• El órgano antimonopolios mexicano informó de ese posible comportamiento anticompetitivo.
  • Con esta notificación inicia el procedimiento un juicio para que las empresas realicen su defensa.
  • Los productores involucrados producen pañales para bebé, artículos de higiene femenina, para incontinencia, entre otros.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emplazó a diversas empresas y personas físicas al encontrar evidencia de una probable colusión en el mercado de productos para la higiene manufacturados con celulosa. En esta industria se producen bienes de uso cotidiano como pañales para bebé, protección sanitaria femenina y productos para la incontinencia, entre otros relacionados.

De acuerdo con la ley federal de competencia económica (LFCE), las colusiones están definidas como prácticas monopólicas absolutas. Son acuerdos entre competidores que, en lugar de competir por la preferencia de los consumidores:

  • Pactan para manipular precios
  • Restringir o limitar la oferta o la demanda
  • Se dividen los mercados
  • Concertan posturas en licitaciones
  • Además, intercambian información con alguno de los objetos o efectos anteriores

La colusión de fabricantes de pañales puede dañar a las familias mexicanas, alerta Cofece

Este procedimiento, tramitado bajo el expediente I0-004-2017, resulta relevante por los efectos que una colusión en el mercado investigado pudiera tener en el bolsillo de las familias mexicanas. Por ejemplo, esas prácticas monopólicas pueden derivar en  incremento de precios o restricción de la oferta de estos productos.

A partir de este momento, quienes son señalados por su probable responsabilidad en las conductas monopólicas referidas podrán ofrecer pruebas para su defensa. 

Una vez realizadas estas manifestaciones, desahogadas las pruebas y presentados los alegatos correspondientes, el Pleno de la Cofece resolverá conforme a derecho, informó el órgano en un comunicado.

De conformidad con la LFCE, y si se comprueba la realización de la conducta ilícita, los agentes económicos podrían ser sancionados con multas. También podrían enfrentar procedimientos penales cuyas sanciones van de cinco a 10 años de prisión.

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