Se viene una discusión interesante en la Cámara de Diputados sobre el outsourcing. Una de las iniciativas que se discutirán para regular la subcontratación es del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hay otras seis; y —todas— enfocadas a ‘meter tijera’ a un esquema que de enero a agosto de este año generó 2,000 millones de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por empleados que laboran bajo esta figura, a través de las empresas afiliadas a la Asociación de Empresas de Capital Humano (Amech).
Justo ayer y hoy, martes, se realiza el Parlamento Abierto de subcontratación, coordinado por la Cámara de Diputados, que puedo resumir como un espacio para romper mitos. El primero, no es novedad, porque el gobierno federal también utiliza este modelo: hay empresas — conocidas como factureras— que desde hace años simulan al subcontratar, evadiendo el pago de impuestos y quedándose con el IVA, entre otras prácticas más que creativas.
Pero hay firmas que, subcontratando de manera legal, generan más de 900,000 millones de pesos al Infonavit. En México representa un mercado de 4.6 millones de personas, con un crecimiento de 30% en los últimos tres años, 170,000 empleados tercerizados al mes.
Parece, sin embargo, que el ejecutivo prefiere que le recuerden continuamente en qué situación están las cosas. Tan es así, que otro mito es que este esquema no está regulado. La subcontratación figura en la Ley Federal del Trabajo, y desde 2019, año en que se realizó la Reforma Laboral, están prohibidas la simulación y el subregistro.
Por cierto, si se piensa que la única manera de simular es declarar un salario diferente del empleo —otro mito— vale recordar que hay otras figuras de elusión, como son las cooperativas, algunas formas de empresas que se dan de alta como sindicatos, y asimilados a salarios, cuenta Mónica Flores, presidente de Latinoamérica en ManpowerGroup, quien participó en el Parlamento Abierto.
Faltan vigilantes de la ley
La solución no es eliminar el outsourcing. Se necesita supervisar, vigilar y sancionar a las factureras que hagan simulación. Ese fue el resumen del primer día de actividades en el Parlamento.
Escuchar a los diversos participantes, entre asociaciones, representantes de cámaras empresariales y de recursos humanos, me conduce a lo que ya no es novedad en el país: el fraude en subcontratación existe porque en México no se hacen valer las leyes. Faltan facultades para sancionar y el resumen de esto es impunidad. ¿ A cuántos empresas conoce usted, lector, que hayan multado por la informalidad al contratar?
Tampoco hay que pasar por inadvertido la incongruencia en la redacción de la iniciativa que se discute en el Parlamento. La iniciativa señala la prohibición de poner a disposición de otra empresa a ciertos grupos de personas; bueno, pues resulta que la economía en México (y a nivel global) funciona así. Todo el tiempo hay contratación de servicios especializados, y no especializados, con este esquema.
Quien redactó el documento tampoco tiene en mente la dificultad en que metería a las empresas con el manejo de los registros patronales, al limitar el uso a un solo registro patronal de la empresa. Eso haría que perdiera el país flexibilidad para crear más empleos.
Propuestas claras
Si se trata de castigar, ese es el enfoque, pero lo que la iniciativa del Ejecutivo tiene es que resulta ambigua.
¿Por qué dar pie a la mala interpretación? Sí se puede redactar de manera clara la diferencia entre una empresa que cumple la ley y la que evade. Como se dice repetidamente: separar el outsourcing bueno de las malas prácticas, petición hecha por el sector empresarial, y sancionar cuando así corresponda.
Hay que proteger los derechos de los empleados, sin duda. Pero si esto es el enfoque, entonces el absolutismo no tiene lugar, ni la auto-asignación de ‘yo digo que paguen justos por pecadores’. Hay que considerar todo el just in time que trae México, debiendo generar más empleos en todos los sectores, pero sobre todo, en los altamente perjudicados por la pandemia, como las industrias aeronáutica y de exportación, que en su contratación emplea esquemas de outsourcing.
Vale destacar, para cerrar, los puntos expuestos por representantes de Canacintra sobre asignaciones pendientes en esta iniciativa de outsourcing:
* Sobre el reparto de utilidades, la propuesta es que en el régimen de contratación no se facture el IVA, de esa manera las factureras no se benefician de este elemento.
* Que el reparto de utilidades cambie por un bono de productividad y de esa forma no habrá un impuesto que la empresa sienta abusivo y le quiera dar la vuelta para no pagarlo.
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