• Aunque se mejoran las condiciones de los trabajadores que dependen de una Afore para jubilarse, la nueva reforma no discute que va a pasar con el creciente gasto de la generación que recibirá una pensión definida bajo la ley anterior a 1997.
  • Especialistas piden que se discuta una ley integral que regule a todos los esquemas de pensiones, especialmente a los que otorgan una pensión más onerosa como Pemex o CFE.
  • La nueva reforma a pensiones sube la contribución patronal a 15%, un encarecimiento del puesto trabajo formal. Se cree que puedan aumentar prácticas por parte de los patrones para simular salarios más bajos a trabajadores.

La reforma en materia de pensiones que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) esta semana, busca aumentar el número de pensionados al reducir las semanas necesarias para jubilarse, así como incrementar el monto de la pensión mínima garantizada. Todo, con el fin de mejorar la situación de millones de trabajadores que dependen de su cuenta de Afore para su retiro. 

Pero uno de los problemas de esta reforma es su alcance, debido a que se enfoca en la generación Afore, es decir, las personas que cotizaron después de la ley aprobada en 1997 y que estableció las cuentas individuales. 

Sin embargo, las personas que cotizaron antes de 1997 están dentro de un esquema de beneficio definido que garantiza una pensión otorgada por el gobierno federal o alguna otra entidad como Pemex o la CFE, explicó en entrevista telefónica, Alejandra Macías, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Esta generación recibirá una pensión garantizada que se calcula con el promedio de su salario y semanas trabajadas; y el gobierno o la entidad se compromete a su pago hasta la muerte del trabajador y de sus beneficiarios.  

La complejidad del problema radica que dentro del esquema de beneficio definido existe una gran desigualdad que depende de quien patrocina la pensión de los trabajadores.

Existen esquemas que son pagados por Pemex o CFE, cuyos beneficios son sumamente más altos que los de trabajadores que cotizaron en el IMSS o ISSSTE. 

También existe la pensión no contributiva como la que se entrega a todos los adultos mayores. 

La carga de pensiones se pasa a la siguiente generación

“Estamos hablando de que en 2020, se gastará el equivalente a 4.2% del PIB en pensiones”, explicó Macías, experta en economía plateada, es decir, el estudio de la población por encima de los 50 años de edad. 

El CIEP pronosticó que el gobierno mexicano gastará de su presupuesto hasta 6% del PIB en su sistema de pensiones para el año 2034, lo que limitará la inversión para las siguientes generaciones. 

“Para dimensionarlo, antes de la crisis de Covid-19, recaudamos de IVA el 4.2% del PIB”, explicó. 

La especialista refirió que de este 4.2% del PIB que se gasta en pensiones, 85% se va a los esquemas de beneficio definido, y no existe un ingreso que haga sostenible este costo para el erario.

El CIEP indicó que es necesario tomar medidas como topar las pensiones de los esquemas más onerosos, y establecer un marco que regule a todos los entes gubernamentales bajo una misma legislación.

Sin embargo, es un costo político o legal que hasta el momento ninguna administración federal se ha querido echar encima, indicó la especialista.  

Impuesto al trabajo formal 

Otra de las desventajas de la reforma en materia de pensiones de AMLO es que al subir la contribución patronal al 15% encarecerá la creación de empleos formales o incrementen prácticas para evadir el pago de cuotas de seguridad social por parte de las empresas. 

“Cómo registrar a trabajadores con los sueldos más bajos y les pagan por fuera, tal vez, otra parte”, indicó Macías.

“También existe el riesgo de que se reduzcan los salarios, y al pagar un monto más bajo, las empresas paguen un impuesto más bajo, porque finalmente este aumento (a las contribuciones patronales) es un impuesto al empleo formal”, explicó. 

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