- Los diputados de Morena y sus aliados aprobaron la reforma de hidrocarburos de AMLO.
- Esta legislación que pasó al Senado incluye requisitos de almacenamiento para obtener permisos.
- También contempla suspensiones, así como la revocación por participar en contrabando.
Morena, el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido del Trabajo (PT) aprobaron con 271 votos a favor la reforma a la Ley de Hidrocarburos, por lo que fue turnada al Senado. Los 134 votos en contra del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) no fueron suficientes para bloquear esta legislación.
Algunos expertos afirman que esta reforma pone obstáculos al sector privado en el mercado de combustibles. Pero las voces a favor aseguran que ayudará a garantizar el abasto, además de castigar el contrabando.
Aquí presentamos los cambios que aprobaron los diputados a la Ley de Hidrocarburos y que todavía serán discutidos en el Senado, de acuerdo con información enviada a legisladores y consultas a la ley vigente.
La reforma se enfoca principalmente en requisitos de almacenamiento, así como en la suspensión de permisos que se enfrentarán los participantes en el mercado en caso de incurrir en ilícitos.
Nuevos participantes tendrán que comprobar capacidad de almacenamiento
Además de comprobar que se cuenta con un diseño de instalaciones o equipos para el manejo de combustible, así como condiciones adecuadas para garantizar el servicio, los diputados agregaron al artículo 51 que los participantes tendrán que comprobar capacidad de almacenamiento previa para solicitar un permiso.
En una mesa de diálogo sobre el tema, Rosanety Barrios, analista independiente del sector energético, advirtió que esto inhibirá la entrada de nuevos inversionistas. La especialista indicó que ninguna empresa «en su sano juicio» invertirá primero en infraestructura sin contar con la certidumbre de poder operar.
Morena argumentó que esta medida garantizaría que las empresas cuentan con infraestructura para almacenar reservas y no suspender su servicio en caso de escasez, según una nota informativa enviada a los legisladores. Acusan que existen permisionarios que no cumplen con este requisito y se benefician del sector sin invertir lo suficiente.
Si las autoridades tardan en dar un permiso, la respuesta se entenderá como negativa
Si las autoridades como la Secretaría de Energía (Sener) o la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tardan más del plazo establecido de 90 días para la resolución de un permiso, se entenderá que fue negativa. Esto según los cambios al artículo 53.
En la legislación vigente se favorece al solicitante ya que si las autoridades demoran su respuesta, se toma como respuesta favorable. Esto fue establecido para dar celeridad y certeza al sector privado. De ponerse en marcha esta legislación, una empresa podría enfrentar una negativa si las autoridades no cumplen con sus plazos.
Sin embargo, Morena argumentó que otorgar una autorización solo por el transcurso del tiempo atenta contra la seguridad nacional, de acuerdo con una nota informativa para sus legisladores. Esto debido a que no se dictamina cabalmente que se cumplan con todos los requisitos para operar.
La reforma de hidrocarburos incluye revocar permisos por contrabando de combustible
La reforma añade al articulo 56 que si una autoridad encuentra culpable a una compañía por el delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y/o petroquímicos le será revocado su permiso. A este punto también se adiciona que les serán revocados sus permisos empresas que reincidan en huachicoleo y contrabando.
Morena argumentó que el contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos ha dañado durante años los ingresos públicos. Además, aseguran que existen empresas que han continuado operando a pesar de haber reincidido en este tipo de delitos.
La autoridad podrá suspender permisos para garantizar intereses de la nación
La Ley de Hidrocarburos que está en vigencia contempla en su artículo 57 que las autoridades en materia energética puedan ocupar temporalmente o intervenir para garantizar la seguridad nacional. Esto siempre y cuando se salvaguarden los intereses de terceros.
En el caso de una suspensión, la duración será determinada por las autoridades energéticas. En caso de que el permisionario no pueda comprobar que eliminó las causas de la suspensión, la autoridad revocará el permiso.
La reforma también añade la capacidad de suspender permisos. Además, en caso de que el Estado tenga que tomar el control de un negocio, solo podrá contratar a empresas productivas del Estado —como Pemex— para el manejo de las instalaciones ocupadas, intervenidas o suspendidas. Esta iniciativa elimina la posibilidad de que terceros con capacidad técnica realicen estas funciones.
Para expertos como Gonzalo Monroy, director general de la empresa consultora GMEC, existe un alto grado de incertidumbre jurídica al respecto. La autoridad tendría la capacidad de suspender un permiso y que Pemex adquiera el control de cierta infraestructura. Pero no es clara la figura jurídica si se trata de una expropiación o una requisición por parte del Estado.
Además, existe el riesgo de que el costo de operación de estos negocios recaiga sobre una empresa como Pemex, una de las petroleras más endeudadas del mundo.
TAMBIÉN LEE: La debilidad del consumo apunta a una recuperación en «W» —un doble golpe para el sector retail
