sistemas de drenaje, plantas de tratamiento de aguas residuales, puentes, refinerías, vías férreas, centrales eléctricas, aeropuertos, cuarteles, bibliotecas, parques, mercados, estadios, unidades deportivas, y otras obras. Repito. Sin asociaciones público-privadas, sin Pidiregas y sin deuda, con presupuesto público»—AMLO

Pero la inversión pública ha disminuido durante la administración de AMLO. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la formación bruta de capital fijo, en su componente público, se ubicó en cerca de 419,000 millones de pesos en el primer trimestre de 2021. Esto representa una caída de 25% con respecto a los cerca de 561,000 millones observados durante el mismo lapso de 2018, al inicio de este sexenio.

Y según los datos de la propia Secretaría de Hacienda, la inversión física presupuestaria que se utiliza para la construcción de infraestructura como escuelas, hospitales, carreteras, etc., disminuyó 4% durante los primeros siete meses de este año, con respecto al mismo periodo de 2020.

En este periodo, disminuyó 55% la inversión en salud; –30% en el sector eléctrico; –24% en educación; –19% en comunicaciones y transportes; –3% en abastecimiento, agua potable y alcantarillado. Solamente en el sector hidrocarburos se observó un aumentó de 12% anual entre enero y julio de 2020, según datos de Hacienda.

Se detuvo el aumento de la deuda pública, no se ha devaluado el peso y se ha recuperado el poder adquisitivo

«No hemos contratado deuda pública adicional. El peso no se ha devaluado durante los dos años y nueve meses del sexenio. Como no había sucedido en tres décadas. Y el salario mínimo había ocurrido en más de 30 años. Cuando llegamos al gobierno un salario mínimo alcanzaba para comprar 5.8 de tortilla, y ahora, a pesar de la inflación, permite alcanzar 7.7, es decir, casi dos kilos más. No hemos aumentado los precios de la gasolina, el diésel y la electricidad»—AMLO

A través de un recorte al gasto público y evitar el otorgamiento de un paquete de rescate a las empresas del país, México evitó que se disparara la deuda pública por razón del gasto público. La deuda pública que se mide a través del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFP) —el indicador más amplio de la deuda pública— aumentó a 52% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). Esto representó un aumento considerable con respecto al 45% que se reportó antes de la pandemia en 2019. Pero Hacienda espera que esta razón de deuda disminuya a 51% en 2021.

En cuanto al poder adquisitivo, el aumento en el salario mínimo aumentó la capacidad de compra de los trabajadores. Sin embargo, algunos economistas advierten que este incremento se está disipando por el efecto de la inflación. El empujón que recibieron los sueldos y salarios de los trabajadores se está desacelerando por el aumento a los precios del consumidor.

En este contexto, el gobierno federal ha implementado políticas para evitar cambios abruptos en algunos precios, como es el caso de los combustibles y el gas doméstico LP. Durante el primer trimestre del año Hacienda activó los estímulos fiscales a la gasolina para evitar un aumento abrupto. En tanto que el mandatario anunció la creación de la empresa Gas Bienestar para ofrecer en el mercado este energético a un precio más económico.

Sin embargo, el subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, indicó que existe una amplia historia de fracaso en este tipo de programas para controlar el precio de los energéticos. Se puede ocasionar escasez del producto y otras distorsiones económicas en el mercado.

México vive un entorno de «paz social» y «gobernabilidad»

«Hay paz social y gobernabilidad en el país (…) Se toman decisiones que permiten enfrentar los distintos delitos y garantizar la paz. Fruto de este trabajo perseverante y conjunto, son los siguientes resultados. En el tiempo que llevamos del gobierno, se redujo el robo de combustibles, el llamado ‘huachicol’ en 95%; los homicidios en 0.5%; el robo de vehículos en 28%; el secuestro en 18% y así en casi todos los delitos del fuero común y federal»—AMLO

De acuerdo con datos preliminares de Inegi, la pandemia no redujo significativamente la cantidad de homicidios en México. Si bien el instituto registró 36,578 homicidios durante 2020, es una cifra marginalmente inferior a los 36,661 reportados en 2019.

Al tomar en cuenta la tasa de homicidios, que se utiliza para descontar el efecto por el aumento en la población, se mantuvo por segundo año consecutivo en 29 por cada 100,000 habitantes. Este es el segundo año consecutivo en ese nivel, su máximo histórico, por lo que es incierto si este es el fin de esta tendencia.

Pemex asegura que el delito de robo de combustible conocido como ‘huachicol’ ha sido casi eliminado, con una reducción de más del 95% durante el sexenio. Pero su director general, Octavio Ramírez Oropeza, ha señalado al Congreso que todavía representa una pérdida para Pemex en el orden de los 2,000 millones de pesos. Además, algunos delitos que mencionó el presidente, disminuyeron durante la pandemia, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Pero por lo menos la mitad de los especialistas del sector privado encuestados por Banco de México (Banxico) señalan que los problemas de gobernanza son el primer factor que impide un mayor crecimiento económico. De estos, un 15% señala a la incertidumbre política como el principal problema, mientras que otro 15% apunta a la inseguridad como el mayor obstáculo a vencer.

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