Los legisladores aprobaron una nueva ley que reclasifica los contenidos de los videojuegos, de acuerdo a la edad de las personas, luego de más de un año de pandemia y encierro por el Covid-19.
El 27 de mayo entraron en vigor estos Lineamientos Generales del Sistema Mexicano de Equivalencias de Clasificación de Contenidos de Videojuegos.
Las autoridades decidieron sustituir la vieja clasificación estadounidense para crear una mexicana que se apegue a las necesidades de los niños y adolescentes del país y atienda sus diferencias culturales, educativas, y sociales.
Los videojuegos deberán tener un etiquetado frontal con la clasificación
Ahora todos los videojuegos deben tener un etiquetado frontal en el producto y mostrar la clasificación, los descriptores de contenido, así como los elementos interactivos.
La clasificación quedó de la siguiente forma: Clasificación «A»: Contenido para todo público, Clasificación «B”: Contenido para adolescentes a partir de 12 años, Clasificación «B15»: Contenido para mayores de 15 años, Clasificación «C»:Contenido no apto para personas menores de 18 años, y Clasificación «D»:Contenido extremo y adulto.
La ejecución de estos lineamientos buscan prevenir la vulnerabilidad a los derechos humanos que ciertos videojuegos pueden ocasionar al premiar la violencia, las persecuciones o actividades extremas que demuestran una crudeza visual.
Muchos de estos juegos, muestran que los jugadores atentan contra su propia seguridad o la de otra persona al tirarse de aviones, torturar al enemigo o utilizar bombas para destruir a sus opositores.
¿Quiénes son los responsables de hacer cumplir esta legislación sobre videojuegos?
Los lineamientos buscan generarle al Estado una responsabilidad al igual que a los padres o tutores acerca del contenido que los niños consumen, con el fin de promover un ambiente seguro para su desarrollo integral.
A pesar de que los padres y tutores, no son sujetos obligados de manera directa, ya que no existe una sanción para ellos; el propósito de la nueva clasificación es crear conciencia para promover un ambiente familiar sano y libre de violencia.
En otras palabras, se busca que los padres piensen dos veces antes de comprar un videojuego no apto para su hijo.
La Secretaría de Gobernación junto con la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía son los encargados de verificar su cumplimiento e imponer las sanciones pecuniarias a todo distribuidor o comercializador que no cumpla con ellos. En su caso las sanciones pueden ascender a más de 2 millones de pesos.
¿Por qué es importante la nueva clasificación?
La nueva regulación se vuelve relevante, toda vez que la industria del entretenimiento digital creció 4.4% durante 2020, frente al año previo, y el número de personas que utilizan diversos dispositivos alcanzó los 72.3 millones de personas, según datos de IDC.
Específicamente en el área de videojuegos, diversos expertos han cuestionado si estos ejercen una influencia negativa sobre los infantes y adolescentes debido a la violencia, actividades extremas y realidades alternas que muestran, puesto que los jugadores se vuelven más propensos a copiar el comportamiento visto en ellos.
Aún así, otros especialistas reconocen que los videojuegos pueden llegar a mejorar las habilidades cognitivas, la capacidad de lógica y la creatividad en un niño en desarrollo.
El debate de los videojuegos siempre será uno que cause controversia. La nueva regulación no busca prohibirlos, más bien busca informar a los usuarios antes de utilizarlos.
Tal y como la venta de cigarros, alcohol, las entradas al cine de una película clasificación R, los videojuegos establecerán al tipo de audiencia al que va dirigido.
Los lineamientos no buscan ser una solución que proteja a los niños de ambientes violentos, pero le dan una responsabilidad adicional a las empresas comercializadoras, al Estado y a los padres para asegurar su desarrollo integral.
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